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Una serie de nombramientos en el servicio exterior y en entidades nacionales sacuden el último mes del presidente Gustavo Petro en el poder. Desde la Cancillería y el Ministerio de Justicia se han movido varios nombramientos, todos en provisionalidad, que han prendido alertas por ocurrir en el cierre del “Gobierno del cambio” y ante el inevitable remezón que comenzará el 7 de agosto, con la llegada de una nueva administración.
No es la primera vez que al servicio exterior lo tocan designaciones en provisionalidad de figuras conocidas por el gobierno. Esta vez, los protagonistas son dos decretos que nombran a personas que no son de la carrera diplomática en los cargos de primer secretario. Se trata de Elvira de las Mercedes Salazar, exsecretaria general de la Cancillería, y Wilmar Díaz Zapata, contratado el pasado diciembre como asesor de Minexteriores, quienes llegarán a los consulados de Nueva Lonja (Ecuador) y Barquisimeto (Venezuela) en estos días.
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Tanto a esos nombramientos, como lo que se alistan para los próximos días, les corresponden ciertos “gastos” que asume, en su totalidad, el Estado colombiano. En los mismos decretos se lee que las erogaciones “por concepto de suministro de pasajes, reconocimiento de viáticos y transporte de menaje doméstico para desplazamiento al exterior, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de su Fondo Rotatorio”. Incluso, el retorno de esos mismos funcionarios tendrá que salir de las arcas, como ha ocurrido en todos los gobiernos anteriores.
Precisamente, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, le pidió a la canciller Rosa Villavicencio suspender este tipo de nombramientos. Según dijo, “los últimos días de un gobierno no pueden convertirse en una carrera contrarreloj para repartir cargos ni para dejar amarradas decisiones que corresponden exclusivamente al gobierno de los colombianos, que ellos eligieron”.
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“El gobierno saliente pretende dejar amarrado el Estado y eso no puede ser aceptado. La carrera diplomática no puede convertirse en un refugio de salida ni en un premio de consolación para un gobierno que termina. El servicio exterior le pertenece a Colombia y debe ser respetado”, enfatizó Restrepo.
En todo caso, esta no es la primera vez que ocurre. En todos los gobiernos anteriores, el servicio diplomático estuvo permeado por nombramientos de corte político. Como lo contó en su momento El Espectador, entre el 7 de agosto de 2018 y esa misma fecha en 2022, cuando Iván Duque fungió como jefe de Estado, se emitieron 76 decretos con nombramientos de embajadores que no eran de la carrera diplomática. Eso incluyó, por ejemplo, a figuras como Juan Carlos Pinzón y el exvicepresidente Francisco Santos Calderón como cabezas de la delegación en Washington.
Además, según reveló Caracol Radio, se está a la espera de otros nombramientos en estos días antes del 7 de agosto, entre los que están nombres conocidos en la Cancillería. Allí estarían John Jairo Camargo, exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y director de Asuntos Jurídicos de la cartera de Exteriores y José Ros, jefe de gabinete de la canciller.
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Ahora, estos nombramientos en provisionalidad tocan, incluso, a otras dependencias, como las notarías. Con fecha del 26 de junio también se emitieron dos decretos con nuevos notarios, que incluyen a Jaime Gómez Camacho, excandidato a la Cámara de Representantes quien apoyó al hoy presidente Gustavo Petro en campaña, como notario segundo del Círculo Notarial de Fusagasugá, Cundinamarca.
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