La Procuraduría General de la Nación ordenó abrir una investigación disciplinaria contra cinco agentes interventores de Coosalud EPS, la quinta más grande del país. La decisión se tomó tras revisar informes técnicos, jurídicos y financieros elaborados luego de una visita administrativa a la entidad.
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Como parte de la medida, la Procuraduría ordenó la suspensión provisional por tres meses de Alexander Mesa Romero, quien ejercía funciones como agente especial interventor de la EPS. La entidad aclaró que la suspensión no constituye una sanción definitiva, sino una medida preventiva dentro del proceso disciplinario.
De acuerdo con el organismo de control, mantener a Mesa en el cargo mientras avanza la investigación podría facilitar la reiteración de las conductas investigadas. La decisión implica su separación inmediata del cargo y la suspensión del pago de cualquier remuneración mientras esté vigente la medida.
En un documento de 24 páginas, la Procuraduría explicó que la investigación se originó en una serie de informes sobre la situación de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno. Estos documentos fueron entregados el 4 de febrero de 2026 por la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social.
Entre las entidades analizadas estaba Coosalud EPS, intervenida el 22 de noviembre de 2024. Los documentos relacionados con esta entidad fueron asignados a la Delegada para la Vigilancia Administrativa, que realizó el análisis correspondiente.
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El primer informe revisado, que dio origen a la investigación, se titulaba “Visita administrativa y de control de gestión a Coosalud EPS” y se elaboró a partir de una diligencia realizada el 14 de agosto de 2025.
Posteriormente, el documento fue ampliado en enero de 2026 para profundizar en la evaluación administrativa de la EPS. Allí se advertía sobre una “violación sistemática del derecho fundamental a la salud y la desestabilización financiera del sistema de salud”, por lo que la información fue trasladada a la instancia disciplinaria.
Con base en estos elementos, el despacho ordenó abrir investigación contra cinco funcionarios que se han desempeñado como agentes interventores de Coosalud EPS: Mauricio Camaro Fuentes, Gloria Libia Polanía Aguillón, Carlos Eduardo Franco Muñoz, Julio César Piñeros Cruz y Alexander Mesa Romero.
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La Procuraduría también ordenó comunicar la decisión a la Sala Disciplinaria de Instrucción de la entidad, aunque explicó que este paso no suspende la aplicación inmediata de la medida cautelar.
Ahora, el superintendente nacional de salud, Bernardo Armando Camacho, deberá ejecutar la suspensión y designar un reemplazo temporal mientras se mantiene vigente la medida. Esto ocurrirá una vez la Procuraduría le notifique formalmente la decisión.
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En el proceso disciplinario, los investigados podrán rendir versión libre si así lo solicitan. Además, se incorporarán al expediente los certificados de antecedentes disciplinarios, la información sobre su vínculo con la entidad, el salario devengado durante el periodo investigado y su última dirección registrada.
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