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La industria tabacalera (IT) está utilizando la pandemia de la COVID-19 para aumentar su influencia en América Latina con prácticas como la venta de productos novedosos, las actividades de “responsabilidad social empresarial” (RSE) y el cabildeo contra la subida de impuestos. (Lea: Tabaquismo, la otra epidemia que Latinoamérica intenta frenar)
Así lo devela el último informe de STOP, la alianza internacional que busca detener a las organizaciones y productos del tabaco. Su Índice Global de Interferencia detalla el progreso (o la falta de él) de 57 países del mundo para contrarrestar las acciones que buscan socavar las políticas destinadas a reducir el consumo de tabaco y artículos similares.
STOP también presentó su primer índice latinoamericano, con información de nueve países, en el que advierte que la IT “vende un producto tóxico y adictivo que mata anualmente a casi un millón de personas en la región”.
El trabajo “expone los abusos de las grandes tabacaleras y pone al descubierto hasta dónde está dispuesta a llegar la industria para obtener ganancias”, señala en un e-mail a SciDev.Net Daniel Dorado Torres, uno de los autores.
En estos meses, una de sus principales tácticas fue comercializar de forma agresiva tanto por correo electrónico como en redes sociales cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado (PTC), con los que dice querer reemplazar al cigarrillo convencional. (Puede leer: El tabaquismo materno durante el embarazo multiplica el riesgo de hiperactividad en el bebé)
Si bien la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) estadounidense autorizó a Philip Morris International (PMI) a comercializar su PTC IQOS como un “producto de tabaco de riesgo modificado”, este reduce la exposición a ciertos tóxicos, pero no disminuye el riesgo.
El reporte advierte que la compañía ha utilizado engañosamente esa clasificación para promocionar IQOS en Latinoamérica y que “no hay suficiente evidencia independiente que respalde el uso de dichos productos en la cesación del tabaquismo”.
“STOP observa correctamente que PMI está involucrándose con gobiernos de todo el mundo sobre la mejor forma de ayudar a los adultos fumadores a hacer el cambio hacia alternativas libres de humo y con respaldo científico”, discrepa Corey Henry, director de Comunicaciones para Estados Unidos de la compañía, en una declaración enviada por e-mail a SciDev.Net.
La pandemia, sin embargo, certificó la persistencia de viejos hábitos. “Con el aislamiento y la dificultad de acceder a los cigarrillos, muchos fumadores pudieron percatarse de su adicción”, señala en otro e-mail Julieta Cassone, presidenta de la Asociación Argentina de Tabacología (AsAT), que no participó del estudio.
Al comienzo de las medidas de distanciamiento, esas personas no se daban cuenta de que “se encontraban haciendo fila en estaciones de servicio en la madrugada para conseguir un paquete que compraban a cualquier precio”, ejemplifica.
Entre abril y mayo, una encuesta de la AsAT determinó que el 71 por ciento de los consultados quería dejar de fumar. Sabían que si contraían COVID-19, “tienen más probabilidades de desarrollar las formas graves de la enfermedad”, recuerda Cassone. (Lea también: Consumo de tabaco le cuesta al país 17 billones de pesos cada año)
Además de promocionar nuevos productos, la industria profundizó sus actividades de RSE. Así, mientras lanzaba IQOS en Costa Rica, PMI donó respiradores artificiales a hospitales y mascarillas N95 para el personal médico de la Caja del Seguro Social.
En Brasil donó efectivo e insumos para hacer mascarillas y gel de manos, mientras seguía produciendo sus mercancías, a pesar del decreto que prohibía la fabricación industrial no esencial. STOP también encontró evidencias de acciones de RSE en Argentina, México, Colombia, Costa Rica y Ecuador.
“Hemos provisto asistencia en muchos de los lugares donde operamos porque es lo correcto y porque tenemos los recursos para ayudar”, reconoce Henry. “Nuestras iniciativas en curso y planificadas en 62 mercados ya exceden los US$ 30 millones”.
STOP, en cambio, considera que esas actividades “crearon acceso a los funcionarios y una falsa percepción de las compañías tabacaleras como actores responsables” durante la crisis. Mientras fomentaban esa imagen, las empresas “bloquearon, enmendaron y retrasaron” modificaciones tributarias o advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos.
En Colombia, por ejemplo, “el cabildeo de la industria socavó los esfuerzos para aumentar los impuestos” y el gobierno permitió que PMI produjera PTC después de que la compañía amenazara con retirar sus operaciones. STOP verificó una dinámica similar en al menos 12 países. Por otra parte, el reporte recopiló “evidencia de que altos ex funcionarios de gobierno están vinculados a la IT o que ex funcionarios de la industria asumen cargos en el gobierno”.
Estas prácticas se verificaron en Argentina (un ejecutivo de British American Tobacco, BAT, pasó a ser funcionario del ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires), Chile (ex ministros nacionales asumieron el control del Consejo de Administración de la misma empresa) y Colombia, donde el ex Consejero del Banco de la República se convirtió en Director General de PMI y el ex director nacional de Estupefacientes asumió la vicepresidencia legal de BAT.
Mientras BAT declinó participar de este artículo, PMI evitó responder preguntas sobre su relación con los gobiernos de la región. El reporte recomienda a los estados rechazar alianzas o acuerdos con la IT, detener sus incentivos y adoptar un código de conducta que proteja a los funcionarios de su influencia. (Lea también: El 82% de las personas en Colombia no fuman tabaco)
También pide “desnaturalizar” las actividades de RSE e implementar medidas de transparencia para la divulgación de sus actividades y gastos. Estas sugerencias se hacen aún más relevantes en el contexto del COVID-19, ya que América Latina es “la región más desigual del planeta y una de las más afectadas por la devastadora pandemia”, subraya el documento.