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La Corte Constitucional ha adoptado en los últimos años decisiones que han sacudido al sistema de salud. En 2024, por ejemplo, expidió dos providencias en las que declaró la insuficiencia de la UPC y de los Presupuestos Máximos, las dos principales fuentes de financiación del sistema, y obligó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a rendir explicaciones. Su más reciente auto va en la misma dirección: es un nuevo llamado de atención que llega en un momento decisivo, cuando el Ministerio debe definir el incremento de la UPC para 2026.
Como explicamos en esta nota, en el auto 2049 de 2025 del pasado 10 de diciembre, el alto tribunal señala que el Gobierno de Gustavo Petro no ha demostrado técnicamente que el dinero que entrega por cada afiliado (la UPC) a las EPS sea suficiente para cubrir lo que el sistema debe garantizar. Por este motivo, decidió “abrir un incidente de desacato” contra el ministro de Salud.
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Pero incluso más allá de eso, el pronunciamiento de la Corte puede tener efectos directos en el cálculo que el Ministerio de Salud está haciendo para la UPC de 2026. En teoría, se trata de un ejercicio que ya debería estar en su fase final. Como explicamos hace poco, un estudio serio sobre la UPC toma varios meses y requiere que las EPS presenten información detallada y depurada sobre costos, uso de servicios, frecuencias de atención, perfiles de riesgo y gasto real en salud. En 2024, sin embargo, el Minsalud sostuvo que la información entregada por las EPS no cumplía con los estándares de calidad, y que por esa razón —amparado en la norma— procedió a incrementar la UPC únicamente en el porcentaje de la inflación.
En este auto, la Corte concluye que esa interpretación es equivocada. El tribunal aclara que la eventual falta de información adecuada no exonera al Ministerio de su obligación de estimar técnicamente el valor de la UPC, ni justifica que el IPC se use de forma automática como regla general. Por el contrario, advierte que el Minsalud debe adoptar medidas alternativas y realizar estimaciones razonables que reflejaran los costos reales del sistema, en lugar de limitarse a un ajuste inflacionario.
“No es preciso que el Ministerio de Salud y Protección Social haya puntualizado “que el aumento de la UPC conforme a la inflación del 5,2% (para 2025) se encuentra debidamente sustentado en los estudios técnicos”, porque en realidad estos se desestimaron y se fijó como aumento el del IPC. El cálculo de la prima no puede limitarse a la inflación causada, pues ello contraría las órdenes impartidas por la Corte en cuanto a alcanzar la suficiencia de la UPC. Por consiguiente, se advertirá que la fijación por IPC solo debería proceder cuando se justifique que es suficiente, conforme a estudios técnicos que realice", se lee en el auto del alto tribunal.
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Esto es clave porque parece enviar una advertencia bastante directa al Ministerio de Salud de Jaramillo, en caso de que esté considerando repetir la misma fórmula para el próximo año, como se ha venido sugiriendo en los pasillos del sector salud. El mensaje de la Corte es claro: un ajuste automático basado solo en la inflación no cumple con las exigencias constitucionales ni técnicas para definir la UPC.
Con base en lo anterior, entonces, la Corte le ordena a Minsalud que acredite técnicamente la suficiencia del valor de la UPC en ambos regímenes para el próximo año, “de conformidad con los estándares fijados por esta Corte y, consecuentemente, se abstenga de fijar el valor de la UPC únicamente con base en la inflación causada y las recomendaciones de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, como justificación para omitir la evaluación técnica correspondiente”.
El alto tribunal es enfático en que el Ministerio no puede fijar la UPC solo con base en la inflación ni escudarse en las recomendaciones de la Comisión Asesora para evitar hacer ese estudio técnico. La Corte nuevamente pone como ejemplo lo ocurrido para 2025, cuando la Resolución 2717 incrementó la UPC siguiendo la recomendación de dicha comisión y aplicando el mismo porcentaje del IPC. Según la Sala, esa recomendación no reemplaza ni suple el estudio de suficiencia, que es obligatorio y clave para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
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No se conocen detalles del cálculo al interior del Ministerio de Salud. El Espectador le envió hace unos días unas preguntas a esa cartera sobre el tema, que siguen sin ser respondidas. Algunos gremios, sin embargo, ya tienen sus propios cálculos. La Andi, el gremio de los industriales, propone un incremento mínimo del 15,6 %, que considera suficiente para empezar a estabilizar un sistema que hoy gasta más de lo que recibe, con una siniestralidad que ya supera el 105 % y un déficit superior a los COP $10 billones; su argumento central es que ese ajuste es financieramente viable con los recursos previstos en el Presupuesto General de la Nación.
Acemi, que reúne a las EPS del régimen contributivo, en cambio, plantea un aumento aún mayor, del 17,33 %, basado en el gasto real reportado en 2024, la inflación y el crecimiento en el uso de servicios, y advierte que la siniestralidad del sistema ya supera el 111 %, lo que llevaría el déficit acumulado a cerca de COP $9 billones solo en 2025; además, insiste en que sin mejor información, estandarización de datos y un diálogo técnico más sólido con el Ministerio, cualquier ajuste seguirá quedándose corto frente a la realidad del sistema.
En este auto, la Corte aclara que su Sala de Seguimiento no fija el valor de la UPC ni reemplaza al Ministerio en esa tarea. Su función es verificar si el Gobierno cumple las órdenes dadas desde la Sentencia T-760 de 2008, especialmente las relacionadas con la suficiencia de la UPC. Definir cuánto debe valer la prima es responsabilidad exclusiva del Ministerio, pero hacerlo exige estudios técnicos serios y datos validados de las EPS, algo que —según la Corte— no ha ocurrido.
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Todo esto le mete una fuerte presión al Gobierno: por un lado, la Corte Constitucional le exige demostrar con estudios técnicos que la UPC es suficiente y le cierra la puerta a un ajuste automático basado solo en la inflación; por el otro, los principales gremios del sector advierten que, sin un aumento de dos dígitos, el sistema seguirá operando con déficit y al borde de la insostenibilidad.
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