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Pacientes Colombia, una organización que reúne a casi 200 asociaciones de pacientes, ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la “posible comisión del delito de fraude a resolución judicial y otras conductas punibles que se determinen en el curso de la investigación”, según comunicó.
La denuncia señala que el jefe de cartera habría incumplido “de forma consciente, reiterada y material” varias órdenes de la Corte Constitucional en el seguimiento de la sentencia que declaró fallas estructurales en el sistema de salud, la T-760 de 2008, y sus autos de cumplimiento. Las organizaciones apuntan, particularmente, a lo relacionado con la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor anual que el Gobierno Nacional paga a las EPS por cada afiliado para cubrir sus servicios de salud. También se refieren a los presupuestos máximos con los que se financian servicios y tecnologías sanitarias no cubiertas por la UPC.
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Para Pacientes Colombia, estas presuntas omisiones y decisiones administrativas han “puesto en riesgo la estabilidad del sistema de salud y la efectiva garantía del derecho fundamental a la salud de millones de usuarios”. La denuncia asegura que el Ministerio de Salud habría incurrido en prácticas contradas a lo ordenado y a las advertencias explícitas de la Corte Constitucional en los autos 2881 de 2023, 2049 de 2024, 007 de 2025, 504 de 2025 y 2049 de 2025.
Por ejemplo, dicen, la cartera no ha expedido un acto administrativo que unifique los presupuestos máximos para toda la vigencia anual, ha realizado pagos tardíos e insuficientes y ha establecido el valor de la UPC basándose en la inflación, en vez de estudios técnicos completos.
“La Corte ha calificado estos comportamientos como incumplimientos generales en materia de suficiencia financiera del sistema”, afirman las asociaciones. “La denuncia también advierte que las mesas técnicas ordenadas por la Corte para revisar la suficiencia de la UPC se habrían utilizado como un mecanismo meramente formal, sin deliberación real, con restricciones de acceso a la información, exclusión de actores clave y decisiones ya predeterminadas por el Minsalud”.
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Pacientes Colombia reitera que estas organizaciones, así como otros actores del sistema de salud, han señalado que sus aportes técnicos no fueron tenidos en cuenta y que no se habría garantizado una participación efectiva durante las mesas. Incluso han dicho que, en el marco de esas mesas, voceros del ministerio habrían manifestado la decisión de no cumplir plenamente las órdenes judiciales.
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, subraya que “lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país. Consideramos que la conducta del ministro constituye un patrón deliberado de elusión de decisiones judiciales vinculantes mediante actos aparentes de cumplimiento, que además son ineficaces”.
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En su escrito, las asociaciones piden que se decreten medidas cautelares urgentes, que incluyan la protección de denunciantes y testigos ante eventuales represalias, así como la evaluación de suspender temporalmente las funciones del ministro Jaramillo que se relacionan con la definición de la UPC y el giro de recursos, en tanto avancen las investigaciones. Las organizaciones plantean que estas medidas son claves para evitar que se prolongue un “escenario de desfinanciamiento que ya está afectando a la atención, la oportunidad y la continuidad de los servicios sanitarios”.
Pacientes Colombia hace un llamado para que se respeten las decisiones de la Corte Constitucional y que se adopten medidas estructurales para garantizar que los recursos del sistema de salud sean suficientes, así como la protección del derecho fundamental a la salud de la población.
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