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La investigación publicada por El Espectador el pasado 8 de noviembre, titulada “Los audios de la DEA y la Fiscalía que le negaron a la JEP en el caso de Santrich”, desembocó este jueves en un debate de control político de varios congresistas de la oposición, quienes presentaron nuevos audios y documentos para denunciar lo que llamaron “el entrampamiento al Acuerdo de Paz de La Habana”. Según los senadores convocantes, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez sabía que la operación de narcotráfico contra Jesús Santrich fue un montaje de la DEA y el mismo ente acusador.
Esto, a raíz de que este diario reveló que existen 24 mil audios, cuyos contenidos dan nuevas visiones de un caso que en su momento dividió al país y puso en vilo el Acuerdo de La Habana. Piedad Córdoba, Iván Márquez, el exvicepresidente Óscar Naranjo, varios empresarios y el embajador de Cuba en Colombia, son algunos de los mencionados en la operación encubierta de narcotráfico ejecutada por la DEA, por lo que los senadores citaron al debate que se desarrolló en la Comisión Primera de Senado y a la que asistieron el exfiscal Martínez; el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.
Partiendo de este punto, la primera intervención estuvo a cargo del senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, quien además de revelar audios que según él demuestran que los narcotraficantes eran realmente agentes de la DEA que se hacían pasar como miembros del cartel de Sinaloa, mostró también el video en que aparece Santrich hablando con mexicanos y con Marlon Marín (sobrino de Iván Márquez), señalando que este había sido adulterado para presentárselo a los medios de comunicación el día de la captura del exjefe guerrillero. En él se escucha a una persona narrar e ilustrar cuáles son los errores de continuidad del material audiovisual con el que se sustentó que supuestamente Santrich estaría sellando un negocio de narcotráfico con miembros del cartel de Sinaloa.
En contexto: Los audios de la DEA y la Fiscalía que le negaron a la JEP sobre el caso “Santrich”
La persona que narra el video, que no es identificada por el congresista, en principio asegura que al tratarse de una grabación de todo el transcurso de la mencionada reunión presenta una serie de inconsistencias y discontinuidades. Según la denuncia, el video de 7 minutos, que supuestamente sigue todo el trayecto temporal del encuentro, se trató de, por lo menos, una reunión de 15 minutos. “Es imposible que una cámara suba y baje captando los mismos fotogramas, el mismo encuadre, las mismas dimensiones”, dice la voz tras el video que describe los errores e inconsistencias del material.
“Fue un libreto para sembrar pruebas y meter gente de las Farc en un supuesto negocio de drogas en el que montaron una operación con droga de la Fiscalía o dinero de la DEA, que termina en la reunión, en una casa que el Gobierno le puso a Santrich, con cámaras del Gobierno, grabando permanentemente la reunión en donde se habla de unos proyectos productivos y traslapan por encima una charla con voces de agentes de la DEA, tan burdamente, que se descubre y esto es lo que le entrega el señor Néstor Humberto como prueba reina a la prensa. El señor Santrich fue solicitado en extradición con este tipo de maniobras, (y con esto) se rompió buena parte del proceso de paz”, culminó Petro.
Frente a la entrega controlada de cocaína de la que se ha dicho era droga de la Fiscalía, el exfiscal Martínez respondió negando dicha afirmación y presentando una certificación de la vicefiscal actual, Marta Mancera, emitida hoy 26 de noviembre: “Una vez recibidas las autorizaciones de ley, se impartieron las correspondientes órdenes y se llevó a cabo el trámite de entrega controlada trasnacional, con base en la información del agregado jurídico de dicha Embajada. Así, el 1° de noviembre de 2017, se hizo entrega de un maletín, por parte de un miembro de la organización involucrada en el tráfico de estupefacientes. En su interior se hallaron cinco contenedores con sustancia ilegal, que fue recibida por un agente encubierto, servidor público con funciones de policía judicial”. Martínez negó que la cocaína haya sido de la Fiscalía y el senador Roy Barreras le preguntó: “¿Dónde están las fotos y videos de esa entrega?”.
Hay que decir que antes de comenzar el debate en forma, Barreras pidió a la mesa directiva de la Comisión que a cada citante se les otorgara por lo menos 45 minutos, como si se tratara de una sesión que se lleva a cabo en la plenaria. Sus razones fueron tajantes: “Es uno de los debates más trascendentales en esta coyuntura de seguridad nacional, porque acá se va a tratar de analizar si hubo o no un entrampamiento contra el proceso de paz”.
Su referencia, al igual que las otras intervenciones, apuntaron hacia el papel de la DEA en el caso de Santrich, así como las versiones encontradas del mismo exfiscal con relación a si hubo apoyo del ente acusador a una operación controlada para, supuestamente, coger al exguerrillero en un negocio de narcotráfico para enviar cocaína a Estados Unidos y así capturarlo y pedirlo en extradición.
