El presidente Gustavo Petro publicó este martes un extenso mensaje en su cuenta de X, en el que se refirió a la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano. Su pronunciamiento coincidió con nuevas alertas emitidas por el sector prestador, ante la entrada en vigencia del decreto 572 de 2025. Esta norma, que modifica el esquema de retención en la fuente para algunos servicios hospitalarios, ha generado preocupación entre gremios como la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, que advierten que podría agravar la situación financiera de las instituciones y ponerlas en riesgo.
La primera mención del presidente apunta a la deuda de $33 billones que, según la Contraloría, tienen las EPS con el sistema de salud. “En realidad la deuda de las EPS es muy superior”, dice el presidente. Y lo explica así: “Hoy, si se sumara toda la deuda histórica de todas las EPS al día de hoy, en valor de pesos del año 2025, ejercicio económico que no se ha hecho, porque han faltado economistas buenos en minsalud, o porque no han querido tenerlos, sino algunos proclives a esconder la verdad, y no se ha querido medir esta cantidad, que ante la Corte se debe presentar, para que se conozca la verdad, la deuda ascendería a más de 100 billones de pesos”, se puede leer.
No está claro cuál es la fuente o cálculos que justifican la cifra de los $100 billones. Lo que sí hay que recordar es que fue la Contraloría la que puso en el debate la deuda de $33 billones, con corte al 31 de diciembre de 2024, pero con algunas precisiones que hizo a El Espectador.
Precisiones sobre la deuda de las EPS
Como explicamos en esta nota de hace poco menos de una semana, esa cifra se divide en dos grandes rubros: $13,9 billones corresponden a servicios ya facturados y aceptados por las EPS, es decir, deudas que ya pasaron por revisión y conciliación, y que están en firme. Por otro lado, hay $9,7 billones por servicios ya prestados, pero que aún no han sido facturados, lo que implica que están sujetas a futuras auditorías y que podrían cambiar. A estas dos categorías se suma la deuda reportada por la Nueva EPS, estimada en cerca de $9 billones, pero sin soporte en estados financieros certificados para 2023 y 2024.
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Es decir, de los $33 billones, cerca de $14 billones tienen respaldo claro y son plenamente exigibles; alrededor de $10 billones aún pueden modificarse tras procesos de auditoría; y los $9 billones restantes siguen sin información contable verificada, por lo que su valor definitivo sigue siendo incierto. Para Ana María Vesga, directora de ACEMI, gremio de las EPS del régimen contributivo, hay que contrastar las cuentas. “Hay una constante y es la disonancia entre las cifras que reportan clínicas y hospitales y las que tienen las EPS. Así mismo, las que reporta ADRES. Cualquier saneamiento debe partir de ahí”.
Aun así, la Contraloría no es la única entidad que ha advertido el crecimiento de la deuda con hospitales y clínicas. El más reciente estudio de cartera, publicado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), señala que, con corte a diciembre de 2024, la deuda del sistema de salud con las 225 instituciones afiliadas a ese gremio que entregaron información asciende a $20,3 billones. Esto representa un aumento del 6,9 % (unos $1,3 billones) frente al estudio anterior, realizado a mediados del mismo año.
Petro continúa su mensaje de este martes de esta manera: “El sistema de intermediación financiera es, quizás, el mayor desfalco de dinero a la Nación en toda su historia. Las EPS desaparecieron, pero el dinero se quedó como patrimonio particular de los dueños de las EPS y de las empresa de gestores farmacéuticos. Los 100 billones están en sus manos sin que la justicia opere, excepto en el caso de saludcoop. La deuda debería ser pagada de esos patrimonios privados, que se hicieron con dineros públicos en desmedro de hospitales y clínicas públicas y privadas. Solo crecieron las clínicas privadas de los dueños privados de las EPS”.
Luego agrega que “de 157 EPS que existieron, ya solo quedan 2 solventes, muy pequeñas, que respetan los mínimos de las reglas financieras. El 89% de los afiliados en el país, no están asegurados por nadie, no hay reservas técnicas en las EPS”.
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Según el informe de la Contraloría, desde la creación del actual sistema de salud con la Ley 100 de 1993, 157 EPS fueron autorizadas para operar, de las cuales 29 continúan actualmente activas. Las otras 128 han sido liquidadas o se encuentran en proceso de liquidación entre el 2008 y el 2024. De las 29 EPS activas, 12 se encuentran en procesos de Intervención Forzosa Administrativa para Administrar, Intervención Forzosa Administrativa para Liquidar y Medidas Especiales, ordenadas por la Supersalud.
