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Una preocupación recorrió los pasillos del Congreso Latinoamericano de Nutrición 2026, celebrado en Santiago de Chile. En Argentina, el Gobierno impulsa un proyecto para derogar la ley de etiquetado frontal. En Colombia, iniciativas legislativas buscan eliminar los impuestos a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados. En Chile y México, donde estas regulaciones llevan años en marcha y han sido un ejemplo para el mundo, persisten controversias sobre su alcance y aplicación. Los investigadores reunidos en el encuentro recogieron firmas e hicieron llamados para defender estas medidas con la evidencia científica que las respalda, en gran parte producida por la comunidad académica.
“La preocupación tiene que ver con quién decide lo que ocurre en nuestros sistemas alimentarios”, resume Camila Corvalán, referente latinoamericana en nutrición pública y políticas alimentarias, con una trayectoria centrada en la prevención de la obesidad y en la evaluación de políticas para mejorar la alimentación. Corvalán, quien preside la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN), cree que “lamentablemente esas decisiones no están en manos de los consumidores ni tampoco de quienes producen los alimentos, sino de las grandes corporaciones, cuyos intereses son económicos y no de salud”.
“Sé la discusión que hay en Colombia. Leí en un artículo de ustedes (El Espectador) y un diputado decía: “Muéstrenme que funciona". Yo le digo: “Muestreme que no funciona”. Y además decía: "Muéstrenme que funciona para Colombia”. ¿Los colombianos son marcianos? ¿Son indiferentes al resto de la humanidad?”, dice Guillermo Paraje, economista, profesor titular de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctor en Economía por la Universidad de Cambridge y una de las personas que más ha estudiado en Latinoamérica la evidencia económica sobre las políticas de salud pública.
Paraje ha asesorado a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Mundial y la UNICEF. En 2018 recibió un reconocimiento de la OMS por sus contribuciones a la economía del control del tabaco. “Si tenemos resultados para otros países de políticas públicas como el etiquetado nutricional de advertencia, ¿por qué esa medida no habría de funcionar en Colombia? ¿Por qué los resultados no serían los mismos?”, continúa. Con evidencia, Paraje se refiere, entre otros, a estudios como uno realizado en México durante 2021, que encontró que los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos de alta densidad energética se asociaron con una menor probabilidad de caries dental.
En Chile, agrega Paraje, “se ha logrado demostrar que bajó el sobrepeso y la obesidad en niños de cuatro, cinco y seis años. Efectos causales, no modelajes. Eso estuvo directamente vinculado a la implementación del etiquetado, porque controlamos por cohortes; además, acaba de salir un artículo que dice que el gasto en salud de los niños en Chile con sobrepeso y obesidad duplica al de los que tienen un peso ‘normal’”.
“Entonces, hay resultados. ¿Están todos los resultados que queremos? No, y no van a estar nunca”, reconoce el investigador.
“Escucho que algunos en Colombia dicen: Pero es que en países que implementaron estas medidas, la obesidad y el sobrepeso siguieron subiendo. Y sí, ¿qué esperaban? ¿Que esto fuera la solución definitiva al problema de la obesidad en el mundo? No hablamos lo suficiente del principio de precaución porque siempre nos exigen que demostremos que funciona, pero nunca se les exige a ellos que demuestren lo contrario”. Para evaluar estas políticas, explica, hay que observar primero si cumplen sus objetivos inmediatos. “Si vemos que cambiaron las decisiones de compra y la alimentación, ya son resultados que nos indican que la política va en la dirección correcta”.
Andrea Graciano, nutricionista, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, una referente argentina en políticas alimentarias y una de las impulsoras de la ley de etiquetado frontal de alimentos en ese país, comparte una opinión similar a la de Paraje. “Ninguna política, por sí sola y aislada de todo lo demás, es una bala de plata. Se necesitan regulaciones integrales que aborden esta problemática en toda su complejidad”, dice.
En ese sentido, el etiquetado frontal, señala Graciano, busca “garantizar el derecho a la información y abre la posibilidad de transformar las decisiones de compra. La evidencia muestra que esas decisiones cambian, porque las personas empiezan a elegir productos con menos sellos o sin ellos, y el consumo se va volcando hacia alimentos naturales o mínimamente procesados”.
