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Luego de tres años de que se supiera que la constructora Odebrecht repartió al menos US$11 millones en sobornos en Colombia, en diciembre de 2016 las autoridades abrieron decenas de investigaciones de todo tipo para saber cuáles fueron las conexiones políticas y empresariales que tuvo la multinacional para quedarse fraudulentamente con grandes proyectos de infraestructura. En este tercer año de averiguaciones el caso se reactivó en enero, con la continuación del juicio a José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana (Grupo Aval), socia de Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol II a través de Episol. Cuatro meses después, en abril de 2019, Melo fue condenado en primera instancia, por conocer y autorizar los sobornos que la constructora dio para quedarse con dicho megaproyecto vial que conecta a Bogotá con la región Caribe. Él reitera su inocencia y apeló.
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En ese juicio declararon cuatro piezas claves en la adjudicación de ese segundo tramo, que va desde Puerto Salgar (Cundinamarca) hasta San Roque (Cesar). Se trata del exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, condenado a cinco años de prisión por recibir un soborno de US$6,5 millones; Luiz Bueno, expresidente de Odebrecht en Colombia; Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht en Latinoamérica, y Luiz da Rocha Soares, exejecutivo a cargo de la oficina de sobornos. Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval e hijo de Sarmiento Angulo, también testificó, y en la condena contra Melo, a 11 años de prisión, el juez pidió que fuera investigado.
La renuncia del fiscal Martínez
Al mes siguiente de que Melo fuera condenado, el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, renunció inesperadamente a su cargo. Argumentó que su salida del búnker se daba como una suerte de acto simbólico en rechazo a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no extraditar al jefe de las Farc Jesús Santrich. Sin embargo, como lo contó este diario, otra versión de su renuncia indicaba que la Corte Suprema tenía la idea de apartar a Martínez de todos los casos de Odebrecht, además de los tres en los que se declaró impedido.
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En el alto tribunal, que lo eligió en 2016, hubo una enorme discusión a raíz del evidente conocimiento de Martínez de los posibles delitos cometidos por Odebrecht desde antes de posesionarse como fiscal general, asunto que él no admitió ni cuando era candidato a fiscal ni cuando ya ejercía el alto cargo. En noviembre de 2018 se supo que conoció esas presuntas irregularidades gracias a las grabaciones de dos reuniones entre Martínez y el controller de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, quien alertó al entonces asesor jurídico del Grupo Aval de posibles anomalías en contratos y el manejo de recursos en la concesionaria Ruta del Sol. De esta hacían parte Odebrecht (62 %), Episol (33 %) y CCS Constructores (5 %).
Los informes del fiscal ad hoc Espinosa
Con el fin de la era Martínez en la Fiscalía terminó el período del fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, Leonardo Espinosa, elegido en diciembre de 2018. Durante cinco meses, Espinosa se hizo cargo de los expedientes en los que Martínez se había declarado impedido ante la Corte Suprema: el de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez —archivado en junio de 2018—; el de los empresarios Gabriel Dumar, Federico Gaviria, Eduardo Zambrano y Gustavo Adolfo Torres —todos detenidos—, y el de tres peces gordos de Odebrecht: el portugués Eder Paolo Ferracuti y los brasileños Marcio Marangoni y Amilton Hideaki.
Cuando acabó su gestión, Espinosa le entregó un informe a la Corte Suprema con presuntas irregularidades que había encontrado en su fugaz paso como fiscal ad hoc. Mantuvo una relación tormentosa con uno de los fiscales del caso, Daniel Hernández, a quien pidió investigar. Espinosa cuestionó que no se le hubieran imputado los cargos de lavado de activos y concierto para delinquir al excongresista Otto Bula, quien fue clave en el entramado de sobornos de Odebrecht.
También dijo que Hernández removió ciertos delitos en los borradores de los preacuerdos que entonces negociaba con los cuatro empresarios que movieron los sobornos de Odebrecht, a pesar de que ya habían sido anunciados en la imputación de cargos. Para el fiscal ad hoc, se trató de una actuación irregular por parte de Hernández, quien debió acudir a un juez para solicitar la eliminación de esos delitos, o sea, que se precluyeran. Así fue como, recalcó Espinosa, de los expedientes de Dumar, Zambrano y Torres desapareció el delito de lavado de activos, y en el de Gaviria, el de tráfico de influencias.
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Tras la salida de Martínez quedó al mando interinamente el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema, Fabio Espitia, quien recién posesionado dijo que se iban a revisar “minuciosamente” las decisiones que tomó Espinosa, como si se mantenía o no la decisión de desarchivar la investigación contra las exministras de Transporte y de Educación Álvarez y Parody, respectivamente. La Fiscalía debe decidir si, como pidió Espinosa, las investiga por presuntamente haberse beneficiado de la suscripción del otrosí de la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. La Procuraduría les adelanta un juicio disciplinario desde agosto de 2018 por haber firmado el Conpes con que se respaldó la construcción del tramo Ocaña-Gamarra.