Y de esas mismas 29 EPS activas, 6 cumplen con las tres condiciones financieras y de solvencia (Capital Mínimo, Patrimonio Adecuado e Inversión de Reservas Técnicas). En términos de afiliados, esto significa que el 10,92% de los colombianos afiliados a una EPS esta en una entidad que cumple con los indicadores, mientras que, como dice el presidente, el 89.08% restante está en entidades que no cumple con esos mínimos financieros.
Las razones detrás del incumplimiento de pagos en el sistema de salud son múltiples y han sido objeto de amplio debate. Desde el Gobierno, tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han atribuido buena parte del problema a fallas de gestión y a deficiencias administrativas por parte de las EPS. Según esta visión, una mejor administración permitiría garantizar los pagos y mejorar la atención.
Sin embargo, distintos sectores del ámbito académico y político sostienen que hay causas estructurales que deben ser consideradas. Uno de los argumentos más comunes es que el monto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el dinero que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado, podría no estar siendo suficiente para cubrir los costos reales del sistema. Esa brecha entre ingresos y gastos habría contribuido al crecimiento de la deuda con clínicas y hospitales. Este enfoque también ha sido mencionado por la Corte Constitucional en su reciente fallo sobre la intervención a Sanitas. En esa sentencia, el alto tribunal indicó que la Supersalud debe tener en cuenta el contexto estructural del sistema y la suficiencia de la UPC al tomar decisiones sobre las EPS.
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Ahora, ¿es cierto, como afirma el presidente Gustavo Petro, que “las EPS desaparecieron, pero el dinero se quedó como patrimonio particular de los dueños de las EPS y de las empresas de gestores farmacéuticos”? “En el colapso, se mueven los vampiros tratando de sacar aún más dinero”, dice el mandatario. El debate es muy complejo y de vieja data.
Como explicamos en esta nota, intervenir una EPS siempre ha representado enormes desafíos, en especial de tipo financiero. Los interventores, en la mayoría de los casos, no cuentan con los recursos suficientes para garantizar la estabilidad de las entidades, lo que termina empujando a muchas hacia la liquidación. El gran problema es que, cuando una EPS se liquida, las deudas acumuladas con clínicas y hospitales suelen quedar en una especie de limbo jurídico y financiero, sin una ruta clara de pago o recuperación.
El más reciente informe de cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ilustra este panorama: de los $20,3 billones que les deben a las instituciones afiliadas al gremio, $2,4 billones provienen de EPS que ya fueron liquidadas o fusionadas. La mitad de esa cifra corresponde al régimen contributivo. Se trata de obligaciones difíciles de cobrar y que, en muchos casos, terminan impactando la sostenibilidad de los prestadores de salud.
Petro defiende sus intervenciones
El presidente continúa su mensaje en X haciendo alusión a la situación de los medicamentos y defendiendo la intervención que ha hecho su gobierno de las EPS.
“A los pocos gestores farmacéuticos se les ocurrió ‘cartelizarse’ y poner altos precios a los medicamentos, acaparándolos, el estado puede comprobar que ha pagado el 90% de los medicamentos importados, y se compraron todos los de las tres ramas de enfermedad más costosa. No se encuentra en farmacias o se niegan a los pacientes, provocando la mayor parte de las PQRs, que son las quejas ciudadanas, se aumenten. Sin embargo, hoy hay menos que hace seis meses, por gestión del gobierno”.
No está claro, y no lo ha dicho la Supersalud, que haya “acaparamiento” de medicamentos o “cartelización” gestores farmacéuticos. En Colombia, nos explicaba la Supersalud, existen hasta 137 gestores. Si bien eso es así, es cierto que los más grandes (entre ellos Audifarma y Cruz Verde) concentran la mayoría de la operación.
Eso tiene tanto aspectos positivos como negativos, nos decía hace un par de meses Jaime Alejandro Hincapié, docente y vicedecano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquía.
“El negocio está en la escala. Por ejemplo, en la medida en que pueden hacer compras grandes, los gestores pueden negociar los precios de los medicamentos con la industria farmacéutica. ¿Cómo se hace eficiente un pago? Logrando economías de escala: compras de grandes volúmenes, disminuyen los precios”. Y esto no solo debería aplicar para que estas empresas puedan recibir algún beneficio, sino para que el sistema gaste menos". Es decir, que haya grandes gestores puede permitir, como explicaba Hincapié, lograr eficiencias importantes en la compra y distribución de medicamentos, lo que se traduce en menores costos para el sistema de salud.