Hasta ahora, agrega, “no se han reportado afectaciones negativas al empleo o a la industria atribuibles a estas políticas en los países”.
Un ejemplo de esa evaluación está en México. Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México y uno de los investigadores que más ha seguido de cerca la transformación de las políticas alimentarias en América Latina, cuenta a El Espectador que allí tienen un programa de evaluación para documentar los beneficios de estas políticas en distintos niveles.
“Hemos visto que las políticas tienen beneficios en la conducta de las personas, en la comprensión de la importancia de las dietas saludables, en la salud. Y tienen beneficios positivos en la economía y no afectan a las empresas, como ellos (un sector de la industria) dicen”.
Barquera destaca cinco medidas que México ha tomado en años recientes: los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos de alta densidad energética, vigentes desde 2014 y actualizados desde entonces; el etiquetado frontal de advertencia, que, dice, ha impulsado una reformulación masiva de productos; las restricciones a la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a la infancia; unas nuevas guías alimentarias que promueven el agua y los alimentos naturales o mínimamente procesados; y la prohibición de vender comida chatarra y refrescos en las escuelas, aprobada en 2025 y cuya implementación comenzó en 2026.
Sobre esta última medida, Barquera detalla que la disponibilidad de la comida “chatarra” en las escuelas ya se redujo en un 50 % y espera que desaparezca por completo.
“Las corporaciones están muy interesadas en desacreditar todas estas intervenciones, en decir que no funcionan, y más bien lo que encontramos con nuestro programa de estudios en México es que son políticas que están teniendo un impacto”, dice el investigador mexicano. Obviamente, agrega, “no es un efecto enorme que se vaya a conseguir de un día para otro, porque el problema de las enfermedades crónicas se gestó en 20 o 50 años”.
Por eso, todos ellos piden hacer, en ese sentido, preguntas un poco distintas.
Sí, ninguna medida puede reducir la obesidad o el sobrepeso por sí sola y de manera inmediata o cortoplacista, pero, se pregunta Paraje, ¿cuánto hubiera crecido la obesidad o el sobrepeso en adultos en América Latina sin la implementación de estas medidas? “Nosotros lo que estamos viendo es que acá en Chile bajó en niños y niñas”. A lo mejor, dice el economista, “en adultos siguió subiendo, pero no lo hizo al ritmo que traía antes”.
En México, de hecho, algunas de las gráficas que presentó Barquera durante el congreso apuntan a un posible cambio en la tendencia de la obesidad. Un documento del Instituto Nacional de Salud Pública de ese país plantea que, sin intervenciones multisectoriales sostenidas como las que se han tomado en ese país, la prevalencia de obesidad en adultos podría pasar del 37 % en 2025 al 45 % en 2030 y al 48 % en 2040. Frente a ese panorama, el objetivo de la política pública mexicana de aquí a 2030 no es eliminar la obesidad o el sobrepeso, y ni siquiera detener por completo su crecimiento.
En el escenario plausible, los investigadores esperan mantener la prevalencia de obesidad en adultos por debajo del 38 %, lo que implica limitar su aumento a no más de 0,18 puntos al año durante los próximos cuatro años.
“Encarecer lo no saludable, abaratar lo saludable”
Paraje hace un par de muecas cuando le preguntan por los “impuestos a los ultraprocesados” utilizando exactamente esas palabras. La categoría de “ultraprocesados” genera todavía un par de discusiones, especialmente por la heterogeneidad de los productos que agrupa. Aunque existen sistemas de clasificación, como NOVA, que definen los ultraprocesados a partir de la naturaleza y el propósito de los procesos industriales y los ingredientes utilizados, no todos los productos de esta categoría tienen la misma composición nutricional ni representan necesariamente los mismos riesgos para la salud.
Por eso, cuando habla de esta política, implementada en países como Colombia y México, Paraje prefiere referirse a impuestos sobre determinados ingredientes o componentes de los productos. Bajo esa lectura, Colombia no aplica un gravamen a “ultraprocesados”, sino a la presencia de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas por encima de la norma.
