El Tribunal Administrativo de Bolívar acaba de revocar una medida cautelar que había suspendido la intervención de la EPS Coosalud, que tiene más de 3,3 millones de afiliados principalmente en Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Bolívar, Atlántico, Santander y Magdalena.
El despacho judicial, de ese modo, dispuso que los representantes legales de la EPS “procedan de manera inmediata a restituir la administración integral de la EPS a la Superintendencia Nacional de Salud”, en el marco de la intervención, que continúa vigente.
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La determinación del tribunal llega luego de que la Supersalud presentara un recurso de reposición frente a la medida cautelar. La defensa, según el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, demostró que la devolución de la EPS a sus antiguos administradores resultaba “improcedente”.
El tribunal, en ese sentido, ordenó a la Supersalud adoptar medidas técnicas, administrativas y financieras que resulten “eficaces, oportunas e integrales” para superar las fallas estructurales que ha identificado la Procuraduría General de la Nación, así como garantizar los fines de la intervención.
Además, el juez dio órdenes adicionales a la Procuraduría y a la Contraloría General de la República, pues les pidió realizar un acompañamiento especial, permanente e integral al proceso de intervención de la EPS.
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Quintero aseguró que, en consecuencia, en las próximas horas se designará un nuevo agente especial interventor para continuar con la atención en salud y con la prestación de servicios de los afiliados.
¿Qué ha pasado con la intervención de Coosalud?
Como hemos contado en estas páginas, a mediados de abril, el mismo Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió las resoluciones que ordenaron y prolongaron la intervención de la EPS Coosalud. Dicha medida la tomó en respuesta a una acción popular presentada por Jaime González Montaño y Natalia Largo González, quienes aseguraron que la toma forzosa de la Supersalud no habría demostrado ser efectiva.
“La reiterada rotación de agentes interventores y la prolongación de la medida han configurado un perjuicio irremediable que afecta la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud”, argumentaron.
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En ese momento, el presidente Gustavo Petro expresó su rechazo a la decisión judicial y, a través de sus redes sociales, sostuvo que el magistrado que “le devuelve de manera inmediata Coosalud a los corruptos” debía ser “demandado ante la justicia”.
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