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En la tarde del miércoles 7 de junio, después de las marchas y el discurso del presidente Petro en favor de las llamadas reformas sociales, muchos esperaban que se retomara el segundo debate de la reforma a la salud, en la plenaria de la Cámara. Sin embargo, después de casi cinco horas de sesión, apenas se lograron votar algunos impedimentos y la discusión quedó suspendida para el próximo martes 13 de junio.
Esta escena se ha repetido durante las últimas dos semanas, con la reforma a la salud, con la pensional y la laboral. Impedimentos, recusaciones, constancias, votaciones de otros proyectos y hasta condecoraciones a militares han tenido prelación sobre los proyectos, en muchos casos porque ni siquiera se ha completado el quórum necesario para decidir.
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La semana pasada, la reforma laboral se agendó en dos ocasiones, pero en ambas la sesión se levantó porque los representantes no llegaron a la Comisión Séptima de la Cámara. Además de Cambio Radical y el Centro Democrático, no llegaron los congresistas de los partidos Liberal, Conservador y La U, algunos argumentando que habían sido citados a reuniones de bancada.
Esta semana el proyecto se agendó en el punto seis del orden del día y tampoco alcanzó a ser discutido. Lo mismo viene sucediendo con la reforma pensional, que ayer sufrió por la falta de quórum y hoy sigue enredada por recusaciones contra algunos senadores.
Los congresistas que se han ausentado de los debates de cada reforma argumentan que son varios los puntos que les preocupan y que el Gobierno debe generar mayor consenso sobre el articulado. En el caso de la reforma a la salud reclaman mantener un modelo mixto, frente a la pensional piden moderar el umbral de cotización del pilar contributivo y con la laboral exigen no incrementar de golpe el pago de recargos ni limitar la tercerización.
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Sin embargo, para la bancada de Gobierno, detrás de las reiteradas ausencias hay una estrategia para dilatar los debates. “Se trata de una operación para llegar a un punto en el que no podamos votar o el proyecto se hunda por tiempos”, le dijo a El Espectador el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero.
Según el presidente del Senado, Alexander López Maya, discusiones como las que generan las recusaciones son una “artimaña” de la oposición para impedir el avance de las reformas. El representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, acusó a los congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y algunos verdes y liberales de estar saboteando los proyectos.
De la misma bancada, el representante Gabriel Becerra aseguró que los “congresistas ausentistas” podrían incurrir en prevaricato por omisión, pues según él, así lo establece el Código Penal, que castiga a los servidores públicos que omiten o retrasan sus funciones.
“La oposición puede presentar proposiciones, ajustar sus números en las votaciones y con ello, en los márgenes institucionales del Congreso, intentar imponer sus apuestas, pero se han decantado por la opción que incluso podría resultar delictiva”, dijo Becerra. Para él y otros integrantes del Pacto Histórico, lo que corresponde es que todos los congresistas se presenten a las sesiones y, una vez expongan sus argumentos, voten en contra si así lo quieren.
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Mientras la bancada de Gobierno insiste en hablar de ausentismo como una forma de presión política y de un “plan tortuga” contra las reformas, los partidos independientes dicen que las presiones llegan desde el Gobierno, rechazan las marchas e incluso denuncian “jugaditas” en los debates, como citar los debates a media noche para la mañana siguiente.
El representante Alfredo Ape Cuello, del Partido Conservador, aseguró que la actitud de retirarse de las sesiones no tiene el objetivo de generar una parálisis legislativa, sino que se trata de una forma de protestar ante un proyecto con el que no están de acuerdo. Cuello propuso que esta semana solo se votaran los impedimentos, para “discutir la reforma la otra semana, con tranquilidad”.
Otros fueron más allá y cuestionaron la convocatoria del presidente a movilizaciones para respaldar las reformas. “Pone en riesgo la independencia y la soberanía del Congreso. Siento que esto coacciona la libertad de los congresistas para tomar una decisión objetiva e informada sobre la reforma a la salud”, dijo el representante liberal Álvaro Rueda, quien además anunció que se declaraba impedido para votar.
En medio de este panorama, lo que más preocupa es el tiempo. La reforma laboral y la pensional deben quedar aprobadas al menos en primer debate, pues de lo contrario se hundirán y el Gobierno deberá iniciar el proceso desde cero. A esto se suma que la agenda del Congreso también está apretada por otros proyectos, como el de la regulación del cannabis, al que solo le falta un debate para convertirse en ley, el cual debe llevarse a cabo antes de este 20 de junio.
Así las cosas, al Congreso solo le quedan seis días hábiles de las sesiones ordinarias y un par de semanas más de las sesiones extras para mantener vivas las reformas del gobierno Petro, así como otros proyectos que están haciendo fila hace varias legislaturas.
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