Trabajadoras del hogar exigen respaldo del Gobierno

Silvia Federici, escritora y profesora feminista, recordó hace poco que “la revolución para las mujeres empieza en la reivindicación de la dignidad del trabajo en casa”. Esa anotación cobra aún más sentido ahora que las trabajadoras del hogar, comúnmente llamadas empleadas domésticas, le exigen al Estado y a sus dirigentes políticos hacer cumplir los derechos laborales que ostentan, pero que no les son respetados, un fenómeno que no ocurre con tanta regularidad en otros gremios.

(Lea: Confinamiento obligatorio se extiende otros 15 días e irá hasta el 15 de julio)

El reclamo suena absurdo para algunos, pues el marco legal cobija por igual a los empleados de todos los sectores y los empleadores tienen la obligación de garantizar unas condiciones laborales dignas. Sin embargo, en el mundo del trabajo doméstico, la vulneración de sus derechos es la regla general. En Colombia, según cifras del DANE, 647 mil mujeres son trabajadoras remuneradas en el hogar. Eso significa que todas deberían recibir por parte de sus jefes el pago de prima, pensión, cesantías, afiliación al sistema de salud y a la administradora de riesgos laborales (ARL). No obstante, tan solo el 17 % (es decir, 111 mil ciudadanas), tiene acceso a seguridad social, ya sea por medio de un empleador o cotizando como independiente.

El panorama empeora con los estragos por el contagio del COVID-19 y, según denunciaron las voceras del sindicato Sintraimagra, que tiene más de 2000 trabajadores afiliados de otros sectores y 500 trabajadoras del hogar, el Gobierno no las tiene en cuenta como gremio afectado en los decretos y auxilios para contrarrestar los efectos económicos. Así lo declaró Berta Villamizar, miembro del sindicato.

(Lea también: Por la pandemia, piden un plan diferenciado para el Pacífico)

Ella es trabajadora del hogar desde los 16 años y jamás, en los 39 años que lleva dedicada al servicio de limpieza, ha recibido una prima. Ahora, en los meses que van de pandemia, dice que el trabajo es inexistente. “Generalmente tengo trabajo por tres días a la semana en diferentes casas. Me pagan entre $25 mil y $40 mil la jornada, lo que me representa unos $350 mil al mes. Pero en este momento no está entrando nada. Subsisto de mis ahorros y de mis dos hijos, que ya son adultos, me ayudan para pagar la salud y comprar la alimentación”, cuenta.

Pero en la pandemia no es solo el tema económico, sino otros atropellos a los que están expuestas las trabajadoras que en esta época, aunque están activas laborando, no cuentan con garantías. Enfrentan el aumento del horario laboral o la imposibilidad de ver a sus hijos porque algunos jefes temen que sean ellas portadoras del virus y les contagien. Es el caso de otra trabajadora del hogar que pidió reserva de su nombre, por miedo a perder su empleo. “Cuando llego al conjunto debo bañarme en el sector de la piscina y luego guardar la ropa en una bolsa, ponerme bata, tapabocas y guantes. Debo trabajar todo el tiempo con ese equipo de protección, que es incómodo. Pero debo limpiar más. Piden que lave varias veces al día, cada dos horas y si alguien llega a la casa, limpiar otra vez”, comenta.

¿Y el Gobierno qué? Es la pregunta que se hacen las trabajadoras del hogar. “Saca unos decretos, pero en ninguno incluyen auxilios para subsistir mientras estamos en esta situación, como sí sucede con ciertas empresas para que conserven su nómina. Como no nos tienen en cuenta, recibimos de forma mínima esas ayudas. Al único quizás al que podemos acceder es al del Ingreso Solidario, que cobija a las familias vulnerables, pero desde el sindicato casi ninguna ha obtenido esos recursos”, reitera Berta Villamizar.

(Conozca: Cómo se calcula la prima de junio para trabajadores del servicio doméstico)

El asunto pasa también por lo político. Es claro que las trabajadoras del hogar se sienten invisibilizadas por el Gobierno y piden en el Congreso voces que pongan la problemática a la luz de esa rama del poder. Ángela María Robledo, representante a la Cámara por Colombia Humana y defensora de los oficios del cuidado, afirma que el marco legal es importante, pero se ve arrollado por una institucionalidad ineficiente.

“Con Angélica Lozano logramos la Ley 1788 de 2016, que exige el pago de la prima doméstica, y hay sentencias y decretos que dictan el protocolo para vincular contractualmente a una persona que realiza el trabajo doméstico. No obstante, en la práctica los derechos laborales de este sector se desarrollan en la precariedad, y la institucionalidad tampoco está. Hay una ausencia total de los ministerios del Trabajo y de Salud, que deberían hacer vigilancia a esta situación. Cuando le preguntaron a Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, por las empleadas domésticas, dijo que era muy difícil identificarlas para darles subsidios durante esta coyuntura nacional”, recuerda Robledo.

