El Gobierno Nacional decretó la emergencia económica, y la situación financiera del sistema de salud aparece como uno de los argumentos de esa decisión.
Así se desprende del decreto 1390 de 2025, con el que el Ejecutivo oficializó la declaratoria. En uno de sus apartados, el Gobierno reconoce explícitamente que necesita recursos adicionales para cumplir compromisos recientes derivados tanto de decisiones propias como de órdenes de la Corte Constitucional.
Uno de los puntos tiene que ver con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema y cuya suficiencia (o no) ha sido el debate más importante del año en la salud. El documento explica que, aunque durante varios años se avanzó en la equiparación entre la UPC del régimen contributivo y la del régimen subsidiado, esa brecha volvió a ampliarse tras la actualización de nuevas tecnologías en el plan de beneficios en 2022. Como resultado, la prima del régimen subsidiado cayó al 88,9% de la del contributivo.
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Para entender esto, hay que explicar que la UPC del régimen contributivo es diferente a la UPC del régimen subsidiado. Históricamente, la segunda ha sido más baja que la primera, aunque desde hace años existe una política de equiparación gradual entre ambas. La razón de esa diferencia no es que el plan de beneficios sea distinto, pues en teoría todos los colombianos tenemos derecho al mismo plan de beneficios, sino que el cálculo de costos, riesgos y fuentes de financiación ha sido diferente para cada régimen. La Corte Constitucional ha insistido en que una brecha persistente en la UPC puede terminar vulnerando el derecho a la igualdad en el acceso a la salud, por lo que ha ordenado al Estado avanzar en su equiparación.
Para corregir esa diferencia, el Minsalud expidió hace apenas unos días la resolución 2605, mediante la cual ordenó que, a partir de 2026, la UPC del régimen subsidiado se equipare al 95% de la del régimen contributivo. Pero, por supuesto, no se trata de un ajuste técnico menor: implica más recursos públicos para garantizar que, en la práctica, el acceso a los servicios sea equivalente entre regímenes.
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El decreto de emergencia económica advierte que esa equiparación “implica un significativo aumento de los recursos fiscales que deben ser destinados por el Estado” y que su cumplimiento exige obtener fuentes adicionales de financiación.
En cifras, el Gobierno calcula que solo para la vigencia de 2026 será necesario disponer de COP 3,3 billones adicionales. En ese contexto, sostiene que la urgencia de asegurar esos recursos, especialmente para garantizar el acceso a la salud de la población más pobre y vulnerable afiliada al régimen subsidiado, constituye uno de los elementos que justifican la declaratoria de emergencia económica.
La emergencia económica está en el artículo 215 de la Constitución Política. Como explicaron expertos a este diario, es posible declarar este estado de excepción cuando sobrevengan hechos que perturben de forma grave e inminente el orden económico. Además, deben ser hechos que no se puedan enfrentar con las competencias ordinarias del Estado. Para que se justifique la emergencia económica tiene que ocurrir un hecho extraordinario e imprevisible, de ahí que el término “hechos sobrevinientes” ha tomado relevancia en el debate.
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Para algunos expertos, no está claro que estemos ante un hecho nuevo e imprevisible, y no simplemente la profundización de problemas ya conocidos.
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