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El presidente Gustavo Petro se refirió a la sanción de su campaña del 2022, sobre la violación de topes y el recibimiento de recursos de origen irregular. El pronunciamiento llegó a través de su cuenta de X, donde el aseguró que nunca recibió financiación proveniente del narcotráfico, y que, tras varios años de investigación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no encontró pruebas que lo vincularan.
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Del mismo modo, el jefe de Estado hizo referencia al conjuez Majer Abushihab, quien respaldó la ponencia sobre la violación de topes: “La doble moral de la oposición controla el Consejo Nacional Electoral. El conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado; pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es el que multa la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada”. El jefe de Estado agregó que rechaza tajantemente la decisión del CNE: “Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos”.
NO HAY UN SOLO PESO DEL NARCOTRAFICO EN MI CAMPAÑA. Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 27, 2025
La doble moral de la oposición.
Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado;… https://t.co/GFVIZbEbVe
De igual modo, el presidente negó que su campaña excediera los topes y señaló que esta sanción vendría coartada por la derecha: “No hay exceso de topes. Los actos después de campañas no son de campaña, los apoyos de los sindicatos a nuestros partidos son iguales jurídicamente que las de las grandes empresas y banqueros a los partidos de la oposición”.
¡Que lindos! nos sanciona a nuestra campaña Fico, Uribe y Néstor Martinez nuestra campaña,a través de su abogado vuelto juez
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 27, 2025
No hay exceso de topes. Los actos después de campañas no son de campaña, los apoyos de los sindicatos a nuestros partidos son iguales jurídicamemte que… https://t.co/kQ7sxtNsYJ
La sanción del CNE se basa en que los topes de campaña sobrepasaron los límites en más de COP 3.000 millones y se dio luego de que la votación terminara con un 6-3. Los votos para respaldar la ponencia, además de los de los ponentes, fueron de Altus Baquero (Partido Liberal), Alfonso Campo (Partido Conservador), Maritza Martínez (Partido de la U), y el conjuez Majer Abushihab, propuesto por Prada. En contra estuvieron Cristian Quiroz (Alianza Verde), Fabiola Márquez (Pacto Histórico) y el conjuez Jorge I. Acuña.
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Esta es una de las investigaciones más relevantes de los últimos años sobre el financiamiento de campañas presidenciales. La revisión del CNE se centró en la primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico durante las elecciones de 2022, y buscaba determinar si se violaron los límites de ingresos y gastos o si se utilizaron fuentes de financiación prohibidas. La investigación se fundamenta en la Resolución 05175 del 8 de octubre de 2024, los descargos de los implicados y el acervo probatorio recaudado durante el proceso.
Puntos claves de la sanción de la campaña Petro
La Sala del CNE decidió investigar la campaña, analizando por separado las dos vueltas presidenciales en las que participó el mandatario en 2022. Uno de los puntos centrales fue la donación de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), que según el CNE, habría destinado COP 500 millones a la campaña presidencial de primera vuelta. La Resolución 05175 de octubre de 2024 señala que el aporte se realizó con el objetivo de “apoyo económico del candidato Gustavo Petro a la presidencia de la República” y que los recursos se habrían usado en capacitación, reclutamiento y control de testigos electorales.
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No obstante, los representantes de la campaña y los partidos aliados han argumentado lo contrario: Ricardo Roa (gerente de campaña) y María Lucy Soto (auditora) indicaron que los recursos fueron girados al movimiento político Colombia Humana y no a la campaña, con el fin de “salvaguardar los votos del Movimiento Político Colombia Humana” y proteger “la integridad del proceso electoral”.
Mientras que la tesorera de la campaña Lucy Aydee Mogollón señaló que su función se limitó a la revisión de soportes contables y que no efectuó transacciones, dejando la gestión de recursos al gerente de campaña.
Por su parte, el Colombia Humana afirmó que la donación se destinó a la colectividad y se utilizó para pagar servicios de la empresa INGENIAL MEDIA S.A.S., cuyo objetivo era “Diseñar una ruta de acciones de inteligencia, auditoría y control a las distintas actividades del proceso electoral” y “controlar e identificar los resultados de la votación”.
Ante este panorama, La Unión Patriótica coincidió en que la donación nunca ingresó a la campaña, recordando el cumplimiento de obligaciones derivadas del Acuerdo de Coalición.
Por su parte, el Ministerio Público señaló que, aunque la propuesta de FECODE era “entregarla a la campaña”, los recursos finalmente se entregaron al Colombia Humana, y destacó inconsistencias en la documentación que respaldaba la donación.
El CNE enfatizó que evaluó la responsabilidad de cada sujeto procesal y la eventual vulneración del régimen de financiación electoral, lo que derivó en la sanción por parte del ente electoral.
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