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Mientras el Gobierno defiende los recientes cambios en las plantas de empleados de varias entidades, la oposición insiste en que hay falta de transparencia en los cambios y cuestiona un presunto interés electoral previo a la entrada en vigencia, este 31 de enero, de la Ley de Garantías. Como lo contó este diario, en las últimas horas se han dado movimientos en las plantas de personal del Dapre, el MinTic y la UNP, entre otras entidades.
Solo en la Presidencia, de acuerdo con la información oficial, hay registros de más de 300 movimientos contractuales en esta entidad en lo que va corrido del año, cifra que supera periodos similares de la administración del presidente Gustavo Petro: en 2024, el total de contratos celebrados en enero fue de 85, y en 2023 ese ítem solo llegó a 10.
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A esto se suma que hoy se conoció el decreto 0076, que creará 800 nuevos puestos de planta en Colpensiones, la entidad que dirige Jaime Dussán. “En un ejercicio de análisis institucional, estableció la necesidad de crear 800 empleos que tienen vocación de permanencia de acuerdo con las necesidades comerciales, administrativas y operativas de la Entidad”, se lee en el documento.
Los sectores detractores del Gobierno señalaron que esa movida es similar a la que ocurrió hace algunos días en el Ministerio del Trabajo, donde el ministro Antonio Sanguino autorizó la creación de más de 1.400 puestos de planta temporal hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de tener inspectores de trabajo y seguridad social.
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A esto se suman los despidos en oficinas claves de la Presidencia y la Cancillería, dos entidades que ya respondieron a la polémica. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, la canciller Rosa Villavicencio dijo que las versiones parten de filtraciones que dan números que no son ciertos, pues, explicó, no se trata de una barrida masiva en la entidad.
“De 3.000 trabajadores, se ha cambiado, se ha reasignado o se ha declarado insubsistente a menos de un 4 % de funcionarios de libre nombramiento. Son procesos que vienen de tiempo atrás, no son precisamente de este momento, sino por los trámites que se van materializando en los meses de diciembre y enero. No tengo más que decir de eso”, aseguró.
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De otro lado, el Dapre emitió un comunicado de prensa en el que hizo tres claridades sobre los cambios. En el documento se señala que, a diferencia de la información publicada por algunos medios de comunicación, no se trata de 30 o 40 personas desvinculadas, sino de 12.
Este miércoles el debate se agitó por las críticas del expresidente Álvaro Uribe a los movimientos contractuales, pues este se sumó a las versiones de una posible jugada electoral. “Más burocracia de Petro, todo para ayudar a Cepeda para que gane su imperio de violencia”, dijo el jefe del Centro Democrático sobre el caso de Colpensiones.
El presidente Petro le respondió rápidamente vía X y defendió las medidas como una estrategia para formalizar empleos. “Señor expresidente Uribe, usted hizo una masacre laboral con su ley 50 y otras reformas laborales (...) los cargos que cree que se crearon; no se crearon, simplemente eran los contratistas que usted dejó y ahora tienen estabilidad laboral como empleados”, dijo.
Señor expresidente Uribe, usted hizo una masacre laboral con su ley 50 y otras reformas laborales.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 28, 2026
Entre esas masacres, pasar de la estabilidad laboral al contrato espúreo y sobre explotador.
Usted en su mensaje miente.
Lo cargos que cree que se crearon; no se crearon,… https://t.co/lsoBXzvbU1
Cabe anotar que la Ley de Garantías busca impedir que recursos públicos sean utilizados con fines electorales, por lo cual se limita la contratación. “Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado”, señala la ley. Como las elecciones presidenciales en primera vuelta serán el 31 de mayo, la norma empieza a regir desde este sábado.
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