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A través de la resolución 2764 del 30 de diciembre de 2025, el Ministerio de Salud definió el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor anual que el Gobierno Nacional paga a las EPS por cada afiliado para cubrir sus servicios de salud. Para el régimen contributivo, el valor anual se fijó en COP 1.658.912, lo cual representa un incremento del 9,03 % frente a lo que hoy reconoce el Estado. Por otra parte, para el régimen subsidiado, el valor será de COP 1.541.706, lo que equivale, para ese régimen, a un incremento del 16,49 %.
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Tras la determinación de la cartera, han sido varias las reacciones del sector que cuestionan, sobre todo, la cifra para el régimen contributivo, que concentra la mayor proporción del gasto de salud. Una de ellas fue la de Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 202 organizaciones de pacientes del país y que rechazó el aumento del 9,03 % en este régimen, pues lo califica como insuficiente para la sostenibilidad del sistema y el acceso efectivo a los servicios que requieren los usuarios. Las organizaciones de pacientes, afirmó, habían hecho un llamado al Minsalud para que el ajuste fuera, como mínimo, del 15 %.
“Una UPC insuficiente es un incumplimiento directo del derecho fundamental a la salud y la causa del desfinanciamiento que hoy tiene al sector al borde de la quiebra”, aseguró Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. “Este desajuste no es una cifra, se traduce en pacientes que no reciben sus tratamientos, en servicios que cierran y en vidas que quedan en riesgo. Sin una UPC bien calculada y sin el pago oportuno de los Presupuestos Máximos, el Sistema está siendo empujado al colapso”.
Otra de las reacciones fue la de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), que, por un lado, reconoció que el aumento para el subsidiado cumple con la orden de la Corte Constitucional de igualar los regímenes. Esto, dijo Ana María Vesga, presidente ejecutiva de la asociación, “seguramente será un alivio para más de la mitad de la población en ese régimen, que permitirá empezar estabilización de servicios”.
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Pero, por otro lado, Vesga dijo que para el caso del contributivo, el aumento está “muy lejos de lo que se esperaría, se había hablado de incrementar cerca del 17 %”. La presidente de ACEMI también se refirió a la finalización, el mismo 30 de diciembre, del ejercicio de la mesa técnica convocada por el Minsalud, atendiendo a otra de las órdenes de la Corte Constitucional.
La cartera concluyó que para 2024 y años anteriores, desde 2021, la UPC fue suficiente. A ojos de Vesga, con ello el ministerio “no reconoce que hay un rezago muy importante en el sistema, expresado en las enormes deudas que hay entre aseguradoras y prestadoras y en toda la crisis que se ha presentado para los pacientes y la atención en los últimos años. Se ha perdido una oportunidad valiosa de adelantar un ejercicio técnico que considere de manera profunda y detallada información que han allegado diferentes actores del sistema”.
La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) fue otra de las que expresó su preocupación ante la decisión del Minsalud sobre la UPC para 2026. Concordó en que el incremento del 9.03 % para el régimen contributivo resulta insuficiente para responder a los costos reales y crecientes del sistema, y agregó que “agrava los retos financieros que hoy enfrenta el modelo de aseguramiento en Colombia”.
La asociación apuntó que el ajuste anunciado no atiende a la demanda que aumenta cada año, a la población cada vez más envejecida y a un portafolio de servicios complejo, que integra nuevas tecnologías y tratamientos. AFIDRO también cuestionó que no se hayan logrado los consensos necesarios en las mesas de la UPC.
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“Más allá del debate sobre el valor de la UPC, se trata de la necesidad de un cálculo riguroso, transparente y basado en información completa”, advirtió Ignacio Gaitán Presidente Ejecutivo de la asociación. “La UPC, junto con los presupuestos máximos, define la capacidad de atender adecuadamente a la población, pues de ella dependen los recursos para medicamentos, talento humano en salud, prestadores, clínicas, hospitales y dispositivos médicos, por lo cual, al estar subestimada, se convierte en el mayor riesgo para la estabilidad financiera, la continuidad del aseguramiento y la garantía efectiva del derecho a la salud, dejando a los pacientes como los mayores afectados”.
Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia instó al Ministerio de Salud a reconsiderar el ajuste de la UPC, pues afirmó que con el aumento para el régimen contributivo no se estaría reconociendo la totalidad de los costos de las atenciones para sus afiliados. El déficit en el régimen, indicó, sería cercano a los COP 3.7 billones.
¿Qué dice el Minsalud?
La cartera liderada por Guillermo Alfonso Jaramillo ha dicho que para el cálculo de la UPC realizó un estudio técnico en el que participó la Comisión Asesora de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, conformada por delegados de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) y liderada por el Minsalud.
La Comisión analizó la información entregada por las EPS durante 2025 y, con base en ella, el ministerio realizó el estudio técnico para el cálculo de la UPC. El Minsalud argumentó que “antes de insistir en que la UPC ‘no alcanza’, el debate de los gremios que representan las EPS tiene que incluir transparencia y explicaciones sobre cómo se están usando los recursos que ya reciben”.
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A lo que se refiere la cartera es a que, al revisar y cruzar la información que le hicieron llegar las mismas EPS, encontró “inconsistencias graves” en el uso de los recursos de la UPC. Según señaló, un examen coprológico, que puede costar entre COP 12.000 a COP 20.000, ha llegado a ser facturado por hasta COP 909 millones en los reportes de gastos de una EPS.
“Estos datos no son suposiciones, ni acusaciones, provienen de la información que las mismas EPS entregaron al Minsalud”, comunicó. Es por ello que la entidad, al notificar el ajuste de la UPC para 2026, dijo que “espera que las EPS hagan uso eficiente y responsable del dinero destinado a la salud”.
El Minsalud aseguró que la ADRES se encuentra al día con los pagos a las EPS y que el problema radica en que estas entidades no administran de manera adecuada los recursos.
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