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La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba Curi, hace un par de días denunció por medio de sus redes sociales la grave situación por la que atraviesa el Hospital San Francisco de Asís, ubicado en Quibdó, y que llevó a declarar la alerta roja hospitalaria. “Hay una sobreocupación del 340 %, con el servicio de urgencias colapsado”, dijo.
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Ahora, por medio de un comunicado, el Ministerio de Salud asegura que “la situación actual del no se debe a la falta de recursos, sino a fallas en la gestión y gobernanza del territorio”. De acuerdo con la cartera, los registros oficiales no respaldan las cifras entregadas por la gobernadora sobre la sobrepreocupación.
El ministerio también señala que, en la vigencia 2023, giró cerca de COP 700.000 millones para fortalecer el sistema de salud en el Chocó, de los cuales COP 282.981 millones se han invertido directamente en este hospital para recuperar su capacidad operativa.
Este monto, declara en otro comunicado la agente especial interventora de este hospital, conocido por ser el único de segundo nivel con el que cuenta Chocó, fue “destinado al mejoramiento de la infraestructura física y la dotación de equipos técnicos. Dentro de las obras ejecutadas se incluye la renovación de cubiertas en áreas críticas como urgencias, hospitalización, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el área de imágenes diagnósticas”.
La agente da un parte de tranquilidad e indica que la institución mantiene su operación en todos sus servicios y que la alerta hospitalaria “se debe exclusivamente al aumento significativo en la demanda de atención en el servicio de urgencias”.
“La alerta hospitalaria no implica la suspensión de la atención, sino la activación de medidas para responder a una situación excepcional de alta demanda”, comenta la agente en el comunicado.
Entre las medidas que vienen adelantando por el incremento de la demanda están el fortalecimiento del triage, la habilitación de zonas de expansión hospitalaria con 25 camillas y la articulación con la ESE de baja complejidad de Quibdó.
De acuerdo con la agente, en este hospital no se está presentando desabastecimiento de insumos ni medicamentos. Tampoco, agrega, hay déficit de talento humano que afecte su funcionamiento.
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El 28 de noviembre de 2025, la Supersalud ordenó la intervención forzosa administrativa de esta entidad por el término de un año. Esta decisión se tomó luego de ocho meses de vigilancia especial y “ante la persistencia de graves deficiencias asistenciales, administrativas y financieras que comprometen la seguridad del paciente y la continuidad en la prestación del servicio”.
La medida de vigilancia, que había iniciado el 1 de marzo, según la Supersalud, les llevó a constatar un desequilibrio financiero, el deterioro de la calidad en la atención y prácticas inseguras para los pacientes en el hospital. También se identificó un incumplimiento en el programa para desacelerar la desnutrición infantil, así como el registro de mortalidades evitables.
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Desde entonces, se removió de su cargo, de manera inmediata, a la gerente actual y a los miembros de la junta directiva. Por esta razón, designó a la doctora Osiris del Carmen Casas Mena como agente especial interventora, quien desde el 28 de noviembre asumió las funciones de representante legal de la entidad.
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