En todo caso, y cuando se tiene que referir a si funcionan o no, el economista chileno es bastante directo:“Los impuestos dan para lo que están diseñados. Si a partir de un umbral se aplican impuestos, la industria reformula justo por debajo de ese umbral; y los productos que lo superan, suben de precio y su compra cae. Eso no es ningún mecanismo secreto”.
Mucho más complejo, sin embargo, es lo que hay detrás o hace necesario ese mecanismo. Paraje indica que una de las claves para entender las decisiones de compra es la asequibilidad: cuánto tiempo de trabajo o qué proporción de los ingresos necesita una persona para adquirir un producto.
“Entonces, yo necesito dos minutos para comprar una manzana; si al año siguiente requiero tres minutos de mi trabajo, en lugar de dos, ese alimento se volvió menos asequible”. Con los productos poco saludables, añade, el objetivo es que pierdan asequibilidad; con los saludables, por el contrario, que sean más asequibles.
Lo que ha pasado en países como Chile, dice, es que durante los últimos años los postres azucarados y el pan ganaron asequibilidad. Lo mismo, agrega, ocurrió con el alcohol, que hoy tiene el mismo precio real en Chile que tenía en 1974. Algo similar sucede en Colombia.
En el caso de las bebidas azucaradas, por ejemplo, se volvieron más asequibles en 79 de 82 países entre 1990 y 2016, según una investigación publicada en 2017 en una revista de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. No necesariamente porque fueran más baratas, sino porque los ingresos crecieron más rápido que sus precios.“Cuando tenía 10 años, tomarse un litro de gaseosa era un evento extraordinariamente raro, porque era caro. Muy costoso. Hoy, y según la zona, puede ser más barato que comprarse una botella de agua”, dice Paraje, quien estudió la evolución de la asequibilidad en América Latina. Su estudio, publicado un año después, encontró que en nueve de los quince países analizados la asequibilidad de las bebidas azucaradas o la cerveza aumentó de manera estadísticamente significativa.
En el caso de las bebidas azucaradas, la asequibilidad absoluta aumentó en cinco países: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, mientras que solo disminuyó en México. Para la cerveza, incrementó en Colombia y Ecuador, se mantuvo sin cambios significativos en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, y redujo solo en México.
“Frente a esta mayor asequibilidad, que combina el aumento de los ingresos de las personas con la capacidad de comprar más productos por el mismo dinero, uno no quiere afectar el ingreso de las personas, sino subir los precios de los productos”, asegura Paraje.
Sin embargo, reconoce que en la región la discusión se complica más. La dificultad, explica, está en que América Latina enfrenta al mismo tiempo problemas de desnutrición, sobrepeso y obesidad, en medio de profundas e históricas desigualdades en el acceso a los alimentos.
Según cifras de organismos como la FAO, la OMS y UNICEF, el 29,9 % de los adultos de la región —unos 141 millones de personas en 2022— vivía con obesidad, mientras que 4,2 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso. Al mismo tiempo, el 28,2 % de la población sufría inseguridad alimentaria moderada o grave; el 11,5 % de los menores de cinco años presentaba retraso del crecimiento y el 17,2 % de las mujeres de entre 15 y 49 años tenía anemia. Más de 30 millones de personas sufren, directamente, de hambre.
Son muchas cifras, pero quizás ayudan a dimensionar por qué, para Paraje, poner impuestos a ciertos componentes o ingredientes de los productos es necesario, aunque no suficiente.
“No hay que ser ningún genio para pensar en políticas que puedan funcionar”, dice el chileno. Y enumera: primero, abaratar lo saludable.
Segundo, encarecer lo que enferma: “es decir, poner impuestos, poner restricciones a la publicidad, al marketing, todo lo que desincentive el consumo de productos que sabemos que no son saludables, informar y proteger a la población de una manera fácil y efectiva”.
Y tercero, “usar la recaudación, si se puede, para financiar acciones de promoción de la salud o de dietas saludables. Esto a los economistas no nos gusta mucho, pero si sirve para adoptar las políticas que deben adoptarse, hay que hacerlo”, dice Paraje.
