El presidente electo, Abelardo de la Espriella, llevó a cabo el empalme regional con el departamento de Santander desde la ciudad de Bucaramanga. Tras el encuentro hizo un balance de lo que se trabajará durante su gobierno en este territorio y aseguró que el foco estará en la seguridad, la prosperidad y la atención a la crisis en salud.
“Lo que hicimos hoy es un ejercicio democrático maravilloso con el señor gobernador y con todos los alcaldes de este gran departamento, el empalme territorial. Estamos conociendo las necesidades de cada uno de los municipios del departamento. Los dolores, los hemos incorporado en una matriz. Vamos a llegar al gobierno a revisar las cuentas, porque ustedes saben que nos entregan un país destruido en muchos aspectos, pero sobre todo fiscal y financieramente”.
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Además, el mandatario entrante manifestó que “existe toda la voluntad por parte de mi gobierno para que se cumplan esos anhelos históricos del pueblo santandereano que ha sido olvidado en materia de seguridad por el gobierno central, que ha sido olvidado en materia de salud, de oportunidades para los jóvenes, infraestructura”. Y agregó: “el atraso vial es terrible, en grandes obras infraestructura pero también en las vías terciarias, para conectar a nuestras provincias. De tal suerte que aquí lo que hay es voluntad política, compromiso para hacer por Santander lo que nunca ningún otro gobierno ha hecho”.
A la par, a través de redes sociales continuó con su discurso respecto a la fusión de las oficinas de paz. “No hay nada que haga borrar la sangre que derramaron estos narcoterroristas. Yo pienso todos los días en los cientos de miles de civiles, policías y militares que asesinaron estos salvajes, cuyas familias no han tenido ni verdad, ni justicia ni reparación”, dijo.
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Al respecto, sobre este tema ya varias personalidades del mundo político han reaccionado luego de que De la Espriella, asegurara que se acabará la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y también la figura del Alto Comisionado para la Paz. Esas funciones, según dijo, pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad: “No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”.
“A partir del 7 de agosto, mi objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se acaba desde que asuma el cargo en mi propiedad”, precisó. Y añadió: “El Comisionado para la Seguridad, el ministro de Justicia designado [Iván Cancino] y el ministro del Interior designado [Rodrigo Lara] tienen la orden de desmontar toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”.
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El senador electo Enrique Gómez (Salvación Nacional) aplaudió la decisión de recortar consejerías y cargos con duplicidad de funciones. Y, en esa línea, dijo que “son COP 10 mil millones que podrán invertirse en las necesidades reales de los colombianos”.
Sin embargo, otros sectores criticaron la decisión. La directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller, se refirió a esas palabras y subrayó que el “85 % de los y las firmantes siguen comprometidos con la paz y la democracia”.
Por su parte, Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo, pidió a la Fiscalía iniciar una investigación contra el jefe de Estado electo “por los delitos que haya podido incurrir al hacer señalamientos contra el presidente del partido Comunes” y a la Corte Constitucional activar todos los mecanismos de protección al Acuerdo de Paz. Y apuntó que Londoño “se acogió a una negociación y sus afirmaciones desconocen 10 años de un largo proceso”.
Además, también rechazaron esta decisión los senadores María José Pizarro e Iván Cepeda y la organización Defendamos la Paz hizo un llamado “a rodear el Acuerdo suscrito en el 2016 entre el Gobierno nacional y las extintas Farc”. También rechazaron los señalamientos contra Londoño y enfatizaron en que “ha cumplido junto a más de 12.000 excombatientes lo pactado en el Acuerdo”.
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