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A las 7:34 de la mañana del 10 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y 103 kilómetros de profundidad, sacudió buena parte de Colombia. El Servicio Geológico Colombiano lo clasificó como el evento más fuerte registrado en el país durante el siglo XXI, y el tercero de mayor magnitud documentado en la historia sísmica colombiana. A mediados de septiembre, la Red Sismológica Nacional había registrado más de 300 réplicas y un enjambre sísmico adicional de más de 1.200 eventos.
A nivel nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres registraba, con corte al 10 de septiembre, 331 personas fallecidas en 16 departamentos. En Cali, una de las ciudades más golpeadas y donde vivimos el sismo de cerca, el balance registraba 154 personas fallecidas y 88 rescatadas con vida. El reporte oficial distrital número 40, con corte al 8 de septiembre, consolidó 1.517 personas heridas atendidas durante la emergencia y verificó 24 edificaciones con colapso total y 506 con colapso parcial. Otro balance de la UNGRD reportó afectaciones en más de 12.000 edificaciones de la ciudad.
El sistema de salud tampoco quedó intacto. Según un boletín de la Secretaría de Salud Pública Distrital del 19 de agosto, cerca de 200 instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas y privadas, reportaron algún nivel de afectación. En el Hospital Universitario del Valle (HUV), aproximadamente el 40 % de la capacidad quedó deshabilitada y evacuada. La atención tuvo que reorganizarse: unas 3.000 consultas externas diarias que se prestaban en el Hospital Carlos Holmes Trujillo fueron redistribuidas hacia otras instituciones del oriente de Cali. Detrás de esas cifras hay pacientes que necesitaban continuidad en la atención y personal de salud sosteniendo los servicios en condiciones difíciles.
Estas cifras permiten dimensionar la emergencia. Pero también permiten hacer una pregunta más útil: ¿qué podemos aprender de ellas para estar mejor preparados la próxima vez?
El sismo fue uno. El riesgo no fue el mismo para todos
Uno de los conceptos centrales de la gestión del riesgo de desastres es también uno de los más subestimados fuera del gremio técnico: la magnitud de un fenómeno natural no determina, por sí sola, sus consecuencias. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres define el riesgo como el resultado de la interacción entre amenaza, exposición, vulnerabilidad y capacidad. Dos personas pueden vivir el mismo sismo y tener resultados completamente distintos, dependiendo de dónde se encuentran, de qué suelo hay bajo su edificación, de cómo fue construida, de cuántas personas viven allí, de si entre ellas hay adultos mayores o personas con movilidad reducida, y de qué tan rápido pueden evacuar y acceder a servicios esenciales.
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Cali es un escenario particularmente claro para entender esto, porque la ciudad no está construida sobre un territorio homogéneo. Ya existía, antes del 10 de agosto, cartografía oficial que describe parte de estas diferencias: el Plan de Ordenamiento Territorial incluye una zonificación de efectos sísmicos que identifica zonas donde las vibraciones podrían desencadenar fenómenos como licuación y corrimiento lateral del suelo, además de mapas de movimientos en masa y pendientes. Un mapa de amenaza no es una sentencia sobre lo que le ocurrirá a una vivienda específica. Es información. Y bien utilizada, la información permite prevenir en lugar de solo reaccionar.
Las piezas ya existen. Falta conectarlas
Cali cuenta hoy con más información de la que solemos aprovechar. El DANE dispone de datos georreferenciados del Censo Nacional hasta nivel de manzana: características de viviendas y hogares, grupos de edad, dificultades para actividades cotidianas, acceso a servicios públicos. La Alcaldía tiene cartografía territorial y sabe dónde están hospitales, centros de salud y otros equipamientos críticos. Y desde el 10 de agosto existe algo adicional, y valioso: un registro extenso de los daños que realmente ocurrieron.
