El gobierno de Gustavo Petro, a través de las resolución 298 y 297 de 2026, decidió retirar a un grupo de voceros de las disidencias de alias “Calarcá” (Estado Mayor de Bloques y Frente) que adelantaban el diálogo de paz con la actual administración para lograr los acuerdos con los que dejarían las armas.
El Espectador pudo conocer que, a través de este documento, se dio la orden de “revocar los reconocimientos como miembros representantes de Jonathan Jair Narváez Quintero, Alexander Farfán Suarez, Jaime Muñoz Dorado, Yenimahr Nasare García, Ramiro Pinzón Novoa, Ciro Alfonso Romero Ospina, Guido Mauricio Ortiz Murillo y Andrés Orlando Ayala Garzón”.
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En ese sentido, al revocar estos reconocimientos se reactivan las órdenes de captura que permanecían suspendidas en medio del proceso de paz. “Por intermedio de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, comunicar la presente Resolución a la autoridad correspondiente para lo de su competencia, en el marco de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por la Ley 2272 de 2022, y el Decreto No. 1081 de 2015, para el levantamiento de la suspensión de las órdenes a que haya lugar”, se lee en el documento.
Respecto a Jonathan Jair Narváez Quintero, Alexander Farfán Suarez y Jaime Muñoz Dorado, Ramiro Pinzón Novoa, Ciro Alfonso Romero Ospina y Guido Mauricio Ortiz Murillo la resolución indica que “actualmente no se constata una voluntad de continuar apoyando el proceso de paz, por lo que se hace necesario revocar sus designaciones”.
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En cuanto a Yenimahr Nasare García y Andrés Orlando Ayala Garzón, aseguran que, “pese a que participaron en actividades de la Mesa de Diálogos de Paz, se hace necesario revocar sus designaciones, toda vez que se presume estas personas se encuentran fallecidas”.
Esta negociación se dio a través de la cuestionada política de paz total del gobierno Petro, en la que -en el papel- se encuentran activas siete de diez mesas de diálogo con diferentes grupos al margen de la ley.
De todas las mesas de diálogo que impulsó la política de paz de Petro, únicamente la de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano permanece activa y muestra resultados concretos.
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En contraste, el proceso que estaba llamado a convertirse en el principal emblema de esa estrategia, la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), terminó estancándose entre periodos de inactividad y nuevos episodios de violencia que llevaron a su suspensión.
Luego de varios ataques contra la población civil y la fuerza pública, sumados a las diferencias generadas por una negociación paralela con otros frentes de esa guerrilla, agrupados bajo el nombre “Comuneros del Sur”, el Gobierno y el grupo armado no lograron alcanzar un acuerdo, por lo que la mesa de diálogos se rompió en septiembre de 2024.
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El proceso con el Estado Mayor de Bloques y Frente permanece activo, aunque últimamente no han mostrado avances concretos. Entre los voceros retirados de esta mesa de diálogo se encuentra Alexander Farfán, quien según el mismo documento, “habría hecho parte de las antiguas FARC-EP, en donde habría cumplido un rol entorno a los secuestros realizados por este grupo armado organizado al margen de la ley. Por el cual, habría sido capturado posterior a la liberación de Ingrid Betancourt en el año 2008″.
En este contexto el presidente electo manifestó que, al asumir el poder, el enfoque se volcará por completo hacia la seguridad y todas las oficinas de paz se eliminarán o se trasladarán hacia el sector Defensa.
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Es en ese panorama que Abelardo de la Espriella asumirá el mando de país, que está inmerso en una compleja crisis de seguridad, en la que las comunidades, las víctimas del conflicto armado y la población civil continúan siendo las principales afectadas. Los efectos de la violencia persisten y, durante los últimos cuatro años, el conflicto no mostró la reducción que había prometido el presidente Gustavo Petro.
Vea la resolución completa:
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Por Luna Mejía Farías
