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La violencia contra las mujeres continúa en Bogotá, pero también se ensaña contra quienes salieron de sus países buscando nuevos rumbos. Ese es el balance que dejó el último informe de la Secretaría de la Mujer, de la Alcaldía de la capital. El texto asegura que una de cada 10 mujeres que fueron asesinadas en razón de su género pertenecía a la comunidad migrante que reside en la capital. Pero la cifra podría incluso duplicarse debido errores judiciales que no tipificaron correctamente el crimen o tuvieron vicios procedimentales que, si bien dejaron una mujer migrante asesinada, no nombraron el delito como tal ante los estrados de justicia.
Los datos, de acuerdo con el informe, son preocupantes y tienen impactos directos, indirectos y sociales: Bogotá registró 97 casos en total, 12 de ellos en contra de extranjeras.
El 50 % del total de casos de feminicidios contra migrantes se dieron contra mujeres venezolanas, integrantes de una población que huyó de la crisis humanitaria compleja del vecino país en busca de oportunidades económicas, pero que en Colombia han encontrado barreras para lograrlo. La otra mitad corresponde a distintas nacionalidades.
Del total, mientras el 4 % de ellas realizaban “trabajos sexuales pagos”, otro 4 % eran víctimas del conflicto armado y el 2 % se compone de mujeres indígenas que también migraron de sus territorios a jurisdicción bogotana.
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“El feminicidio no actúa de manera homogénea, sino que se profundiza en la vida de mujeres que ya se encuentran atravesadas por condiciones”, comenta el estudio, escrito a varias manos entre el Observatorio de Mujeres de la Alcaldía, la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia.
La Secretaría precisa que la cifra hace referencia al período 2023-2024, sobre el que estudiaron distintas variables sobre la violencia contra las mujeres en la capital. Por ejemplo, el informe señala que hay épocas del año y localidades en las que este tipo de agresiones son más fuertes, como las localidades de Mártires, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Santa Fe.
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“Los feminicidios se inscriben en un continuum de violencias, relaciones de poder y contextos de dominación estructural (...) esto trasciende a las circunstancias inmediatas, en el tipo micro y macrosocial”, reza un apartado del informe.
Del exilio a la violencia
El texto dedica un acápite completo a las mujeres migrantes, particularmente vulnerables por ser mujeres, extranjeras y, en muchos casos, residentes en un país que aún no regulariza por completo a toda la diáspora venezolana.
Otros estudios complementarios de la Alcaldía han lanzado alertas sobre la falta de integración de esta comunidad. En 2024, por ejemplo, el Observatorio de Desarrollo Económico divulgó un informe que estimaba en casi 600.000 las personas oriundas de Venezuela que se habían asentado en Bogotá. Casi siete de cada 10 se habían ocupado en plazas laborales informales que no les garantizan ni mínimos básicos, ni trabajo dignos, ni posibilidad de pensar proyectos de vida estables.
Angélica Pardo, funcionaria de la Secretaría de la Mujer, recalcó que cada feminicidio es una historia lamentable, sin embargo, con lente estadístico, debe analizarse con enfoques diferenciales. “Con las mujeres migrantes, la prevención del feminicidio exige mirar mucho más allá de la relación de pareja. También implica fortalecer las redes que rodean a las mujeres y acompañar a quienes muchas veces quieren ayudar, pero terminan agotadas o atrapadas en prejuicios sobre por qué una mujer permanece en una relación violenta”, subraya.
Pero la migración no se remite únicamente a millones de venezolanos que hoy se asentaron en Colombia. Informes de Migración Colombia aseguran que hay otras 114 nacionalidades que hacen su tránsito o asentamiento definitivo en el país.
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“Los datos revelan un patrón territorial complejo, donde las violencias no se explican únicamente por relaciones interpersonales, sino también por contextos estructurales que configuran entornos de riesgo a nivel localidad para las mujeres (...). Pero también podría fortalecer la toma de decisiones estratégicas en materia de prevención, justicia y reparación”, concluye el informe.