Proponemos conectar esas piezas en un Índice de Preparación y Vulnerabilidad ante Desastres para Cali (IPVDC). El nombre es deliberado: no buscamos señalar cuáles son "los barrios más peligrosos" de la ciudad, ni convertir la dirección de una persona en una predicción sobre lo que le ocurrirá. Buscamos responder una pregunta más útil: ¿qué necesita cada territorio para estar mejor preparado? Idealmente, el análisis se haría por sectores censales o manzanas, no solo por comunas, porque una comuna es demasiado grande para asumir que todas las personas dentro de ella enfrentan las mismas condiciones.
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El índice podría construirse alrededor de cuatro dimensiones: territorio y exposición (suelo, pendientes, susceptibilidad sísmica, población expuesta); vivienda y entorno construido (materiales, antigüedad, hacinamiento, complementado con criterio de ingeniería estructural); vulnerabilidad social y sanitaria (adultos mayores, niños, personas con discapacidad, hogares con mayores privaciones); y capacidad de respuesta (acceso a centros de salud, bomberos, vías, transporte, agua, energía y redes comunitarias). Esta última dimensión importa tanto como las demás: una comunidad no es solo la suma de sus vulnerabilidades, también tiene capacidades, y algunas de las respuestas más notables tras el 10 de agosto vinieron precisamente de redes vecinales que ya sabían cómo organizarse.
No es necesario inventar el método desde cero. El Social Vulnerability Index del CDC/ATSDR en Estados Unidos transforma variables censales en percentiles comparables entre territorios; el modelo internacional INFORM integra amenaza, exposición, vulnerabilidad y capacidad de respuesta para evaluar riesgo humanitario. Cali puede adaptar esos principios a su propia realidad, estandarizando indicadores locales en una escala común y sencilla de interpretar.
Pero un índice construido con datos censales y cartografía técnica tiene un punto ciego: buena parte de lo que necesitaría medir en la dimensión de capacidad de respuesta —qué tan preparada está realmente una comunidad, qué tanto confía en las instituciones que la visitan a hacer un diagnóstico— no está en ningún registro administrativo. Se obtiene hablando con la gente, y eso solo funciona si la comunidad confía en quien pregunta.
En más de seis años coordinando estudios clínicos con participantes de distintas ciudades, he visto que esa confianza no se asume: se construye visita a visita, explicando para qué sirve cada dato que se recoge y devolviendo algo tangible a cambio de la información compartida. Un índice de vulnerabilidad que llegue a un barrio solo para clasificarlo, sin explicar qué gana esa comunidad por participar, corre el riesgo de que la información recolectada sea incompleta o poco confiable. El IPVDC va a necesitar, tanto como el diseño estadístico, un protocolo claro de cómo y por qué se involucra a cada comunidad en su propia caracterización.
Lo que el terremoto nos permite validar
La decisión más importante no es la fórmula, sino el peso que se le da a cada variable, y ahí el terremoto que acabamos de vivir ofrece algo excepcional: la posibilidad de contrastar el modelo con la realidad. Si construyéramos el índice retrospectivamente usando únicamente la información disponible hasta el 9 de agosto —sin ningún dato posterior al sismo— obtendríamos un mapa de vulnerabilidad y preparación esperadas antes del evento. Comparado con lo que ocurrió realmente el 10 de agosto —dónde se concentraron los daños, los colapsos, las lesiones, las evacuaciones, las interrupciones de servicios—, podríamos responder una pregunta científica concreta: ¿los territorios que el índice habría señalado como más vulnerables fueron efectivamente donde se concentraron las consecuencias?
Si la respuesta es sí, tendremos evidencia de que esas variables ayudan a identificar vulnerabilidad real. Si es no, habremos aprendido algo igual de valioso: qué variables pesan menos de lo que asumíamos y cuáles deberíamos incorporar. La epidemiología no consiste en construir un modelo y enamorarse de él, sino en contrastarlo con la evidencia. Metodológicamente, esto permitiría usar los datos previos al sismo como predictores y los daños observados como resultado, e incluso validar el índice usando una parte de la ciudad para construirlo y otra para comprobar si mantiene su capacidad de priorización.
