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Aún no se ha logrado agendar el tercer debate de la reforma a la salud y, por ahora, su trámite continúa estancando en el Congreso. Este miércoles 17 de septiembre, además del documento radicado para aplazar la presentación de la ponencia alternativa, se conoció una ponencia negativa presentada por el Centro Democrático.
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Esta ponencia, de 111 páginas, fue radicada por los senadores Honorio Henriquez y Alirio Barrera, de este partido, junto a otros integrantes de la Comisión Séptima de Senado. Por medio de un comunicado, explican que la decisión “está respaldada por un análisis exhaustivo y busca proteger el derecho a la salud de los colombianos, que se vería gravemente afectado por una reforma que, lejos de mejorar el sistema, lo pone en riesgo”.
Los argumentos principales expuestos por los senadores se concentran en tres aspectos: la inviabilidad fiscal, la falta de planeación y los riesgos que, a su juicio, traería la implementación de la reforma para la atención y la continuidad de los tratamientos de los pacientes.
Sobre la insostenibilidad fiscal, la ponencia señala que la propuesta del Gobierno carece de respaldo financiero claro. Según dicen, el Ministerio de Hacienda calculó que solo en su primer año la reforma costaría $109 billones, sin que existan fuentes de financiación definidas para cubrir esa suma.
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A los senadores también les inquieta las cifras sobre los ingresos del sistema de salud en los próximos años, las cuales, a sus ojos, son inconsistentes. Para explicarlo, citan las variaciones entre distintos informes.
Por ejemplo, mientras en septiembre de 2024 se estimaban $1.260 billones de ingresos para el periodo 2025-2034, en marzo de 2025 la cifra ascendía a $1.336 billones. “Un aumento de $76 billones sin respaldo sobre esas fuentes de financiación”, advierten, al tiempo que cuestionan la seriedad y la planeación de estas proyecciones.
Otro de los puntos que les genera preocupación a los senadores es que, a su juicio, la reforma duplica funciones, fragmenta responsabilidades y genera incertidumbre sobre la atención de los pacientes actuales, en especial aquellos con enfermedades crónicas, de alto costo o tratamientos permanentes.
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“La falta de un plan claro para la continuidad de los tratamientos, especialmente de pacientes con enfermedades crónicas, genera una gran incertidumbre y pone en peligro la vida de millones de personas”, se lee en la ponencia en la que además indican que “el proyecto no garantiza la continuidad en la atención para los pacientes que ya están en tratamiento”.
Otro punto que resaltan es la falta de claridad en el proceso de transición y el impacto en medicamentos, pues, según dicen, la reforma no define cómo funcionarán los Centros de Atención Primaria (CAPS) y las Redes Integrales, lo que, en su opinión, pondría en riesgo la provisión de fármacos y tratamientos y alertan de un posible desabastecimiento.
El último punto que comenta la ponencia es sobre el papel de la ADRES, conocida como el banco de la salud y que en el proyecto presentado será la única entidad encargada de manejar y distribuya los recursos de la salud. Su rol, a los ojos del partido y de los senadores, “no solo crearía una burocracia y menos transparente, sino que ya ha mostrado serias fallas”.
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