Este miércoles, Miroslav Jenča, el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU), presentó ante el Consejo de Seguridad el informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. En la sesión estuvo presente la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, y representantes de todos los países que integran el órgano, entre ellos, Estados Unidos, Rusia y Francia.
Desde allí, Jenča hizo un llamado a los líderes políticos a actuar “con responsabilidad en este período con el fin de reducir las tensiones tras unas elecciones tan polarizantes”. Además, enfatizó que estos días han sido marcados por “una retórica acalorada y una confrontación política continuadas, que incluso provocaron la suspensión la semana pasada del proceso habitual de empalme para el intercambio de información entre los equipos saliente [de Gustavo Petro] y entrante [de Abelardo de la Espriella]”.
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“Es esencial mantener canales de comunicación respetuosos. El Congreso, que iniciará un nuevo mandato de cuatro años el 20 de julio, puede desempeñar un papel importante a la hora de facilitar el diálogo entre partidos, en el que se puedan reflejar las diferentes opiniones, debatir los temas y resolver los problemas”, agregó.
Sobre el Acuerdo, señaló que persiste la violencia entre grupos armados y organizaciones criminales, especialmente en zonas en las que “la implementación y la presencia de las instituciones estatales han sido insuficientes” y citó al Catatumbo y al Cauca como regiones duramente afectadas. En esa línea, indicó que es de “vital importancia garantizar la seguridad física y las garantías judiciales los antiguos líderes y excombatientes de las Farc-EP que se desarmaron en virtud del Acuerdo”.
“En los últimos días, con vistas al cambio de gobierno, los firmantes de paz y otras partes interesadas afiliadas al Acuerdo de Paz han lanzado llamamientos claros para que, de cara al futuro, los esfuerzos de consolidación de la paz se reorienten hacia una mayor aplicación del Acuerdo de Paz”, indicó, al mismo tiempo que aplaudió los avances de la reforma agraria promovida por este gobierno.
Por su lado, la embajadora Zalabata presentó un reporte sobre la implementación del Acuerdo y también insistió en que “la sostenibilidad de la paz no depende únicamente de la voluntad de un gobierno, sino de la existencia de instituciones, normas y garantías internacionales capaces de proteger los avances alcanzados frente a los cambios políticos”. Sobre eso, solicitó al Consejo de Seguridad seguir protegiendo “la arquitectura de paz” que resultó de lo pactado.
“La violencia contra quienes han apostado por la paz sigue siendo una preocupación profunda. Por ello, garantizar la seguridad de quienes dejaron las armas de las comunidades y de quienes trabajan por la transformación de los territorios continúa siendo una prioridad inaplazable. Estos retos no desvirtúan los avances alcanzados. Por el contrario, reafirman la importancia de preservar el acuerdo final como una política de estado y de mantener los esfuerzos necesarios para complementar su implementación”, reconoció.
Incluso, respondió frente a las críticas sobre la paz total, pues desde los mismos asientos de ese Consejo de Seguridad existe la percepción de que “no ha producido resultados” y ninguna de las siete mesas de negociación activas con grupos criminales rurales y urbanos, tiene realmente movimientos. Por ello, afirmó que los 99 integrantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB) que dejaron las armas hacia la desmovilización son una “muestra concreta y materializada de los logros de la política de paz del gobierno de Gustavo Petro”.
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¿Cuáles fueron las intervenciones de otros Estados?
En las intervenciones del Reino Unido, Letonia, Rusia, Estados Unidos, Bahráin, Panamá, Grecia, China, Francia y Dinamarca, los representantes iniciaron felicitando al país por el reciente resultado de las elecciones. Además, todos aportaron un balance no solamente de lo que fue la implementación del Acuerdo de Paz, también de la política de Paz Total del gobierno saliente.
En el caso de Reino Unido, se puso de plano el deseo de “trabajar estrechamente con el presidente electo [Abelardo] de la Espriella y su equipo cuando asuman su cargo el 7 de agosto”. De igual forma, reafirmaron “su compromiso pleno con el Acuerdo de Paz” y respaldaron los avances en la reforma rural y la reincorporación de excombatientes". Eso sí, también señalaron que los grupos armados “cometen abusos graves de derechos humanos y fomentan la delincuencia”, sumado al crecimiento de asesinatos a excombatientes y líderes sociales.