La ayuda también necesita coordinación
Hay una lección adicional de este terremoto que no aparece en ningún censo, pero que cualquiera que haya vivido una emergencia de esta escala reconoce: la solidaridad espontánea, sin coordinación, puede terminar restándole capacidad a la respuesta en lugar de sumarle. Entrar a una zona de desastre por iniciativa propia, sin una función definida y sin el equipo adecuado, pone en riesgo a quien entra y le quita tiempo a quien sí tiene la tarea de rescatar. El entusiasmo sin un plan no es inofensivo; compite por los mismos recursos —vías, personal, atención— que necesitan quienes coordinan la respuesta real.
Algo parecido ocurre con la información. En los primeros días después del 10 de agosto circularon en redes cifras sin confirmar, videos descontextualizados y, lamentablemente, casos de personas que llegaron a las zonas más golpeadas no a ayudar sino a grabar, exponiendo a víctimas identificables sin su consentimiento para narrativas que después se amplificaban sin verificación. Eso no es un asunto de buen gusto: la desinformación en una emergencia retrasa la ayuda real, satura las líneas de atención con rumores y puede desviar recursos de búsqueda hacia lugares equivocados. Verificar antes de compartir es, en este contexto, una medida de salud pública tanto como cualquier protocolo clínico.
Esto conecta directamente con la dimensión de capacidad de respuesta del índice que proponemos: una comunidad no solo necesita vías despejadas y centros de salud cerca, también necesita que la información que circula durante la emergencia sea confiable. Ese componente —canales de comunicación claros y organismos de socorro con autoridad reconocida— debería pesar en cualquier modelo que intente capturar qué tan bien puede responder un territorio quince minutos después de que la tierra deje de moverse.
Que cada color del mapa termine en una acción
Un índice tiene poco valor si queda archivado en un informe. Si el mapa identifica un sector con alta proporción de adultos mayores y dificultades de movilidad, la respuesta puede ser organizar redes comunitarias de acompañamiento y evacuación. Si el componente crítico es la vivienda, la prioridad es la evaluación y el reforzamiento estructural. Si la combinación es densidad poblacional y acceso limitado a servicios de salud, la intervención es distinta. El mapa dejaría de decir únicamente "aquí hay vulnerabilidad" para decir "aquí podemos hacer algo, y esto es lo que hace falta".
Un mapa del cuidado, no del miedo
Después de un desastre existe una tendencia comprensible a concentrarnos en lo que perdimos. La epidemiología permite hacer algo distinto: estudiar lo ocurrido para reducir las pérdidas futuras. Cali tiene hoy información geológica, demográfica, sanitaria y territorial que hace pocos años habría sido difícil de integrar, y tiene además algo que ningún modelo puede fabricar: la experiencia de un terremoto real, y la de miles de personas que respondieron a él sin esperar instrucciones.
El IPVDC no pretende predecir cuándo volverá a temblar, ni decirle a nadie que debe temerle al lugar donde vive. Su propósito es más sencillo: ayudar a identificar dónde una intervención puede hacer la mayor diferencia antes de la próxima emergencia, y construirse de una manera que las comunidades reconozcan como propia, no como una evaluación impuesta desde afuera. La tierra volverá a moverse; no sabemos cuándo. Para estar mejor preparados no necesitamos esa fecha. Necesitamos conocer mejor nuestra ciudad —sus suelos, sus viviendas, sus servicios, sus comunidades, sus vulnerabilidades y también sus fortalezas— y convertir ese conocimiento en decisiones concretas de infraestructura, salud pública y planeación urbana antes de que la próxima emergencia nos vuelva a poner a prueba.
Las cifras que dejó el 10 de agosto no deberían quedarse en la memoria como una tragedia más. Pueden convertirse en conocimiento. El conocimiento, en prevención. Y la prevención, en vidas salvadas.
*MD, miembros de la Asociación de Epidemiología de Colombia
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