Gobierno prorroga por un año más la intervención de Capresoca EPS

La decisión fue confirmada a través de una resolución emitida este 6 de octubre en la que se “autoriza la prórroga de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a Capresoca EPS, por el término de un año, contado a partir del 8 de octubre de 2026 hasta el 7 de octubre de 2027, con el objetivo de buscar su estabilidad financiera y administrativa, así como una continua, oportuna y eficiente prestación del servicio de salud para sus afiliados", como se lee en el documento.

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El principal departamento de operación de esta EPS es Casanare. En 2024, cuando la Supersalud ordenó la medida de intervención, argumentó que había “una crítica situación de índole administrativa, financiera, de entrega de medicamentos, incremento en el número de tutelas y desacatos, así como un aumento importante en las quejas de sus usuarios”.

Cabe recordar que la ley fija un tope para las intervenciones por parte de la Supersalud a las EPS, en la que la toma de posesión solo puede durar un año y prorrogarse una vez. Sin embargo, “si transcurrido dicho plazo no se hubieren subsanado las dificultades que motivaron la medida, deberá disponerse la disolución y liquidación de la institución vigilada. No obstante, el Gobierno Nacional, mediante resolución ejecutiva, podrá autorizar una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de las características de la entidad”, como recuerda la resolución.

En la nueva resolución se explica que el pasado 14 de agosto, Olga Lucía Vásquez Barrios, interventora de la EPS, emitió un concepto de viabilidad para la prórroga de la EPS. En este aseguró que “la conclusión de viabilidad condicionada descansa, en consecuencia, en la siguiente lógica técnica: la identificación de hallazgos de gestión y control permite reconocer factores corregibles; el fortalecimiento de la auditoría y el control del gasto previene pagos sin soporte suficiente; la depuración de provisiones y costos permite determinar la siniestralidad real; sobre esa base podrá evaluarse el eventual componente estructural asociado a la suficiencia de la UPC; y la ejecución medible de la estrategia de recuperación, junto con la protección de los recursos públicos de salud y la continuidad del aseguramiento de la población afiliada, sustentan la recomendación de continuidad de la intervención".

Ante ese pronunciamiento, la firma contralora de la intervención, Baker Tilly Colombia, también emitió un concepto en el que aseguró, en un documento enviado el 3 de septiembre, que “persisten riesgos significativos que afectan la capacidad de la EPS para garantizar una gestión integral, efectiva y sostenible, así como el cumplimiento de los objetivos asociados a las órdenes impartidas por el ente de control”.

Con estas bases, el Comité de Medidas Especiales de la Supersalud votó por unanimidad la prórroga de intervención forzosa administrativa para administrar Caja de Previsión Social del Casanare. Con esta decisión del Gobierno Nacional, la EPS completaría tres años bajo intervención, aunque la Supersalud cuenta con las facultades para levantar la medida antes de que venza ese plazo.

Vale recordar que en abril, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses a Betty Cecilia Anaya Nieto, entonces interventora de la EPS. En su reemplazo, la Supersalud designó de forma temporal a Bibi Dayana Daniels Rueda, a quien removió el 6 de julio para nombrar a Olga Lucía Vásquez Barrios, actual agente interventora.

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