La declaratoria de emergencia económica decretada por el Gobierno Petro, en diciembre de 2025, llevó a una reunión extraordinaria y virtual de la plenaria del Senado en donde se determinó que se debía llamar a debate de control político a varios ministros del Ejecutivo, con el fin de que respondieran las inquietudes del Legislativo sobre las razones para hacer la declaratoria de emergencia económica.
Los ministros citados tenían hasta el 31 de diciembre para responder las inquietudes del Senado, sin embargo, según el senador Carlos Motoa (Cambio Radical) —mayor promotor de esta movida—, “los ministerios han incumplido los plazos establecidos. No solo no han respondido los cuestionarios, sino que algunos pidieron prórrogas injustificadas”.
En contexto: “Ministerios no dieron respuesta a cuestionarios sobre emergencia económica”: Senador Motoa
Los ministerios de: Agricultura, Igualdad y Culturas fueron los que solicitaron prórrogas. Mientras que los demás no han dado respuesta, siendo el Ministerio de Justicia el único que respondió los cuestionarios, según el senador.
Aunque en un primer momento los ministerios debían presentarse al debate de control político el pasado 29 de diciembre, el gabinete no asistió argumentando que no pasaron los cinco días necesarios por ley para enviar sus respuestas y determinar la fecha del debate.
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A corte de este 4 de enero, el senador Motoa le manifestó a El Espectador que no se ha fijado la nueva fecha para llevar a cabo el debate, por lo que procederá a enviar una carta el día de mañana dirigida al presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal) “para que convoque cuanto antes. Es un desgaste pero me toca estar encima de ese tema”, expresó el senador.
Días antes, Motoa ya había advertido que la conducta incumple con el artículo 135 de la Constitución Política y sostuvo que los ministerios no han mostrado disposición ante la citación de control político. “Ya se entiende su falta de voluntad para rendir cuentas”, concluyó.
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Cabe mencionar que este decreto de emergencia económica viene acompañado de una carga tributaria que involucra impuestos como el impuesto al patrimonio, el IVA, y el impuesto al consumo de licores y tabacos. Con este decreto el Gobierno busca recaudar COP 11 billones de pesos para el Presupuesto de 2026.
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