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El Ministerio de Salud, a través de un comunicado, reiteró que seguirá respaldando las medidas tributarias que fueron adoptadas en el decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica. Entre estas disposiciones se encuentra el incremento del IVA a licores, vinos y aperitivos.
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De acuerdo con la cartera, el aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y al tabaco corresponde a una “decisión plenamente constitucional, técnica y sustentada en evidencia científica”. Esa evidencia, añade el ministerio, no solo apunta a fortalecer las finanzas públicas en un contexto como el de la emergencia, sino también a proteger de manera efectiva la salud de la población.
A los ojos de la cartera, estos impuestos al tabaco y a las bebidas alcohólicas constituyen una de “las herramientas más costo-efectivas disponibles para los Estados al momento de reducir los efectos nocivos asociados al consumo de estos productos”.
Para sustentar este argumento, la cartera cita varios estudios avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros organismos internacionales. En ellos se señala que el incremento de precios mediante impuestos saludables modifica los patrones de consumo, especialmente entre poblaciones jóvenes y en situación de mayor vulnerabilidad económica.
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La cartera pone especial énfasis en el caso del tabaco y advierte que Colombia presenta un rezago significativo frente a otros países de la región, al mantener uno de los precios más bajos de los cigarrillos. “El país se ubica entre los cinco más baratos, según datos del Observatorio Global de Salud de la OMS, con marcas que se comercializan por debajo de dos dólares, frente a un promedio regional de 5,1 dólares”, se lee en el documento.
Además, el ministerio explica que, con base en proyecciones técnicas, estas medidas permitirían reducir el consumo de vino en un 20 % y el de bebidas espirituosas en un 16 %.
Sin embargo, estos cambios no han sido bien recibidos en todos los sectores. Mientras el Gobierno defiende las medidas desde un enfoque de salud pública, 15 gobernadores del país anunciaron que no aplicarían estas decisiones tributarias en sus territorios.
Los mandatarios regionales cuestionan el aumento de impuestos al tabaco y a los licores (los impuestos de emergencia económica exceptúan a la cerveza, como explicamos en este artículo) y advierten que estos recaudos financian, en buena parte, los presupuestos departamentales.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, por ejemplo, dijo que la emergencia económica afectará los ingresos de las regiones, pues “los principales recursos” para sectores como salud, educación y deporte provienen de estos impuestos.
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En la misma línea, Andrés Julián Rendón (Antioquia) y Magali Matiz (Tolima) también expresaron su malestar al considerar que la emergencia decretada por el presidente Gustavo Petro es, a su juicio, inconstitucional y pone en riesgo “la estabilidad financiera de las entidades territoriales y, con ello, la inversión y los recursos para la atención en salud, educación y deporte en todas las regiones del país”.
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