Entre las medidas que el Gobierno puso en marcha en el marco de la emergencia económica para aumentar el recaudo, hay una que está generando mucho ruido en el comercio y los medios: los cambios a los impuestos sobre algunos licores. Lo primero que hizo el Gobierno fue definir que el IVA a licores, vinos, aperitivos y similares suba al 19 % (estaba en el 5%, lo que les brindaba un trato preferencial).
El segundo cambio, y el más relevante, está en el impuesto al consumo. Para 2026, el decreto establece dos componentes. Por un lado, un cobro fijo de $750 por cada grado de alcohol en una botella de 750 mililitros. Por otro, un cobro adicional del 30 % sobre el precio de venta al público, antes de impuestos. Así, entre más alcohol tenga el producto y más alto sea su precio, mayor será el impuesto a pagar.
El Gobierno Nacional ha defendido estos cambios con argumentos de salud pública. En el decreto, se señala que “el consumo de alcohol genera externalidades negativas significativas sobre la salud y los sistemas sanitarios”. Como respaldo, el texto cita a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima que el alcohol es responsable de alrededor de 2,6 millones de muertes al año, lo que equivale al 4,7 % de la carga mundial de morbilidad y mortalidad. Según la norma, los efectos del alcohol van más allá del ámbito sanitario. “El consumo de alcohol no solo afecta la salud de la población, sino que también genera impactos negativos en las finanzas públicas, la pobreza, la violencia, entre otros desenlaces no deseados”, se lee.
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El presidente Gustavo Petro ha defendido las medidas en la misma línea. En una respuesta publicada en X, tras las críticas por el aumento de precios que implican estos cambios, sostuvo: “¿Cómo así que no hay que castigar el alcohol cuando es la droga que más produce muertes y daños en los presupuestos de salud? Menos alcohol en las personas y en la sociedad es productivo y beneficioso para la vida. Aquí no se trata de recaudar más, sino de consumir menos; el ingreso que sobra por consumir menos alcohol no va al Estado, sino a un mejor vivir de la familia”.
Todo eso es cierto y hay incluso cifras más preocupantes. Hace poco explicábamos en esa nota que investigadores del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (Proesa) de la Universidad Icesi estiman que, solo en 2019, por ejemplo, el consumo de alcohol causó la pérdida de 357.866 años de vida en Colombia. La mayor parte de esos años perdidos se debe a lesiones (como accidentes de tránsito, caídas o hechos violentos), que representan un 70%.
El presidente olvida, sin embargo, un elemento clave. Durante 2022 (año del último registro), en Colombia se consumieron aproximadamente 3.200 millones de litros de alcohol. Mucho más que en 2019, el año previo a la pandemia de covid-19, cuando el consumo rondaba los 2.500 millones de litros, y bastante más que en 2005, cuando apenas llegaba a unos 1.800 millones. ¿Cuál es el detalle que olvida el Gobierno? Que la cerveza concentra más del 95 % de ese consumo.
Para entender esto, hay que explicar que en Colombia los impuestos al alcohol están fragmentados por tipo de bebida: cervezas, licores (aguardiente, whisky, ron, etc.) y vinos, cada uno con un diseño tributario distinto. En general se aplican dos tipos de impuestos: el “ad valorem”, que se calcula como un porcentaje del precio de la bebida, y el “específico”, que se calcula según el grado alcohólico de cada producto. Mientras las cervezas pagan el ad valorem, los licores y vinos combinan ambos impuestos. En cuanto al IVA, los licores, vinos y aperitivos pagaban (hasta este decreto) una tarifa del 5%, mientras que las cervezas pagan la del 19%.
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Desde hace años, investigadores que estudian el tema, como en PROESA, de la Universidad Icesi, vienen proponiendo un modelo más simple y consistente en el tiempo para gravar el alcohol, con un objetivo claro: subir de manera efectiva el precio de todas las bebidas alcohólicas y, con ello, reducir su consumo.
Su planteamiento tiene dos pilares. El primero es una tarifa ad valorem del 30 % igual para todas las bebidas (incluyendo la cerveza), que se cobraría sobre el precio que paga el consumidor. Según la evidencia, este tipo de impuesto es el más eficaz para encarecer el producto final, porque se ajusta automáticamente a las diferencias de precio entre bebidas baratas y costosas, sin excepciones. El segundo es un cobro específico de 1.000 pesos por cada grado alcohólico en un litro, aplicable a todas las bebidas y con una actualización anual de inflación más cuatro puntos porcentuales, para evitar que el impuesto pierda efecto con el tiempo.
Los cambios adoptados por el Gobierno, sin embargo, van en otra dirección. Aunque incluyen un componente ad valorem del 30 %, este se combina con un cobro específico menor —750 pesos por grado alcohólico en una presentación de 750 mililitros—. Además, el decreto no unifica el tratamiento de todas las bebidas alcohólicas: los cambios se concentran en licores, vinos, aperitivos y similares, pero dejan por fuera, nuevamente, a la cerveza, que sigue bajo su esquema tributario actual. Si el propósito, como ha dicho el presidente, no es recaudar más sino reducir el consumo por razones de salud pública, la pregunta entonces parece inevitable: ¿qué sentido tiene no tocar la bebida alcohólica más consumida en el país?
Con la cerveza ocurre, además, algo muy especial y que no ocurre posiblemente con ninguna otra cosa, como lo explican los investigadores de PROESA. En términos reales, la cerveza se ha vuelto un producto cada vez más barato en Colombia cuando se compara con el resto de bienes de la economía. Sus estudios, que siguen esta tendencia desde comienzos de los años 2000, muestran una caída sostenida en el precio real de la cerveza: hoy, comprar una cerveza es más barato —en poder adquisitivo— que hace una década e incluso que a principios de siglo.
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Esa reducción ha hecho que el alcohol sea cada vez más accesible. Según los cálculos de PROESA, entre 2016 y 2022 la asequibilidad de la cerveza aumentó cerca de un 25 %. Mientras en 2016 un salario mínimo alcanzaba para comprar alrededor de 281 litros de cerveza al precio de fábrica, en 2022 esa cifra llegó a casi 359 litros. Si se toma el precio al consumidor final, el aumento también es claro: se pasó de 110 a 124 litros en ese mismo periodo.
“Muchas veces la gente dice: ‘Ah, sí, pero la cerveza es la que tiene menor contenido de alcohol’. Eso es cierto, pero hay matices muy importantes que no se están viendo en esa afirmación”, nos explicaba Juan Camilo Herrera, investigador asociado de PROESA. Para entender eso, hay que mencionar un indicador más amplio, conocido como el consumo de alcohol per cápita (APC, por sus siglas en inglés), que mide la cantidad total de alcohol puro que consume, en promedio, cada persona mayor de 15 años en un año, expresada en litros de alcohol puro. Es una medida internacional estandarizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En Colombia, el APC alcanzó en 2022 cerca de 4,8 litros por persona mayor de 15 años, la cifra más alta registrada en casi dos décadas. Y este aumento está impulsado, principalmente, por la cerveza, y no por los vinos o aguardientes.
El asunto es que el APC es el indicador que se asocia de forma más directa con la carga de enfermedad atribuible al alcohol. Estudios epidemiológicos y reportes como el Global Status Report on Alcohol and Health de la OMS muestran que, a mayor consumo promedio de alcohol puro per cápita, mayor es la incidencia de enfermedades (como cirrosis hepática, distintos tipos de cáncer relacionados con el alcohol, trastornos mentales y enfermedades cardiovasculares), así como de muertes por causas externas, entre ellas accidentes y hechos de violencia.
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