En 2019, en entrevista con RCN Radio, Martínez manifestó que la Fiscalía sí acompañó y actuó en conjunto con la entidad estadounidense en la operación de entrega controlada. Y en entrevista con El Espectador, a principios de noviembre, negó lo dicho: “Si hubo una entregada controlada, reconocida por el fiscal, ¿por qué cambió su parecer? ¿Por qué después dice que no lo sabía?”, citó el senador Barreras. Igualmente, Iván Cepeda, del Polo Democrático, apuntó la gravedad que implicó este caso en cuanto a la seguridad nacional del país y recordó la Ley 906 de 2004 sobre la actividad de vigilancia: “Está prohibido el agente encubierto para sembrar la idea de la comisión del delito en el indiciado imputado”.
Además de esto, Cepeda puso sobre la mesa otros elementos con los que, dijo, el exfiscal “buscó sembrar en la opinión pública toda clase de desconfianzas con escándalos mediáticos que en términos jurídicos han demostrado ser montajes”. Entre ellos enumeró lo que llamó “falsos testigos” para involucrar a las Farc en testaferrato de bienes, usando a personas como Fernando Bahamón Céspedes, de quien señaló tenía a sus cuestas “varias denuncias y procesos por acoso sexual; el allanamiento a la JEP el 4 de octubre de 2018, del cual Martínez Neira tuvo que ‘reconocer su carácter arbitrario’; el apoyo a las objeciones a esa jurisdicción; así como interceptaciones ilegales a negociadores de la paz”.
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Ante esto y los otros hechos denunciados, Cepeda anunció que junto a Antonio Sanguino interpondría una denuncia contra el exfiscal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, para que sea investigado por prevaricato por acción y por omisión, fraude a resolución judicial, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y traición a la patria, “por cuanto habría realizado actos tendientes a afectar la naturaleza de Estado soberano de nuestro país”.
Cuando Néstor Humberto Martínez tomó la palabra para responder a los señalamientos, lo primero que dijo es que todo se trata de un “sainete con un libreto mal elaborado”, calificando de mentiras lo dicho por senadores citantes al debate y cuestionando, a su paso, su labor legislativa por no concentrarse en otros temas para hacerle más control al cumplimiento del Acuerdo de Paz, como la devolución de los menores de edad que, según él, seguían en custodia de la guerrilla, al igual que la entrega de bienes y activos de las hoy desmovilizadas Farc y la seguridad en los territorios.
Sobre el caso de Santrich, mencionó que, por supuesto, tuvo un impacto con relación a la firma de la paz, pero que siempre “hubo lealtad con la justicia, con el Acuerdo de Paz y, sobre todo, con el Estado de Derecho”. Acto seguido, entró a explicar lo ocurrido ese 1º de noviembre cuando, afirmó, hubo una operación controlada. “Desde el primer día dije que hubo una operación de entrega controlada, pero nunca dije que era una entrega controlada de cocaína de la Fiscalía. Lo que ocurrió es que recibimos una solicitud de cooperación judicial internacional en el marco de la Convención de Viena y Palermo para acudir a entrega controlada de coca. Creo que no se sabía cuánta coca era. Lo que queda clara no es que ningún agente del estado o extranjero haya provocado a Santrich para llevar a cabo un negocio ilícito de tráfico de drogas, fue (Marlon) Marín”.
Y agregó: “El principal protagonistas de todo este enredo que no hubiéramos querido vivir en Colombia, el pariente del señor Márquez declara ante la justicia bajo la gravedad de juramento que la coca se la proveyó Santrich a través de alias John y ustedes quieren que diga que la coca era de la Fiscalía. Qué maravilla, resultaron defensores de oficio de un caso de tráfico internacional de drogas (…) Están inventando una trama en la defensa de los narcotraficantes, en ese concierto parque se ha organizado para la defensa de los narcotraficantes”.
Martínez enfatizó que siempre estuvo a disposición de la JEP para colaborar y aseguró que el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos siempre estuvo al tanto de lo que hacía la Fiscalía. “Entregué información al presidente Santos, le informe sobre que algunas personas estarían inmersas en acciones de narcotráfico, porque nosotros estábamos cumpliendo el deber de investigar las conductas después del primero de diciembre del 2016”, expresó. Habló también de una investigación de corrupción de Marlon Marín, dentro del sistema de salud de los desmovilizados, y hasta tuvo palabras de ataques personales contra sus contradictores, como el que la esposa del senador Cepeda trabaja en la JEP o que Roy Barreras, que tiene nacionalidad estadounidense, estaba poniendo en tela de juicio a la justicia tanto de Colombia como del país norteamericano.