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La Procuraduría General de la Nación pidió a la Superintendente Nacional de Salud Ad Hoc para Nueva EPS, Luz Marina Munera, ejercer medidas de vigilancia y control a los planes de acción que busquen evitar poner en riesgo la vida e integridad física de los pacientes, así como la destinación de los recursos de la salud.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social solicitó que se le de a conocer el plan de trabajo dirigido a lograr el cierre, certificación, dictamen y aprobación de los estados financieros para las vigencias 2023 y 2024.
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En específico, el Ministerio Público aspira que se le suministren datos relacionados con la legalización de anticipos a la red prestadora, proveedores de servicios, tecnologías en salud, la estabilización en la radicación y procesamiento de cuentas médicas, contabilización, entre otros.
La Procuraduría también pidió “información y medidas adoptadas con soportes acerca del giro de los recursos respecto al procesamiento y auditoría de cuentas médicas, la ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica, etc”, según comunicó. El órgano de control requirió que este informe le sea remitido por parte de la EPS dentro de los próximos cinco días hábiles.
Los recientes cuestionamientos a Nueva EPS
La solicitud llega tras los insistentes llamados a Nueva EPS, la más grande del país, con más de 11 millones de afiliados, para que se proteja el derecho fundamental a la salud de sus afiliados. Cabe recordar que, en días recientes, esta EPS ha estado en el centro de la polémica por la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años diagnosticado con una enfermedad rara, hemofilia A severa, que falleció el pasado 13 de febrero.
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Tras tener un accidente en bicicleta, el menor fue trasladado desde Pitalito, en Huila, al Hospital la Misericordia, en Bogotá, donde murió en cuidados intensivos. Su madre, Katherine Pico, señaló retrasos en la autorización del traslado por parte de Nueva EPS, así como la falta de entrega por parte de esta entidad de Emicizumab, un medicamento vital para tratar su enfermedad. A pesar de que se le debía administrar cada 28 días, Kevin no lo recibía desde el pasado 12 de diciembre.
Ante la situación, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que el menor fue una “víctima más de las fallas en la disponibilidad y el acceso a medicamentos que hoy enfrentan miles de colombianos, para acceder a tiempo a tratamientos determinantes para su salud”.
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Por su parte, Nueva EPS se pronunció sobre el caso. A través de un informe, indicó que, a mediados de noviembre de 2025, la mamá de Kevin había solicitado trasladarse por cuatro meses de Pitalito a Charalá. En este municipio, dijo la entidad, se gestionó la articulación con el prestador Integral Solutions para continuar con el tratamiento. Según la EPS, el 27 de enero Kevin tenía una cita para aplicarse la profilaxis.
Sin embargo, según Nueva EPS, la madre del menor habría acudido el 28 de enero a la oficina en Pitalito, solicitando la terminación del traslado. “El cambio de municipio generó un retraso en la aplicación correspondiente al ciclo mensual de medicamento”, apuntó, además de que aseguró que sí se realizó el agendamiento del tratamiento.
La Superintendencia Nacional de Salud anunció, el pasado miércoles 18 de febrero, que inició una “auditoría focalizada sobre el proceso de atención al menor Kevin, incluidas las barreras administrativas y la entrega del medicamento por parte de Nueva EPS y el prestador del servicio; así como el análisis del cumplimiento del protocolo, autorizaciones y suministro del tratamiento para la atención de la hemofilia diagnosticada al menor de edad”.
Dicha indagación verificará si se omitieron las normas vigentes en el sistema de salud sobre la entrega oportuna de medicamentos, así como las directrices para la atención de pacientes con enfermedades huérfanas, según indicó la Supersalud.
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