El lunes 17 de febrero el ministro de Salud encargado, Iván Darío González, firmó una resolución que le dará un “revolcón” al sistema de salud. Como ya lo había anunciado este diario a finales de diciembre, la decisión cambiará la manera en que se pagan los medicamentos que hacen parte del llamado NO POS y que son una de las principales grietas del sistema. Solo en 2017, el Estado pagó cerca de $3 billones por estos tratamientos. En 2018, $3,1 billones.
Publicada en la tarde del 18 febrero en la página web del Minsalud, esta resolución (205) busca, en pocas palabras, cambiar la ruta que estaba establecida en el sistema de salud para que las EPS le cobraran esos medicamentos. Hasta el momento, el mecanismo era el siguiente: cada vez que un paciente necesitaba un fármaco que no estuviese en el POS debía solicitarlo a la EPS. Si ésta lo autorizaba, lo pagaba con sus recursos y luego remitía la factura al sistema a la espera de un reembolso. Aunque parece sencillo es un proceso largo y engorroso que siempre ha dificultado la gestión.
Para transformarlo, al Ministerio se le ocurrió una idea: analizar el comportamiento de ese mercado en los últimos años y, con base en un histórico construido con fórmulas imposibles de explicar en estos párrafos, establecer un presupuesto máximo para pagar esos medicamentos no POS. Se trata de un monto que será girado con anticipación a cada EPS con la esperanza de que estas administren de forma eficiente ese dinero y garanticen el acceso a los tratamientos. “Techos”, es la palabra que solían utilizar los diversos actores del sistema para referirse a la decisión.
Como le había dicho a El Espectador la entonces viceministra de Protección Social, Diana Cárdenas, que acaba de ser nombrada como directora de la Adres, lo que pretendían con la medida era “avanzar en un proceso más integral resolverá esa gran fragmentación en el financiamiento. Tendremos un sistema mucho más unificado que nos permitirá mirar con más detalle los resultados. Administrativamente será más simple para las EPS. No tendrán que prestarle plata al sistema y tendrán liquidez. A cambio deben hacer una gran gestión para ejecutar esos recursos y ofrecer un servicio integral”.
Aunque, en principio, la resolución pretende poner fin a los recobros y a las malas prácticas que suelen esconderse tras muchos de ellos, no a todos les parece buena idea. Para sacarla a adelante el Ministerio de Salud hizo varias reuniones y mesas de concertación con diferentes actores en las cuales quedaron claras las diferencias.
Uno de los principales interrogantes tenía que ver con la capacidad de gestión de las EPS. ¿Cómo garantizar esa buena gestión de las EPS cuando sobre varias ha caído una lluvia de críticas por malos manejos? Gustavo Morales, presidente de Acemi, el gremio de las EPS, le había dicho a este diario en diciembre que la mayoría de ellas estaban en capacidad de asumir esa tarea y había prometido un juicioso seguimiento para que el proceso se llevar a cabo de manera correcta.
Óscar Andia, director del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica, no era optimista. “Es una apuesta muy arriesgada que podrá ser exitosa para los actores con poder que están asegurando sus beneficios, pero puede resultar catastrófica para el sistema de salud y son pocas las voces que están alertando sobre sus implicaciones. Es una política en la que todos los recursos y los problemas se trasladarán a las EPS”, le advirtió aquella vez a El Espectador. “¿Están las EPS suficientemente maduras para asumir la gestión y administración de los recursos POS y no POS? Son pocas las que demuestran suficiencia administrativa y financiera”