Invertir es retribuible
A muchos nutricionistas no les gusta plantear el derecho a la alimentación en términos de beneficios económicos. Sostienen que garantizar una alimentación saludable no debería depender de cuánto dinero ahorra o genera para un Estado. Sin embargo, aunque todos dicen estar de acuerdo con eso, otros creen que cuantificar una que otra cosa permite dimensionar, sobre todo para los tomadores de decisiones, el costo de no actuar ahora.
Paraje tiene algunos datos en ese sentido. Las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad aumentan los gastos médicos de las familias y los sistemas de salud y tienen consecuencias sobre la educación, el trabajo y los ingresos futuros. “Eso afecta el ciclo de ingresos de estos niños, es decir, que probablemente niños con sobrepeso y obesidad que vayan menos a la escuela tengan menores ingresos en el futuro”, señala el investigador chileno, lo que, agrega, afecta directamente “las posibilidades de crecimiento de un país”.
La OCDE estima, por ejemplo, que las enfermedades vinculadas al sobrepeso y la obesidad podrían reducir en 2,7 años la esperanza de vida al nacer en países como Colombia, México, Chile, Brasil, Costa Rica y Argentina. Se perdería el equivalente a 54 millones de trabajadores a tiempo completo al año por sus efectos sobre la salud y la productividad. “Cuando uno piensa en que las empresas dicen que se van a perder empleos cuando se regula, no hay nada más contrario al trabajo en un país que morirse. O que no ir a trabajar por enfermarse”, añade Paraje. En promedio, el impacto rondaría el 3,3 % del PIB de esos países.
“Las enfermedades y las muertes causadas por alimentación no saludable tienen un costo para la familia, tienen un costo para la sociedad, tienen un costo para las generaciones futuras”, concluye el economista.
Por otro lado, invertir en políticas de prevención también puede generar beneficios económicos. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que Paraje conoce de memoria, por cada dólar invertido en promover dietas saludables se obtienen US$12,80 en beneficios económicos. Para comparar, el conjunto de intervenciones costoefectivas contra las enfermedades no transmisibles analizadas por la OMS genera, en promedio, US$7 por cada dólar invertido. Según esas proyecciones, las medidas podrían contribuir a salvar 8,2 millones de vidas hasta 2030 y generar US$350.000 millones en beneficios económicos, gracias a los costos evitados y a una mayor productividad.
Mientras tanto, los científicos intentan movilizarse. “Hemos empujado desde el Congreso una serie de cartas de apoyo en relación a lo que está ocurriendo con el etiquetado y con las medidas fiscales en algunas zonas de nuestra región”, dice Corvalán.“Resulta importante que las comunidades académicas y científicas muestren claramente cuál es el camino y que tratemos de redirigir esa influencia indebida en las políticas públicas”.
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Melmalo(21794)•30 de octubre de 2026 – 09:49El billete manda.
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Ptolomeo(73769)•30 de octubre de 2026 – 06:24En Colombia se va a implementar una gran reforma tributaria que afectará los alimentos básicos como avena, café entre otros, mientras se pretende desgravar a los ultraprocesados beneficiando a los empresarios productores como los Guilinsky con nutresa y perjudicando en la salud a la mayoria de colombianos que compran estos productos dañinos para la salud
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Carmen(d6co2)•30 de octubre de 2026 – 05:09Qué comentario tan lleno de rencor, maleducación y amargura. el mismo comentario se puede hacer decentemente.
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Elvis(21348)•29 de octubre de 2026 – 20:33Es increíble y preocupante que ante tanta evidencia, se está abriendo camino en el congreso de Colombianos la eliminación de ,as etiquetas en los procesados. Da mucho que pensar en estos congresistas, entre ellos Daniel Briceño, que brillaba por su audacidad y trasparencia y ahora, sin más argumentos que la retórica, quieren eliminar estas etiquetas.
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Jose(18935)•29 de octubre de 2026 – 20:04Ese es el reflejo que los congresistas legislan para quienes les dan aporte económico para sus campaña, sin importarles que los colombianos tengan enfermedades y se vean perjudicados.
