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Este martes 9 de septiembre, la Superintendencia Nacional de Salud se refirió a los anuncios sobre presuntas irregularidades en Nueva EPS que hizo la Contraloría. "Estamos hablando de deudas billonarias, de pasivos ocultos, que corresponden a distintos años y que no habían sido procesados y contabilizados por la entidad”, dijo Giovanni Rubiano García, supersalud.
En horas de la mañana de este martes, la Contraloría informó que, tras un operativo de policía judicial realizado en julio de 2025, se detectaron irregularidades significativas en la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país. Entre los hallazgos destaca el aumento de los anticipos pendientes por legalizar, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024. También encontró que cerca de 22,7 millones de facturas por un valor de $22,1 billones siguen sin procesar, de las cuales más de nueve millones resultaron ser registros repetidos.
Frente a esta situación, la Superintendencia Nacional de Salud definió tres medidas principales. La primera es la contratación de una auditoría forense internacional que revisará las cuentas entre 2019 y 2025. La segunda corresponde a la auditoría de cuentas médicas, con el objetivo de rastrear con precisión el recorrido de los recursos desde la Unidad de Pago por Capitación (UPC) hasta los prestadores de servicios. La tercera se enfoca en organizar y regularizar los giros hacia la red pública y privada.
Según la Supersalud, estas acciones buscan esclarecer el uso de los recursos, identificar inconsistencias financieras y establecer responsabilidades, en un contexto marcado por denuncias sobre pagos sistemáticos a IPS propias y la falta de transparencia en la gestión. La entidad advirtió, sin embargo, que estabilizar la situación de la Nueva EPS será un proceso complejo y que solo será posible a partir de un diagnóstico detallado de su situación financiera.
A comienzos de abril de este año, Rubiano decidió prorrogar por un año la intervención de la Nueva EPS, medida que ya se había adoptado por las dificultades financieras de la entidad. Según la justificó entonces, una de las razones principales para extender la medida es que la EPS no ha presentado sus estados financieros certificados correspondientes a 2023 y 2024. Durante el tiempo de intervención, la EPS ha tenido tres agentes interventores designados. El más reciente cambio se produjo el 19 de agosto de 2025, cuando la Supersalud relevó del cargo a Bernardo Camacho, quien había ejercido como agente interventor durante ocho meses, y nombró en su lugar a Gloria Libia Polanía Aguillón.
Aguillón se venía desempeñando como interventora de Coosalud y cuenta con 33 años de experiencia en el sector salud, especialmente en cargos de servicio público. Con su designación, la Supersalud señaló que se busca dar continuidad al proceso de intervención y avanzar “significativamente en el cumplimiento de los planes diseñados para el proceso de intervención”.
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