La legisladora rechaza la perspectiva del Gobierno y expone que el tema es más profundo, pues obedece a la estructura patriarcal capitalista que discrimina los trabajos del cuidado. “Son trabajadoras, van al supermercado y pagan impuestos, pero no las tratan como tal. Es la expresión de la esclavitud moderna”, dice, mientras recalca que esta administración le ha hecho juego a la configuración discriminatoria. “El presidente Iván Duque saca un centenar de decretos y ninguno tiene perspectiva de género ni reconoce a las mujeres, sabiendo que están ellas en el centro del cuidado, que es hoy, en el mundo del COVID-19, lo más importante y lo menos reconocido. Esa es la enorme paradoja”, agrega Robledo.

(Vea: COVID-19 y desempleo: los excluidos de las medidas de reactivación laboral)

A su vez, la representante María José Pizarro, de la lista de los Decentes, hizo énfasis en que desde el Congreso ha denunciado la problemática y ha exigido medidas diferenciadas para las mujeres, principalmente a aquellas en condiciones vulnerables. Sin embargo, afirmó que no ha obtenido respuesta alguna. Por ello, entre otras cosas, apoya el proyecto de la renta básica para más de 30 millones de colombianos. “Este debe cobijar a esas mujeres, incluir el enfoque de género. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha dicho que la propuesta es excelente, pero para después de la pandemia. Le pregunto, ¿si no es ahora, entonces cuándo?”, puntualiza Pizarro.

Ante el mutismo gubernamental frente a la falta de garantías laborales para las trabajadoras del hogar, que se acentúa en esta coyuntura nacional, las mujeres están fortaleciendo sus procesos organizativos para exigirles de frente al Ejecutivo y Legislativo, y que el Estado les cumpla sus derechos laborales. “Somos sujetas de especial protección, pero eso no lo hemos visto. Le pedimos al presidente Duque que se cumplan los compromisos de pagarnos por días no trabajados en la pandemia, y que haya claridad en los deberes y las funciones que vamos a desarrollar. Que haya pedagogía en este tema. Y le decimos al Congreso que nos respalde con la voz política”, concluye Berta Villamizar, lideresa sindical.

Silvia Federici, escritora y profesora feminista, recordó hace poco que “la revolución para las mujeres empieza en la reivindicación de la dignidad del trabajo en casa”. Esa anotación cobra aún más sentido ahora que las trabajadoras del hogar, comúnmente llamadas empleadas domésticas, le exigen al Estado y a sus dirigentes políticos hacer cumplir los derechos laborales que ostentan, pero que no les son respetados, un fenómeno que no ocurre con tanta regularidad en otros gremios.

(Lea: Confinamiento obligatorio se extiende otros 15 días e irá hasta el 15 de julio)

El reclamo suena absurdo para algunos, pues el marco legal cobija por igual a los empleados de todos los sectores y los empleadores tienen la obligación de garantizar unas condiciones laborales dignas. Sin embargo, en el mundo del trabajo doméstico, la vulneración de sus derechos es la regla general. En Colombia, según cifras del DANE, 647 mil mujeres son trabajadoras remuneradas en el hogar. Eso significa que todas deberían recibir por parte de sus jefes el pago de prima, pensión, cesantías, afiliación al sistema de salud y a la administradora de riesgos laborales (ARL). No obstante, tan solo el 17 % (es decir, 111 mil ciudadanas), tiene acceso a seguridad social, ya sea por medio de un empleador o cotizando como independiente.

El panorama empeora con los estragos por el contagio del COVID-19 y, según denunciaron las voceras del sindicato Sintraimagra, que tiene más de 2000 trabajadores afiliados de otros sectores y 500 trabajadoras del hogar, el Gobierno no las tiene en cuenta como gremio afectado en los decretos y auxilios para contrarrestar los efectos económicos. Así lo declaró Berta Villamizar, miembro del sindicato.

(Lea también: Por la pandemia, piden un plan diferenciado para el Pacífico)

Ella es trabajadora del hogar desde los 16 años y jamás, en los 39 años que lleva dedicada al servicio de limpieza, ha recibido una prima. Ahora, en los meses que van de pandemia, dice que el trabajo es inexistente. “Generalmente tengo trabajo por tres días a la semana en diferentes casas. Me pagan entre $25 mil y $40 mil la jornada, lo que me representa unos $350 mil al mes. Pero en este momento no está entrando nada. Subsisto de mis ahorros y de mis dos hijos, que ya son adultos, me ayudan para pagar la salud y comprar la alimentación”, cuenta.

