Plata para divulgar medidas contra el coronavirus sí, para promover políticos no

Los entes señalaron que los recursos que se destinen en la divulgación de estrategias de comunicación para contener los efectos del COVID -19 deben estar en línea con los principios de selección objetiva, economía, publicidad y planeación. / Archivo El Espectador - Referencia

En medio de las investigaciones que adelanta tanto la Procuraduría como la Contraloría por malos manejos de los recursos destinados para la atención de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus, este lunes ambos organismos aclararon que, si bien está prohibido usar plata para promocionar partidos o políticos, esto no puede ser interpretado como un veto para que sí se divulguen en la prensa regional medidas para combatir el virus.

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Según los entes de control, las actuaciones desplegadas desde lo fiscal y disciplinario buscan garantizar que las estrategias de comunicación, prensa y divulgación de programas para combatir la pandemia “respondan a decisiones necesarias y planificadas”.

Caso contrario, advirtieron la Procuraduría y la Contraloría, cuando esas herramientas son empleadas para disfrazar la promoción de partidos políticos, o la gestión de los servidores públicos que están cumpliendo con las obligaciones derivadas de su cargo.

“La contratación de estrategias para prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia debe contemplar la capacidad de acceso a la información de población urbana y rural y la importancia de difundir medidas sanitarias individuales y colectivas, para contener el avance del virus”, explicaron ambos organismos.

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En todo caso, los órganos de control señalaron que las contrataciones y el uso de recursos públicos para divulgar estrategias de comunicación deben cumplir con los principios de selección objetiva, economía, publicidad y planeación.

“Los entes de control son guardianes y promotores del derecho al trabajo y defensores de la libertad de expresión y de informar y ofrecer a los ciudadanos una información veraz e imparcial”, precisaron.

La Procuraduría, a nivel disciplinario, investiga irregularidades en casi 200 procesos en 19 gobernaciones y 117 alcaldías. La Contraloría, a su turno, vigila ambigüedades e inconsistencias en el manejo de recursos en 26 departamentos y 67 municipios.