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A inicios de noviembre de este año, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó un informe sobre el acceso a medicamentos en Colombia. Una de las principales cifras que encontró el análisis de la Defensoría, apuntaba al incremento que se está viendo con las tutelas en salud.
En 2021 se presentaron 92.372. Para 2022, la cifra aumentó a 156.357 y, en 2024, fueron 256.173. Según proyecta la entidad, para finales de este año se habrán presentado 314.658 tutelas. De las tutelas que se han presentado en los últimos cinco años, más del 36 % están relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos o insumos médicos.
Con este panorama de fondo, la Superintendencia Nacional de Salud anunció este lunes 1.° de diciembre la activación de un Plan de Choque Nacional que “busca proteger de manera inmediata el derecho fundamental a la salud de los colombianos y garantizar el uso adecuado, transparente y eficiente de los recursos del sistema”.
El plan, agregó la entidad, tendrá una duración inicial de nueve meses y será de alcance nacional. De este, participarán obligatoriamente las EPS, tanto las que están intervenidas como las que no, así como IPS, gestores farmacéuticos, secretarías de salud territoriales, entre otros.
A grandes rasgos, la ruta anunciada por la Supersalud cuenta con cuatro objetivos generales. El primero de ellos, es identificar y corregir “de inmediato” las causas raíz que generan barreras administrativas, logísticas y financieras en la entrega de medicamentos.
“Garantizar la oportunidad, continuidad y calidad en el acceso a las tecnologías en salud prescritas”, así como “fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre el flujo y destinación de los recursos de la UPC”, el dinero que paga el Estado por cada afiliado, son el segundo y tercer objetivo.
Finalmente, el plan busca reducir “drásticamente” los tiempos de respuesta y cierre definitivo de las peticiones, quejas y reclamos (PQR), relacionadas con medicamentos.
Las medidas de la Supersalud para la entrega de medicamentos
El plan de la Superintendencia tiene tres etapas: acciones inmediatas en el territorio, fase de seguimiento y medidas de control, y cierre y evaluación.
En la primera fase, la entidad detalló cinco acciones por adelantar. La primera de ella son visitas integrales de auditoría y verificación sorpresa a EPS, IPS y gestores farmacéuticos.
La Supersalud también adelantará requerimientos formales con plazos perentorios y seguimiento diario, mesas técnicas obligatorias de concertación y solución de controversias, así como revisión “exhaustiva” del flujo de recursos entre actores. En esta etapa, la entidad también activará mecanismos de conciliación para la recuperación de cartera, “evitando que la falta de pago entre actores se traduzca en afectación directa al usuario”.
Sobre la fase de seguimiento y medidas de control, la Superintendencia señaló que mantendrá un monitoreo continuo y en tiempo real de los indicadores de desempeño. También aplicará medidas cautelares, sanciones, órdenes administrativas y, “de ser necesario”, extenderá o prorrogará las intervenciones cuando se evidencie “riesgo sistémico para el derecho a la salud o manejo irregular de recursos”.
Para el cierre y evaluación del plan, la entidad adelantará un análisis integral de resultados, verificación independiente del impacto en los usuarios y cierre definitivo de las PQR priorizadas, “dejando consolidadas las mejoras estructurales alcanzadas y las responsabilidades individuales e institucionales en caso de incumplimiento”.
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