Para este martes 14 de octubre estaba previsto que se realizara el juicio contra José Fernando Cardona, expresidente de Nueva EPS, la más grande del país, con más de 11 millones de afiliados. La acusación, sin embargo, tuvo que ser aplazada.
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La explicación apunta a que la Fiscalía no habría entregado a la defensa el escrito de acusación completo contra Cardona. Entonces, una vez se advirtió sobre esta situación, el juez de conocimiento ordenó al ente acusador remitir de manera inmediata la documentación faltante con el fin de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso.
No se conocen las razones por las cuales la Fiscalía no anexó el documento probatorio, pero se sabe que ya hay fecha para la reanudación de la audiencia. Será el próximo martes 25 de noviembre y se realizará de forma presencial.
Como lo explicamos en este artículo, Cardona deberá comparecer ante el Juzgado 54 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, en una audiencia de formulación de acusación. En esa diligencia, la Fiscalía General de la Nación presentará formalmente una serie de cargos por presuntos malos manejos financieros durante su gestión al frente de la entidad.
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La Fiscalía investiga específicamente que, entre 2019 y 2023, Cardona y tres funcionarios más habrían dejado de tramitar parte de la facturación enviada por las clínicas y hospitales contratados por Nueva EPS. Ese comportamiento ha sido descrito por altos funcionarios del Gobierno Nacional y por los interventores que han asumido la dirección de la entidad desde abril de 2024 como un “ocultamiento de facturas”, supuestamente diseñado para mostrar una situación financiera más favorable de la que realmente tenía la EPS.
Cabe recordar que en el escrito de acusación de la Fiscalía no se mencionan las dos cifras que el presidente y el Ministerio de Salud han repetido públicamente: COP 5,5 billones y 12 (o 14) millones de facturas “escondidas”.
El documento se limita a señalar, de manera general, la presunta existencia de una política “conocida por cada una de las áreas de la alta dirección y consultada por las mismas, a través de los sistemas de información dispuestos por la Nueva EPS”, mediante la cual se habría decidido procesar solo una parte de la facturación que realmente se radicaba en la entidad.
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La única cifra que sí aparece en ese documento es la de COP 70.566 millones. La Fiscalía sostiene que Cardona habría permitido que Nueva EPS se beneficiara de esa suma entre 2019 y 2022. Por esto, el exdirectivo afronta cargos por peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal y administración desleal.
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