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En el Congreso fue radicado un proyecto cuyo fin es hacer que los mandatarios locales, alcaldes y gobernadores, puedan ser convocados a rendir control político ante el Legislativo. De esta forma se entraría a solucionar un debate que se hizo más notorio a comienzos de la pandemia.
En mayo del año pasado, congresistas del Centro Democrático intentaron citar a Claudia López para que rindiera control político sobre su gestión en los primeros momentos de la crisis de salud pública. A pesar de la convocatoria, la alcaldesa bogotana dijo no, bajo el argumento de que los temas por los que era citada no eran de la competencia del Congreso.
Para la administración capitalina, los temas por los que era requerida López eran de índole local, por lo que le correspondía realizar este control al Concejo de Bogotá, como terminó ocurriendo. Aunque hubo un gran debate frente a la determinación de la también exsenadora, esta se mantuvo en su posición.
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Sin embargo, de aprobarse el proyecto de ley que se radicó en los últimos días, López y los otros mandatario locales y regionales del país ya no podrían excusarse de esa forma para no asistir a las citaciones de control político del Congreso. Esto debido a que entra a modificar directamente las facultades que establece la Constitución para la convocatoria a control político de alcaldes y gobernadores.
El proyecto de acto legislativo agrega un nuevo apartado que contempla que los mandatarios locales pueden ser citados a control político para responder por “asuntos de trascendencia nacional o por proyectos de inversión que tengan un confinamiento presupuestal mayoritario por parte del gobierno nacional”. Según los legisladores, un asunto de relevancia nacional hace referencia a cualquier hecho que ponga en peligro de forma grave a la salud, el orden público o la seguridad del territorio nacional.
Esto, traducido a la alcaldesa López o a cualquier otro mandatario regional, implicaría que situaciones como la acción de la pandemia sí serían del resorte del Congreso. Asimismo, podrían convocar a los alcaldes y gobernadores para que respondieran por su actuar ante la forma de responder a las protestas, o hechos parecidos.
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Además de agregar este punto a la Constitución, el proyecto contempla que los citados que se nieguen a asistir, sin una excusa aceptada por la mesa directiva, se les compulsara copias ante la Procuraduría para que se adelanten las investigaciones respectivas. Además, se le daría la potestad a la respectiva corporación para que adelante una moción de observación, que implica un seguimiento con mayor rigurosidad a las acciones del funcionario afectado con la medida.
Según los proponentes, una de las intenciones del proyecto es entrar a definir un tema en el que ya se ha pronunciado la Corte Constitucional y que en un principio no contempló la Carta Magna. Esto debido a que en ninguno de sus artículos se habla de que el Congreso puede citar a los mandatarios locales a control político pero el alto tribunal desarrolló el tema para señalar que sí pueden ser citados alcaldes y gobernadores cuando el tema trata sobre temas de índole nacional. En este caso, la iniciativa entraría a dejar consignado este punto en la Constitución y clarificar qué es un tema de relevancia nacional.