Pero en la pandemia no es solo el tema económico, sino otros atropellos a los que están expuestas las trabajadoras que en esta época, aunque están activas laborando, no cuentan con garantías. Enfrentan el aumento del horario laboral o la imposibilidad de ver a sus hijos porque algunos jefes temen que sean ellas portadoras del virus y les contagien. Es el caso de otra trabajadora del hogar que pidió reserva de su nombre, por miedo a perder su empleo. “Cuando llego al conjunto debo bañarme en el sector de la piscina y luego guardar la ropa en una bolsa, ponerme bata, tapabocas y guantes. Debo trabajar todo el tiempo con ese equipo de protección, que es incómodo. Pero debo limpiar más. Piden que lave varias veces al día, cada dos horas y si alguien llega a la casa, limpiar otra vez”, comenta.

¿Y el Gobierno qué? Es la pregunta que se hacen las trabajadoras del hogar. “Saca unos decretos, pero en ninguno incluyen auxilios para subsistir mientras estamos en esta situación, como sí sucede con ciertas empresas para que conserven su nómina. Como no nos tienen en cuenta, recibimos de forma mínima esas ayudas. Al único quizás al que podemos acceder es al del Ingreso Solidario, que cobija a las familias vulnerables, pero desde el sindicato casi ninguna ha obtenido esos recursos”, reitera Berta Villamizar.

(Conozca: Cómo se calcula la prima de junio para trabajadores del servicio doméstico)

El asunto pasa también por lo político. Es claro que las trabajadoras del hogar se sienten invisibilizadas por el Gobierno y piden en el Congreso voces que pongan la problemática a la luz de esa rama del poder. Ángela María Robledo, representante a la Cámara por Colombia Humana y defensora de los oficios del cuidado, afirma que el marco legal es importante, pero se ve arrollado por una institucionalidad ineficiente.

“Con Angélica Lozano logramos la Ley 1788 de 2016, que exige el pago de la prima doméstica, y hay sentencias y decretos que dictan el protocolo para vincular contractualmente a una persona que realiza el trabajo doméstico. No obstante, en la práctica los derechos laborales de este sector se desarrollan en la precariedad, y la institucionalidad tampoco está. Hay una ausencia total de los ministerios del Trabajo y de Salud, que deberían hacer vigilancia a esta situación. Cuando le preguntaron a Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, por las empleadas domésticas, dijo que era muy difícil identificarlas para darles subsidios durante esta coyuntura nacional”, recuerda Robledo.

La legisladora rechaza la perspectiva del Gobierno y expone que el tema es más profundo, pues obedece a la estructura patriarcal capitalista que discrimina los trabajos del cuidado. “Son trabajadoras, van al supermercado y pagan impuestos, pero no las tratan como tal. Es la expresión de la esclavitud moderna”, dice, mientras recalca que esta administración le ha hecho juego a la configuración discriminatoria. “El presidente Iván Duque saca un centenar de decretos y ninguno tiene perspectiva de género ni reconoce a las mujeres, sabiendo que están ellas en el centro del cuidado, que es hoy, en el mundo del COVID-19, lo más importante y lo menos reconocido. Esa es la enorme paradoja”, agrega Robledo.

(Vea: COVID-19 y desempleo: los excluidos de las medidas de reactivación laboral)

A su vez, la representante María José Pizarro, de la lista de los Decentes, hizo énfasis en que desde el Congreso ha denunciado la problemática y ha exigido medidas diferenciadas para las mujeres, principalmente a aquellas en condiciones vulnerables. Sin embargo, afirmó que no ha obtenido respuesta alguna. Por ello, entre otras cosas, apoya el proyecto de la renta básica para más de 30 millones de colombianos. “Este debe cobijar a esas mujeres, incluir el enfoque de género. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha dicho que la propuesta es excelente, pero para después de la pandemia. Le pregunto, ¿si no es ahora, entonces cuándo?”, puntualiza Pizarro.

Ante el mutismo gubernamental frente a la falta de garantías laborales para las trabajadoras del hogar, que se acentúa en esta coyuntura nacional, las mujeres están fortaleciendo sus procesos organizativos para exigirles de frente al Ejecutivo y Legislativo, y que el Estado les cumpla sus derechos laborales. “Somos sujetas de especial protección, pero eso no lo hemos visto. Le pedimos al presidente Duque que se cumplan los compromisos de pagarnos por días no trabajados en la pandemia, y que haya claridad en los deberes y las funciones que vamos a desarrollar. Que haya pedagogía en este tema. Y le decimos al Congreso que nos respalde con la voz política”, concluye Berta Villamizar, lideresa sindical.