El presidente electo Abelardo de la Espriella dio los primeros detalles de su política de sometimiento a grupos armados y estructuras de crimen organizado, tras el ultimátum planteado a estas organizaciones criminales. Los ministros del Interior y Defensa delegados inician los trámites para construir esta nueva política.
En su segunda intervención a través de sus redes sociales, De la Espriella informó que asignará un equipo especial para desmontar la paz total y revocar desde el 7 de agosto los acuerdos con los grupos armados.
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“A los violentos les hago un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia. Con los beneficios que la ley actual contempla. A partir del 7 de agosto firmaré los decretos para que la fiscal reactive las órdenes de captura y las fuerzas armadas las hagan cumplir”, señaló el mandatario entrante.
Y anunció que recibió una solicitud de sometimiento a la justicia por parte de Digno José Palomino y Aldair Montenegro, señalados como cabecillas de la organización criminal ‘Los Pepes’, una estructura delincuencial que delinque en la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico.
Según indicó De la Espriella, esta decisión se produce tras el ultimátum anunciado por el nuevo Gobierno frente a las organizaciones criminales. También dio instrucciones a Jorge Mora, el ministro de Defensa designado, para coordinar la entrega y sometimiento de estos actores armados.
Entre sus pasos para construir una política de sometimiento está el solicitar a la Fiscal General de la Nación designar un fiscal y un grupo de Policía Judicial que adelanten las actuaciones necesarias para hacer efectiva su rendición ante la justicia. También mencionó que entre los primeros decretos que firmará será para que la fiscal Luz Adriana Camargo reactive las órdenes de captura vigentes y que las Fuerzas Armadas las hagan efectivas.
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“A los violentos les envío un único mensaje, un ultimátum: sometimiento a la justicia a cambio de los beneficios que la ley concede. No habrá impunidad. No habrá territorios entregados. La Patria Milagro se recuperará entera”, afirmó.
A su vez, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, va por la misma línea. El nuevo jefe de cartera señaló que se pondrá fin a las mesas de diálogo vigentes y se exigirá el sometimiento a la justicia de todas las organizaciones criminales, a las cuales calificó como delincuencia común dedicada al narcotráfico.
Días antes, el Clan del Golfo respondió al ultimátum que lanzó el presidente electo, cuando aseguró que tiene un plazo de un mes para “organizar su sometimiento al Estado de derecho” y que “no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptable”.
En una carta de cuatro puntos dirigida al nuevo mandatario este 29 de junio, la organización armada afirmó que el debate no es si se someterá o no, pues eso será “inevitable”, sino bajo qué condiciones jurídicas y de seguridad se llevaría a cabo ese proceso.
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