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Sí, la cruzada de Donald Trump contra la migración es una operación sin precedentes. El republicano ha apelado a todo tipo de estrategias, incluyendo algunas constitucionalmente rebatibles, para intentar cumplir su meta de expulsar a 11 millones de personas que en su discurso hacen parte de “lo peor de lo peor”. Niños han sido separados de sus padres, las demandas de arrestos arbitrarios se han multiplicado por 35 comparadas a hace unos años y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuenta con el nada alentador récord de cómo cada 8,6 días, en promedio, una persona en su custodia pierde la vida.
El gabinete Trump incluso ha desempolvado algunas legislaciones para su propósito: en junio compulsó copias para iniciar el primer juicio en la historia del país en el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros (ATRC), e invocó la Ley de Aliens Extranjeros, una norma creada en 1798 diseñada para expulsar personas en tiempos de guerra.
Pero esta avanzada contra la migración se inició mucho antes de que Trump recibiera por segunda ocasión las llaves de la Casa Blanca. Tan solo nueve días después de la caída de las Torres Gemelas, el entonces presidente George Bush inició la construcción de una estructura federal que dejaría de ver la movilidad humana como un asunto de derechos o meramente civil para convertirlo en una amenaza que debía ser combatida con fuerza y seguridad.
Así lo explica Wilbert Cooper, periodista estadounidense que detalló en The Marshall Project cómo el 11-S generó una bola de nieve que terminó por cambiar la seguridad nacional, los controles aeroportuarios, y también la manera en que Washington entendía y manejaba la migración.
“Los atentados transformaron innumerables aspectos de la vida de EE. UU. Uno de ellos fue la migración con una perspectiva policial: el enfoque pasó de la aplicación de la ley civil a centrarse en la lucha antiterrorista y la seguridad nacional”, comenta Cooper.
Reorganización estructural
El cambio empezó a cocinarse cuando comisiones independientes detectaron que varios de los 19 terroristas que secuestraron los cuatro aviones del atentado habían obtenido visados legales para estudio y turismo. En aquel momento, la autoridad encargada de los asuntos migratorios era la Agencia de Immigración y Naturalización (INS). A su cargo tenía hombres que, en cumplimiento de su función, patrullaban las fronteras y se encargaban de tramitar ciudadanías o deportar personas indocumentadas.
Pero Allison Wolf, investigadora de asuntos migratorios de la Universidad de Los Andes, considera que el atentado perpetrado en Nueva York y Washington a manos de Al-Qaeda aceleró una transición “securitista” de la migración. Wolf destaca que en 1996, un lustro antes de la caída del World Trade Center, el Congreso y Bill Clinton lograron la aprobación de la Ley IIRIRA: una norma que amplió la baraja para que EE. UU. pudiese deportar personas extranjeras y endurecía los castigos a quienes violaran las reglas del juego migratorio. “Todo el proceso se aceleró después del 11-S”, explica Wolf.
Menos de un año después del ataque, el gobierno Bush disolvió el INS y dio nacimiento al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hoy conocido por ser la cabeza que tiene a su cargo ICE y otras dos entidades (USCIS y CPB), que tanto su gabinete como presidentes posteriores han utilizado para deportar y perseguir migrantes. Cooper aclara que el enfoque de seguridad que heredó la migración en EE. UU. permeó tanto a mandatos republicanos como demócratas. Es decir, concebir la migración como una amenaza ha trascendido desde Bill Clinton o Joe Biden hasta Barack Obama, quien durante su gobierno apeló a la mirada de seguridad para crear los NSEERS: un sistema que obligaba a monitorear a hombres de 25 países de África y Oriente Medio para conocer su ubicación en aras de “proteger la seguridad”.
La medida fue considerada una “discriminación ineficaz” por la ONU y dejó un balance de 14.000 deportados, ninguno de ellos terrorista.
El peso del dato
Las cifras de cómo la migración se convirtió en un asunto prioritario y de seguridad en suelo estadounidense respaldan la voz de Cooper o Wolf. El presupuesto del INS para el año 2000 era de apenas USD 4.300.000 millones; para 2026, esa cifra es casi 20 veces superior. Las deportaciones también son un sintoma de ello: en la década antes del 11-S, EE. UU. apenas expulsó a 1,6 millones de personas. Hoy, Trump deporta, en promedio, a 1.090 extranjeros al día.
“Nombrar como ‘seguridad’ a estas agencias ha convertido a la población migrante en una amenaza (…). Se convirtieron en policías nacionales que buscan migrantes ‘criminales’, lo que es justificado como necesario para proteger a la ciudadanía”, aclara Wolf.
Exportando el modelo
Wolf considera que el enfoque se ha exportado a otros países, con o sin su voluntad. Un ejemplo de ello son las deportaciones a terceros países, especialmente africanos, que ha emprendido Trump. ¿Las consecuencias? El centro DeJusticia comenta que perjudicó a países de tránsito, como Colombia, donde miles de personas quedaron estancadas sin una respuesta.
Wolf insiste en que el modelo de seguridad se ha ido perfeccionando, pero ha erosionado los derechos humanos de la movilidad humana: “EE. UU. expandió sus fronteras con presencia, dinero y tencología para reforzar la retórica de la seguridad como antídoto de la migración. Da el mensaje de que otros países deben prevenir que ‘gente mala’ salga de sus países para atacar a otros”.
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