Rusia fue claro en que “es importante garantizar una transición de poder tranquila y sin obstáculos” entre Petro y De la Espriella, y que el Acuerdo de Paz “definió el rumbo y los valores de todo el proceso de reconciliación nacional”. Subrayó que no se puede avanzar en materia de entrega de tierras y reincorporación si primero no se garantiza la seguridad de las personas que están en esos procesos y que “la mayor amenaza para la seguridad de Colombia ahora mismo” son los grupos armados “al margen del proceso de paz”: “Los intentos del gobierno saliente por sentarlos en la mesa de negociaciones no han, por desgracia, producido resultados”.
“Por desgracia, a lo largo de los años de vigencia del Acuerdo, hemos observado repetidamente como las autoridades colombianas, ya sea por preferencias propias o simplemente por limitaciones de capacidad, han decidido aplicar únicamente las disposiciones del acuerdo que consideraban de interés o útiles, dejando de lado las demás. Sin embargo, el Acuerdo Final de Paz no es un menú del que se puede elegir a su antojo, sino una obligación jurídicamente vinculante cuyo cumplimiento integral es supervisado por la comunidad internacional”, precisó la representante rusa.
También hizo un llamado a De la Espriella a “adoptar un enfoque equilibrado respecto de los grupos armados ilegales que operan en el país y a seguir buscando vías para el diálogo”.
El delegado de Estados Unidos felicitó a De la Espriella por su victoria y aseguró que están a la espera para “impulsar [sus] prioridades comunes, incluidos los esfuerzos para impulsar la paz y la seguridad”. También señaló las preocupaciones por la violencia política y las amenazas “para impedir el proceso democrático y un traspaso pacífico del poder y sin sobresaltos”.
“Estados Unidos mantiene una profunda preocupación por la inestabilidad, la violencia y el cultivo y producción ilegales de drogas en Colombia. La violencia y el narcotráfico de las organizaciones terroristas y de los grupos armados ilegales amenazan a la seguridad de los colombianos de toda la región y de los estadounidenses”, indicó. Y agregó: “Establecer las condiciones para una seguridad a largo plazo requerirá que Colombia dedique recursos a establecer la presencia del Estado en las zonas de conflicto, incluidos policías fiscales y jueces e infraestructuras en acceso a los mercados para oportunidades económicas legítimas”.
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Desde la delegación francesa, se señaló que el desafío de la consolidación de la paz estaba, en gran parte, en el “deterioro de la situación de seguridad en varias regiones bajo un recrudecimiento de la actividad de grupos armados, a pesar de los ofrecimientos de paz que se han hecho”. En esa línea, apuntó que es de suma importancia que el diálogo se prosiga entre la misión y las nuevas autoridades colombianas “para determinar en qué condiciones puede llevarse adelante esta cooperación”.
El jefe de la delegación china instó a las partes en Colombia a demostrar “gran voluntad política y capacidad de actuar para garantizar avances sostenidos en el proceso de paz”. Por ello, solicitó “salvaguardar los logros de la paz e impulsar el acuerdo de paz”, por lo que “se deben asignar más recursos y tiene que haber más coordinación para garantizar nuevos avances significativos”. Además, resaltó el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como “componente esencial del acuerdo” y esencial para promover “la justicia y la reconciliación nacional”: “Tiene que seguir operando con eficacia”.
“Esperamos que el nuevo gobierno siga incrementando las inversiones en desarrollo, adjudicación y aceleración de las tierras, infraestructura rural y oportunidades de empleo y educativas para agricultores, beneficiando así más gente de la base social en asignación de tierras, viviendas, desarrollo, formación profesional y productividad”, apuntó.
Este es el último informe que se publica en la era de Gustavo Petro. A partir del próximo 7 de agosto, entrará en vigencia la política de seguridad de De la Espriella, quien ha anunciado que fusionará las oficinas de paz, lo que incluye la Unidad de Implementación del Acuerdo y el despacho del Alto Comisionado para la Paz. Eso ha generado críticas de parte del gobierno actual y de los mismos excombatientes de las Farc.
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