Este martes se publicó el decreto con el que el gobierno de Abelardo de la Espriella regulará la intervención de la Fuerza Pública en las protestas. La normativa se oficializó en las horas previas a la primera manifestación citada por la oposición en lo que va de esta administración y desde varios sectores políticos han reaccionado al articulado.
"¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz! A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías. A los violentos, todo el peso de la ley, con respeto por el debido proceso. ¡Se acabó la guachafita! ¡La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera!", aseguró el mandatario en sus redes sociales.
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El jefe del Congreso, Honorio Henríquez (Centro Democrático), aseguró que este decreto está entre las "facultades" del jefe de Estado y es "necesario". En esa línea, reiteró su llamado a que "el que vaya a salir a protestar, que lo haga pacíficamente", aunque apuntó que "el que tenga pensado otra cosa, debe preocuparse".
De ese mismo partido, el representante Daniel Briceño aseguró que lo que hace este decreto es "proteger las manifestaciones pacíficas e intervenir el vandalismo y los abusos". Y agregó que es "absolutamente falso" que el Gobierno quiera "acabar con la protesta": "Quienes protestan pacíficamente no deben preocuparse por el decreto, pues las normas aplican es para aquellos que portan armas, que retienen ambulancias, que golpean periodistas o que hacen daños a bienes privados y públicos".
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Su colega, Julio César Triana (Cambio Radical), señaló que este decreto "en ningún momento regula el derecho a la protesta pacífica", sino que establece "un protocolo para el uso de la Fuerza Pública". Bajo su óptica, esta tenía "las manos atadas cuando se advertía la comisión de actos violentos en el marco de las manifestaciones".
La izquierda también reaccionó al decreto. La senadora Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) aseguró que es una medida "inconstitucional" porque modifica un derecho fundamental y "tiene que ser tramitado como un proyecto de ley estatutaria". Agregó que se suma a un ambiente de "autoritarismo y estigmatización del derecho constitucional a la protesta pacífica".
Al igual que Pedraza, los representantes Laura Beltrán y Daniel Monroy (Pacto Histórico) anunciaron que demandarán el decreto y presentarán una acción de tutela para suspender sus efectos provisionalmente. La primera indicó que ponderar el derecho a la protesta con los del trabajo y la salud es "arbitrario y no lo puede hacer el Ejecutivo".
"Solamente una ley estatutaria puede regular los derechos fundamentales de las personas. Y sí, así a muchos no les guste, la protesta es un derecho fundamental, así que no pueden pasar por encima del Congreso y tampoco a la Corte Constitucional", señaló Beltrán.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó el decreto expedido por el Gobierno y solicitó "plenas garantías". El sindicato dejó claro que "los bloqueos e interrupciones de vías son expresiones propias de la protesta social y no constituyen, por sí mismos, actos de violencia".
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"Su ejercicio está protegido por estándares internacionales de Derechos Humanos y reconocidos por la ONU y la CIDH. La CUT denuncia que las disposiciones del decreto, al establecer nuevas causales para disolver manifestaciones y permitir intervenciones policiales sin agotar previamente determinadas etapas de diálogo, abren la puerta a prácticas autoritarias y represivas contra el movimiento sindical, las organizaciones sociales y la clase trabajadora", agregó.
¿Cuáles son los puntos claves del decreto?
En los días previos, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, había explicado parte de los artículos que entrarían a regir con la nueva normativa. Lo que establece son, básicamente, los lineamientos con los que se buscan ajustar los procedimientos en este tipo de escenarios y que incluyen, entre otros puntos, la individualización de manifestantes que promuevan la violencia o el vandalismo, el acompañamiento policial constante de estos actos con presencia de uniformados a cuatro metros de distancia, o el empleo de la fuerza a pesar de mantener los escenarios de diálogo.
“Este dispositivo tendrá como finalidad garantizar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta y proteger tanto a los participantes como a las personas que no forman parte de la manifestación”, se lee en el decreto en el apartado del acompañamiento policial a cuatro metros de distancia.
La Fuerza Pública, de acuerdo con el decreto, podrá actuar cuando identifique el porte o empleo de armas entre las manifestaciones, así como la retención de personas, daños a la infraestructura y ataques contra quienes no estén involucrados en las protestas entre los que entran servidores públicos, personal médico y periodistas.
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