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“En Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) está la seguridad alimentaria de algunas comunidades de Magangué (Bolívar)”, esa es la premisa de Omar Guarín, un pescador y líder del municipio que ha denunciado, a través de una acción de tutela, que se está violando la vida digna y la seguridad alimentaria, entre otros derechos, de más de 26 mil personas por cuenta de la construcción irregular de unos jarillones en el río Magdalena que generan taponamientos a las más de cuatro fuentes hídricas que cubren el municipio. La situación, según el expediente que hoy reposa en la Corte Constitucional, empezó hace 24 años y pone en evidencia la poca o nula protección de los complejos de ciénagas de esta zona del país.
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En 1998, sin los permisos técnicos que debía otorgar la Corporación Autónoma del Sur del Bolívar, se construyó la primera vía, que conduce de la cabecera municipal de Magangué al corregimiento de Las Brisas. Con una extensión aproximada de 27 kilómetros, la vía quedó situada en la frontera que tiene el complejo cenagoso de Cascaloa con el río Magdalena. Esta vía, aunque parecía ser una solución de movilidad para algunos, fue la responsable del taponamiento de los caños que permiten el desborde del río Magdalena en la temporada de invierno, un fenómeno que, además de que oxigena aproximadamente a 80 ciénagas, mantiene la vida y el ambiente de los ecosistemas y de las comunidades que viven de la pesca deportiva y la agricultura.
Para 2005, las cosas parecían tener una solución parcial, pero pronta. Líderes de la comunidad lograron gestionar ante Ecopetrol la instalación de una tubería de hierro que permitiera el flujo de agua en el caño Rompedero, para garantizar la conectividad hidrológica entre el río Magdalena y el complejo cenagoso, contrarrestando parcialmente el taponamiento registrado en 1998. No obstante, el paso del tiempo, la falta de mantenimiento y la sedimentación hicieron que los tubos dejaran de cumplir la función de oxigenación de las ciénagas y el problema volvió a surgir con más fuerza.
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Entre 2010 y 2011 el invierno, la fuerza de las corrientes de agua y la incapacidad de la infraestructura destruyeron varias de las 25 alcantarillas que se habían instalado en el tramo carreteable y, como no fueron reemplazadas, el taponamiento de los caños empeoró. Esa situación se convirtió crítica para las comunidades de Magangué. La situación no solo los obligó a cambiar sus labores cotidianas y ancestrales, sino que, además de los problemas de acceso al agua, se sumó el hecho de que la poca a la que tenían acceso empezó a contaminarse. Ninguna de las medidas que ha implementado la Alcaldía de Magangué ha funcionado.
Tan crítica ha sido la situación de la población, que la Defensoría del Pueblo comenzó a documentar los problemas en 2019. En un informe en el que condensaron sus hallazgos, la entidad le dio todo el peso a lo que había denunciado la comunidad: la construcción del jarillón fue ilegal, el taponamiento perturbó la dinámica hídrica entre las ciénagas y el río Magdalena, lo que condicionó la disponibilidad de agua y de peces. Del mismo modo, hallaron la obstrucción de la navegabilidad y del tránsito de personas, perturbando con esto las actividades diarias de los pobladores y las dinámicas del ecosistema. Lo anterior terminó afectando también la economía de los pobladores, no solo aumentando su pobreza, sino también amenazando su seguridad alimentaria
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Después de 24 años, y sin salidas a la vista, los líderes del municipio decidieron presentar una acción de tutela para que por la vía judicial puedan recuperar lo perdido. En el documento que hoy reposa en la Corte Constitucional fueron enfáticos en que “el taponamiento del caño Rompedero y de los demás caños que oxigenan el complejo cenagoso de Cascaloa y establecen su conectividad con el río Magdalena, fue hecho con violación del debido proceso, pues no contaba con los permisos ambientales necesarios para su ejecución”. Además , señalan que esa situación constituyó una violación del derecho al medio ambiente sano, amenaza la supervivencia del complejo cenagoso y viola la vida digna y el derecho a su seguridad alimentaria.
En primera y segunda instancias la comunidad perdió. Pero su incierto futuro está ahora en manos de la Corte Constitucional, que podría sentar un precedente histórico para la protección de esta comunidad, los pescadores artesanales y, por primera vez en el país, los complejos de ciénagas.
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