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Aunque Petro y el Gobierno aseguran que está al día con los pagos que debe hacer regularmente por los medicamentos, la deuda que las EPS tienen con los operadores farmacéuticos no deja de aumentar. Según la Contraloría, al cierre de 2024 esa deuda ya alcanzaba los $2,8 billones. Eso significa que, aunque sí se están haciendo pagos, el saldo pendiente sigue creciendo. Durante todo 2024, las EPS reportaron facturas por cerca de $14,7 billones por servicios farmacéuticos, pero pagaron $13,3 billones. Esa diferencia, de aproximadamente $1,4 billones, es lo que se sumó a la deuda. Es más, es el mismo monto que se debía al finalizar 2023, por lo que la deuda prácticamente se duplicó.
La preocupación de la Contraloría no es solo contable. El informe advierte que esta deuda acumulada podría estar generando barreras en la entrega de medicamentos, algo que ya se empieza a ver reflejado en el aumento de quejas ciudadanas (PQR). En resumen: el Gobierno sí está girando recursos, pero no al ritmo necesario para frenar el crecimiento de la deuda con los operadores. Y eso podría estar afectando directamente a los pacientes, que enfrentan cada vez más demoras o negaciones en la entrega de sus medicamentos.
Y precisamente, llegamos al tema de las PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias), un indicador clave para entender cómo está funcionando el sistema desde la experiencia del usuario. Mientras el presidente Petro ha dicho que estas quejas han disminuido, los datos más recientes apuntan en sentido contrario. Según el informe de la Contraloría General, el volumen total de PQR aumentó de 1.308.706 en 2023 a 1.614.622 en 2024, lo que representa un incremento del 13 %. La Nueva EPS es la entidad con mayor número de reclamos: 323.682 PQR, lo que equivale al 21,87 % del total.
El 90,97 % de las quejas registradas en 2024 (es decir, 1.346.170 PQR) tienen que ver con barreras de acceso a tecnologías y servicios de salud. Las causas más comunes incluyen la negación oportuna de citas médicas, demoras en autorizaciones y problemas con la entrega de medicamentos. Dentro de ese grupo, el 20,64 % (equivalente a 277.912 PQR) corresponde específicamente a reclamos por negación o demoras en la entrega y autorización de medicamentos. De esos casos, 262.209 están relacionados con medicamentos cubiertos por la UPC (la Unidad de Pago por Capitación), mientras que 15.703 se refieren a medicamentos no cubiertos por esa fuente de financiación.
Al analizar la proporción de PQR frente al total de afiliados, la Contraloría observa que las EPS intervenidas presentan un índice más alto de quejas (45,33 %) frente a las no intervenidas (40,91 %). Sin embargo, la diferencia porcentual no es tan amplia (4,42 %), lo que sugiere que las deficiencias en el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud no se limitan a unas pocas entidades, sino que atraviesan el sistema en general.
El presidente quiere una reforma a la salud
Petro dedica los últimos apartes de su mensaje a promover y defender su reforma a la salud. “Buscan hundir el proyecto de ley salvador, mediante el caos predeterminado de manera criminal, ya los hemos cogido con las manos en la masa. Hacen lo que hicieron contra Salvador Allende, para conservar su monopolio privado sobre medicamentos importados o producidos en el país”, dice en un aparte.
La reforma a la salud sigue estancada en su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. A pesar del respaldo del Gobierno, persisten dudas sobre su viabilidad financiera y el rol de la ADRES como pagador único. Mientras la senadora Martha Peralta radicó nuevamente el articulado aprobado por la Cámara de Representantes y apoyado por el Gobierno, la senadora Berenice Bedoya presentó una ponencia alternativa con propuestas para fortalecer la gestión de recursos y ampliar el periodo de transición de las EPS.
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“Si aplicáramos la ley y la constitución todo el sistema de salud debería ser intervenido. Y hay que hacerlo si no hay reforma de ley, donde las actuales EPS puedan tener otro papel ya no asegurador”, se lee en otro aparte del mensaje. El presidente finaliza señalando que este martes en la noche le hablará al país sobre la crisis del sistema de salud.
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