Durante la mañana de este martes se conoció una decisión de la Corte Constitucional que será clave para el futuro del sistema de salud. El alto tribunal declaró que hay un “incumplimiento general” en la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que el Estado les gira a las EPS por cada usuario para garantizar la prestación de casi todos los servicios de salud en Colombia. Esta cifra se actualiza anualmente por medio de un cálculo que está a cargo del Minsalud, pero que desde hace varios años las EPS han considerado insuficiente.
En esta ocasión, la Corte le ordena a esa cartera crear una mesa de diálogo con los actores del sistema de salud para revisar el ajuste que se hizo a la UPC desde 2021. Los magistrados consideran que estos recursos fueron insuficientes en 2024 y que es necesario revisar los asignados para 2025.
Como ya hemos contado en este diario, el Minsalud hizo un aumento del 5,3% que, a los ojos de actores como las EPS, el gremio hospitalario y varias asociaciones de pacientes, es insuficiente para mantener el sistema de salud a flote este año. De no incrementarlo, han dicho, puede avecinarse una crisis. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha respondido, por su parte, que el incremento sí alcanza y que detectaron incongruencias en los datos de las EPS, algo que esas empresas han negado rotundamente.
Hace apenas una semana, la Corte Constitucional ya había declarado la insuficiencia de los presupuestos máximos, los recursos que se utilizan para costear servicios de salud como medicamentos de alto costo o tratamientos complejos que no están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud.
Para entender esta discusión y el impacto que tendrá la orden de la Corte es necesario repasar varios puntos.
La discusión por el ajuste de la UPC
El pasado 31 de diciembre el Ministerio de Salud anunció que el ajuste de la UPC para 2025 sería de 5,36 %, tomando como referencia principal la inflación acumulada hasta noviembre de 2024. Esa cartera argumentó que la información que habían entregado las EPS para hacer el cálculo era poco confiable porque no cumplía varios criterios de calidad, por lo que la decisión se tomó sin tenerla en cuenta.
Uno de los ejemplos que daba el Minsalud en su momento es que se registraban aumentos desproporcionados en la frecuencia de las atenciones a los usuarios.
Las reacciones en el mundo de la salud fueron inmediatas. Como hemos contado en El Espectador, los gremios de las EPS y asociaciones como la ANDI o ANIF habían pedido un ajuste que rondara el 16 %, lejos de la cifra decretada por el Gobierno.
Varios de estos actores han advertido desde años atrás que los recursos que se destinan al sistema de salud, en particular la UPC, son insuficientes, razón por la que se ha acumulado un hueco fiscal que al cierre de 2024 se estimaba en cerca de $11 billones.
Sin embargo, Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, ha sostenido que los recursos de la UPC sí son suficientes, y que el déficit respondería a un mal manejo de los recursos por parte de las EPS.
En la decisión de este martes, la Corte pide revisar no solo la forma en la que se calculó el ajuste para 2025, sino la necesidad de revisar el ajuste de 2024, pues lo declara “insuficiente”, y definir el mecanismo y las fechas por medio de las que se pagará a las EPS el dinero faltante.
Frente a los argumentos del Minsalud, la Corte asegura que desde 2016 se vienen registrando problemas de calidad en la información con la que se calcula la UPC, que es la que reportan las EPS. Pero, el tribunal dice que el Ministerio no ha cumplido con su obligación de tener una fuente fiable para contrastar esa información.
Uno de los mecanismos con los que cuenta el Estado para hacer el ejercicio de contraste es el Sistema de Información de Prestaciones de Salud (RIPS). El problema con este sistema, como se ha reconocido desde el Gobierno, es que allí no se registran todas las atenciones del sistema de salud, por lo que no es un punto confiable de comparación.
La Corte también asegura que el Minsalud tampoco ha entregado pruebas suficientes que soporten su argumento sobre el mal manejo de los recursos por parte de las EPS.
¿El salvavidas de la Corte al sistema de salud?
La decisión de la Corte será clave para definir los recursos del sistema de salud en los próximos años. El Ministerio de Salud deberá crear una mesa con participación de varios actores del sector para revisar la insuficiencia de la UPC y hacer ajustes para 2024 y 2025.
En teoría, esto podría resolver el llamado recurrente de las EPS al Gobierno. Sin embargo, hay algo que todavía no está claro: ¿de dónde van a salir los recursos?
El pasado 8 de enero, en entrevista con El Espectador, el ministro Guillermo Jaramillo aseguró que estaba dispuesto a crear una mesa de diálogo “primero con los entes de control (Procuraduría y Contraloría) para saber en qué se están gastando la plata (las EPS)”.
Sin embargo, también aseguró que hacer un reajuste a la UPC del 16 %, como lo pedían las EPS, “implica que hay que hacer una nueva reforma tributaria. Cada punto porcentual representa un billón de pesos al día de hoy”.
Además, la decisión de la Corte llega un día después de conocerse el decreto presidencial con el recorte al presupuesto de 2025, pues la ley de financiamiento propuesta el año pasado, y que buscaba recaudar $12 billones, no fue aprobada. La reducción en el presupuesto del Minsalud fue de $211.000 millones.
Esto quiere decir que el presupuesto para esa cartera en 2025 será cercano a los $64,9 billones, un aumento de $3,7 billones con respecto al año anterior. Sin embargo, Jaramillo estimó durante un debate de control político que este Ministerio necesitaba un aumento de unos $11 billones en su presupuesto, que sería destinado particularmente a cubrir la UPC y los presupuestos máximos.
El auto de la Corte Constitucional de este 28 de enero fue celebrado por algunos actores del sistema de salud. Por ejemplo, Ana María Vesga, que está al frente de Acemi, que reúne las EPS del régimen contributivo, calificó la decisión de histórica: “Nuevamente, se pronuncia la Corte Constitucional, esta vez para declarar el incumplimiento en el cálculo de la UPC desde años atrás y los rezagos en la metodología aplicada, con clara afectación sobre el financiamiento del sistema y la atención de los usuarios. ¡Importante decisión que allana el camino para el restablecimiento del equilibrio de todo el sistema! ¡Histórico!“, escribió en su cuenta de X.
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