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Este miércoles se radicó ante el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El documento fue firmado por Jennifer Pedraza, Katherine Miranda, Catherine Juvinao, Juan Carlos Losada, Lina Garrido y demás miembros de la Cámara de Bogotá.
La solicitud está fundamentada, según los representantes, en hechos relacionados con el cumplimiento de sus funciones como jede de la cartera de Salud, “particularmente en lo concerniente a la dirección, orientación y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la garantía del derecho fundamental a la salud y la adopción de medidas frente a la actual situación del sector”.
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“Consideramos que existen circunstancias graves que comprometen la adecuada conducción del Ministerio y que ameritan el ejercicio del control político por parte de esta Corporación, en los términos previstos por la Constitución y la ley. En consecuencia, solicitamos se sirva disponer el pronto agendamiento del debate de Moción de Censura contra el Ministro de Salud y Protección Social, a fin de que esta Cámara examine su gestión frente a los hechos que a continuación se exponen y determine las responsabilidades políticas a que haya lugar”, se lee en el documento.
Dentro de los hechos puntuales que llevan a tomar esta medida está el aumento sostenido de tutelas por vulneración del derecho fundamental a la salud, deficiencias en la dirección, seguimiento y control del sistema de salud y manifestaciones públicas del Ministro que desconocen la dignidad de las víctimas de fallas en el sistema de salud.
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Este último hace referencia, entre otros, al caso del menor Kevin Acosta, un niño de siete años diagnosticado con una enfermedad rara, hemofilia A severa, que falleció el pasado 13 de febrero tras no recibir a tiempo el medicamento requerido para su tratamiento. Su madre, Katherine Pico, señaló retrasos en la autorización del traslado por parte de Nueva EPS, así como la falta de entrega por parte de esta entidad de Emicizumab, un medicamento vital para tratar su enfermedad. A pesar de que se le debía administrar cada 28 días, Kevin no lo recibía desde el 12 de diciembre.
Al respecto, el ministro Jaramillo dijo, durante un polémico consejo de ministros, que “Kevin llegó a un hospital público en Huila después de un accidente desafortunado porque montó en bicicleta. A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones. Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y por supuesto un tema hemorrágico grave”, afirmó el jefe de cartera.
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Estas declaraciones, junto con las del presidente Petro, quien también reprochó que el niño montara bicicleta causaron revuelo e indignación en la opinión pública y posteriormente la Procuraduría determinó que el niño murió por negligencia de la Nueva EPS, pues Medicarte, la IPS que atendía al menor de edad, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS: “La IPS Integral, que debía recibir los pacientes de Medicarte, no pudo asumir ese compromiso, porque la Nueva EPS tampoco le giraba recursos”.
Además de esta situación el ministro también ha estado en el foco por el debate sobre la caída reforma a la Salud, y tras su archivo manifestó: “La Comisión Séptima del Senado archivó la reforma a la salud con 8 votos, bloqueando los cambios que el país exige y manteniendo un sistema que ha fallado durante décadas. Con esta decisión, se blindó el negocio de la salud y se cerraron las puertas a transformaciones urgentes”.
En esta línea el documento que pide la moción de censura dice: “Los hechos descritos permiten concluir que no se trata de episodios aislados, sino de un problema estructural que afecta la garantía del derecho fundamental a la salud. [...] La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la tutela no puede convertirse en el mecanismo habitual para acceder a servicios que el sistema debe garantizar de manera directa. [...] El Ministro, como cabeza del sector, tiene la obligación constitucional y legal de dirigir, orientar y controlar el sistema para asegurar la protección efectiva de los derechos. La persistencia de fallas estructurales y la insuficiencia de medidas correctivas comprometen su responsabilidad política”.
Lea aquí el documento completo:
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