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A pesar de estar capturado por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), el cordobés Wadith Manzur quiere posesionarse como congresista para el periodo 2026-2030. Según el actual representante a la Cámara, tiene derecho a asumir su cargo como senador y simultáneamente llevar a cabo su defensa judicial.
El secretario general del Senado, Diego González, confirmó este lunes que el caso ya llegó a su despacho y será estudiado. De acuerdo con el funcionario, recibieron el traslado de la Corte Suprema de Justicia tras la solicitud que hizo la defensa de Manzur. “Se hará un análisis profundo de la normatividad constitucional y legal para poder dar una respuesta de fondo y de manera responsable”, agregó González.
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El abogado del congresista, Francisco Javier Araújo Morelos, le pidió al alto tribunal, a través de un derecho de petición, conocer si la medida de aseguramiento impuesta contra el representante a la Cámara por Córdoba impide su posesión en la próxima legislatura, pese a no existir una condena en firme en su contra.
Araujo argumentó que se debe aclarar el alcance de la medida frente a los derechos políticos derivados del voto, lo que ha abierto un debate sobre la presunción de inocencia y el principio democrático. La defensa pidió que se garantice la posibilidad de materializar el acto constitucional de posesión a Manzur como senador de la República el 20 de julio, mediante “la autorización de traslado temporal, excepcional y bajo estrictas condiciones de custodia”.
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La Corte Suprema prefirió no tomar una decisión de fondo y consultar al Congreso. “La Sala no tiene atribuciones consultivas o de emisión de conceptos, no se emitirá pronunciamiento. [...] El despacho remitirá copia de la petición a la Presidencia y la Mesa Directiva del Senado de la República, para lo de su cargo”, se lee en la carta enviada por parte de la Corte a Lidio García, presidente del actual Congreso.
Tras la captura de Manzur, medida que también se impuso contra la representante de las curules de paz Karen Manrique, muchos se preguntaron qué pasará con sus sillas en la Cámara durante el periodo restante, pero también de cara al 2026-2030, pues los dos fueron reelegidos.
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Por estar oficialmente capturados mientras se les juzga por un delito relacionado con corrupción, los dos no podrán volver al Capitolio para lo que resta de este periodo; es decir, entre este 16 de marzo y el próximo 20 de julio. De acuerdo con la Constitución, en este tipo de casos se activaría la figura de la silla vacía, lo que implica que ninguna persona podría asumir ese cargo, ni siquiera quien sigue en la lista de los más votados de cada partido.
Según el artículo 134 de la Constitución, “en ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por Delitos de Lesa Humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos”.
De acuerdo con esa norma, tampoco podrán ser reemplazados quienes tengan faltas temporales por orden de captura, lo que también indicaría que las dos curules quedarían vacías para el nuevo periodo. Sin embargo, expertos señalan que este caso está abierto a diversas interpretaciones de la ley y que, al no estar condenados, en caso de que se revoque la medida de aseguramiento o no sean condenados, ellos y sus partidos podrían reclamar la silla.
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