En el consejo de ministros que se llevó a cabo en la noche del martes, 16 de junio, Wilmar Mejía, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dijo que, tras hacer una investigación, su equipo encontró una serie de hallazgos que, según él, muestran que ha habido “un entramado criminal al interior de sistema de salud, que tiene que ver con una de las EPS más importantes del país, que agrupa a 3,5 millones de colombianos”.
Aunque no dio el nombre de la EPS a la que se refería, pues el miércoles presentará la denuncia formal con sus hallazgos ante la Fiscalía General, aseguró que es una red en la que participan 168 actores en un “mecanismo que ocultó pasivos de EPS” y en el que hubo una “triangulación financiera”.
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Mejía afirmó tener un informe de inteligencia de cerca de 130 páginas que detalla con nombre propio a las personas que, supuestamente, han participado de ese “entramado” en el que, además, hay 17 IPS (como clínicas y hospitales).
El funcionario dijo que también tienen identificados a sus representantes legales principales y suplentes, así como a sus juntas directivas.
De igual manera, el director de la UIAF señaló que hay 43 personas jurídicas que están dentro de esa supuesta red y tres entidades financieras, a las cuales prefirió no nombrar hasta que su denuncia esté en manos de Fiscalía.
“Encontramos una unión temporal que facilita estas operaciones. Tenemos un grafo que da cuenta de cómo tres personas lograron crear de manera indebida una integración vertical que no es ilegal, pero sí indebida, que facilita el desfalco. Hablamos de personas naturales que crearon un conglomerado de empresas que eran controladas de manera estratégica para mover recursos de EPS a IPS, y de estas a cuentas en Colombia y en el extranjero. Hay hallazgos con los que la DIAN puede actuar y con los que la Fiscalía puede actuar con contundencia”, detalló Mejía en el Consejo de ministros.
De acuerdo con su presentación, tiene pruebas de que pudo haber, entre otros delitos, presunto peculado por apropiación, presunto lavado de activos, presunto enriquecimiento ilícito de personas naturales y jurídicas, presunta falsedad procesal y presunto concierto para delinquir para “desfalcar al sistema de salud”.
Por esos supuestos delitos es que Mejía le va a pedir a la Fiscalía, con la cual ya se reunió, que investigue a directivos, socios, contadores, revisores fiscales de las IPS y de los posibles “beneficiarios finales: hijos, esposas y familiares de quienes están al frente de la estructura criminal”.
Así mismo, Mejía dijo que va a pedir que haya un congelamiento preventivo de las cuentas de las personas naturales y jurídicas que están involucradas y que les quiten el velo corporativo a las empresas que harían parte de esa supuesta red.
Aunque el director de la UIAF no se refirió con nombre propio a ninguna EPS, apenas empezó el Consejo de ministros el presidente Gustavo Petro aseguró que habían detectado que en fondos internacionales había COP 5 billones del sistema de salud que habían sido trasladados por un empresario de “operadores de medicinas” que tiene contratos con Coosalud, EPS que tiene más de 3,3 millones de afiliados.
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Petro también afirmó que uno de los interventores de Coosalud que había nombrado la Superintendencia de Salud durante su gobierno estaba involucrado, pero no dio mayores detalles.
Preparan denuncia contra otra EPS
Otro de los puntos que mencionó Mejía durante su intervención tuvo que ver una denuncia formal que hará en unas semanas contra otra EPS. Tampoco quiso revelar su nombre pero dio suficientes detalles para saber a cuál se refería: su casa filial está en España, dijo.
Además, aseguró que pondrá en conocimiento de la justicia un “cartel de embargos a las cuentas del sistema de salud” que, según él, “está liderado por jueces de la República” y por algunos funcionarios al interior de Nueva EPS, la más grande del país.
Se trata de una denuncia que ya había hecho el interventor de esa EPS, el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Hace unas tres semanas señaló que había encontrado “posibles irregularidades relacionadas con procesos de embargo adelantados a través de contratos transaccionales”, una situación que “deberá ser objeto de revisión y análisis por parte de las autoridades competentes”.
Según informó Nueva EPS en un comunicado en ese momento, había cinco despachos judiciales en los cuales se concentra cerca del 80% de los procesos de embargo enfrentaba la entidad: el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, el Juzgado 4 Civil del Circuito de Neiva, el Juzgado 7 Civil del Circuito de Cartagena de Indias, el Juzgado 1 Civil del Circuito de Caquetá y el Juzgado 2 Promiscuo del Circuito de Puerto Rico Caquetá.
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