El Sindicato Gremial de Especialistas en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (Sicrítico), manifestó su “profunda preocupación” frente a la que calificó como una “grave situación de desabastecimiento de medicamentos esenciales en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)”.
En la mañana de este viernes 22 de agosto, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI), publicó otro comunicado en el que se sumó al llamado del sindicato.
Los medicamentos que están en desabastecimiento, según ambas organizaciones, son Norepinefrina, Vasopresina, Azul de Metileno, Furosemida y Milrinone.
De acuerdo con el sindicato, “la falta de disponibilidad de estos fármacos no solo compromete la labor asistencial de los profesionales de la salud, sino que pone en riesgo directo e inminente derechos fundamentales de los pacientes, particularmente el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad humana y a la igualdad en el acceso a los servicios de atención en salud (...)”.
Para Sicrítico, en un Estado Social de Derecho, como lo ha reiterado la Corte Constitucional en varios pronunciamientos, “es deber irrenunciable del Estado garantizar la prestación eficiente, continua y oportuna de los servicios de salud, así como asegurar la disponibilidad y acceso a los medicamentos indispensables para la preservación de la vida como lo es en una UCI”.
Por esas razones, y ante el actual panorama, la organización asegura que la escasez constituye una amenaza real al goce efectivo de esos derechos. En ese sentido, ambas organizaciones llamaron al Ministerio de Salud y al Invima a adoptar diferentes medidas administrativas y de control.
En total son tres solicitudes. La primera de ella, es que las autoridades informen públicamente a la ciudadanía sobre la situación real de disponibilidad de los medicamentos mencionados.
En segundo lugar, que adopten las medidas necesarias para garantizar su abastecimiento oportuno en todo el territorio nacional y, finalmente, que adelanten acciones de control frente a posibles prácticas de acaparamiento, especulación o cualquier conducta que pueda afectar a la salud pública y los derechos fundamentales de los colombianos.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Salud ni el Invima se han pronunciado sobre esta denuncia.
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