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La Superintendencia de Salud informó que impondrá una medida cautelar a la Clínica Juan N. Corpas, ubicada en el noroccidente de Bogotá. La razón, explicó la entidad en un comunicado, se debe a las fallas “que comprometen la seguridad de los pacientes y la adecuada prestación de los servicios de salud”.
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De acuerdo con la entidad, la decisión se tomó luego de una auditoría realizada entre el 20 y el 24 de abril de 2026 por la Superintendencia Delegada para Prestadores de Servicios de Salud. Allí, el equipo de inspección, vigilancia y control identificó múltiples irregularidades relacionadas con la capacidad instalada, el manejo de medicamentos, la seguridad del paciente y la gestión del talento humano.
Entre los hallazgos, añadió la entidad, está una serie de inconsistencias que detectaron entre la capacidad instalada real de la clínica y la información que ha sido reportada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
También encontraron que en la clínica seguían habilitados algunos de los servicios que actualmente no presta y, además, “presenta diferencias entre las camas, camillas y consultorios registrados oficialmente y los que realmente están en operación”.
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Asimismo, durante el recorrido evidenciaron una serie de fallas en la comunicación con pacientes y familiares, registros incompletos en historias clínicas y debilidades en la implementación de prácticas de seguridad del paciente.
Otra de las áreas que se estudió fue la farmacéutica, donde la Supersalud encontró almacenamiento inadecuado de medicamentos, ausencia de controles efectivos sobre fechas de vencimiento, deficiencias en las condiciones de conservación y falta de trazabilidad de dispositivos médicos e insumos.
La Supersalud, además de estas situaciones, identificó medicamentos preparados sin rotulación, los cuales se estaban haciendo en espacios que no cumplen las condiciones exigidas por la normatividad.
En la auditoría, añadió, “se revelaron vacantes recurrentes en enfermería, ausencia de un estudio formal sobre necesidades de personal y retrasos en pagos de salarios, seguridad social y honorarios a contratistas, situación que representa riesgos operativos y financieros para la prestación de los servicios”.
A los ojos de la entidad, esta situación “afecta la confiabilidad de la información pública del sistema, dificulta los procesos de referencia y contrarreferencia y genera barreras de acceso para los usuarios”.
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Ahora, como parte de la medida, la Supersalud “ordenó la actualización inmediata de servicios de salud reportada en el REPS, el fortalecimiento de las prácticas de seguridad del paciente y la implementación de controles estrictos para el almacenamiento y seguimiento de medicamentos”.
La clínica también deberá realizar 84 procedimientos de cirugía ambulatoria pendientes en un plazo máximo de tres meses y resolver 694 consultas especializadas represadas, las cuales tendrá que resolver en menos de seis meses.
Otra de las acciones que deberá adelantar es la de un plan de pagos para saldar las obligaciones laborales y contractuales pendientes, y remitir a la Supersalud un plan de trabajo detallado dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la resolución, que se realizó el 5 de mayo.
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