La acción popular llega al Consejo de Estado
Al finalizar el primer semestre del año, y con la renuncia del fiscal Martínez aún en la retina, el Consejo de Estado admitió la apelación de la acción popular en contra de Odebrecht y Episol (filial de Corficolombiana- Grupo Aval) del Tribunal de Cundinamarca de diciembre de 2018. En ese momento, el Tribunal les ordenó pagar una multa de $800.156 millones por los hechos de corrupción en la adjudicación de la Ruta del Sol II. De esa apelación también hicieron parte José Elías Melo y los tres Luizes de Odebrecht: Bueno Junior, Mameri y Da Rocha Soares.
El laudo arbitral contra Odebrecht
Otro pleito que también llegó a manos del Consejo de Estado fue el laudo arbitral que en agosto pasado declaró nulo el contrato que adjudicó la Ruta del Sol II, al que Odebrecht accedió pagando sobornos. Luego de cuatro años de disputa jurídica, un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá sostuvo que existió una “causa ilícita”. También se ordenó al Estado pagar $211.273 millones a la concesionaria. Este dinero se deberá destinar para pagar las deudas del megaproyecto con los terceros de buena fe, entre los que hay empleados, proveedores y bancos. La contraparte pedía al Estado $3,8 billones. De acuerdo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), sin embargo, el pasado 4 de octubre se interpusieron nueve recursos de anulación en contra del laudo “y el Estado está preparando su oposición a los mismos”. La autoridad competente para resolver las anulaciones solicitadas es el Consejo de Estado, máximo tribunal en temas administrativos en Colombia. Esta corte podría tomarse alrededor de ocho meses en resolverlas.
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La colaboración de Gaviria
En la recta final del año, en noviembre, llegó a un juzgado especializado de Bogotá para su aprobación, aún pendiente, el preacuerdo que la Fiscalía firmó con Federico Gaviria, quien que fue el puente entre los brasileños y los funcionarios colombianos. El pacto contempla que el empresario pagará seis años de prisión a cambio de aceptar cargos (lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir), además de devolver el dinero dado por Odebrecht (se espera que todo) y colaborar con la justicia. Gaviria colaborará en 19 casos, entre ellos la Ruta del Sol II, la adición del tramo Ocaña-Gamarra, Navelena, el metro de Bogotá, la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre e Hidroituango.
Sobre la constructora brasileña, Gaviria, quien ya había sido condenado por participar en el carrusel de la contratación de Bogotá, señaló que va a entregar información de los asesores, particulares y políticos que estuvieron al servicio de la multinacional en Colombia, y sobre el proyecto Hidromiel, una hidroeléctrica, adjudicado en 1994 a Odebrecht. Por último, Gaviria dijo que revelará datos sobre otros proyectos en los que la constructora participó y no ganó, como la Ruta del Sol III, Porce III y Reficar, entre otros.
Llamado a juicio en la Corte Suprema
Para esta misma época, la Sala de Instrucción confirmó el llamado a juicio del exsenador Antonio Guerra, quien fue acusado en septiembre pasado. Para el alto tribunal, Guerra fue parte, a sabiendas de lo que hacía, de la empresa criminal que montó Odebrecht. “El excongresista (de Cambio Radical) aceptó adherirse y participar en la empresa criminal conformada por directivos de Odebrecht en Colombia, lobistas, servidores públicos de distintos niveles de la administración nacional, congresistas, contratistas y particulares”, dice la acusación. Él niega estos hechos tajantemente.
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Según la Corte, Odebrecht tomó ventaja de las conexiones políticas de Guerra y en especial de su pertenencia a la Comisión Tercera del Senado, que debate los temas económicos de la nación. En particular, en la reforma tributaria de 2012, que, según la Corte Suprema, “fue aprovechada para presionar la firma de un contrato de estabilidad jurídica requerido por Odebrecht”. Se trata de un contrato que firmaron el Ministerio de Transporte y la concesionaria sobre la Ruta del Sol II, que eximía a la constructora de pagar más impuestos a partir de 2013 y por el cual se habrían pagado $4.000 millones en sobornos.
Plinio Olano, absuelto, y otros hechos
Diciembre terminó con cuatro hechos sobre el caso. Primero, la absolución del exsenador Plinio Olano por parte de la Corte Suprema, la cual no encontró pruebas de que hubiera colaborado con Odebrecht desde el Senado. El segundo fue el tercer intento frustrado de imputarles cargos a Esteban Moreno, David Portilla y Andrés Sanmiguel, pues la Fiscalía dice que los empresarios hicieron parte de la entrega de $3.894 millones de la multinacional a la campaña de reelección de Santos, pero nada que formaliza la apertura de investigación en su contra. También se reactivó la colaboración del condenado exsenador Ñoño Elías en la Corte Suprema. Y, por último, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a cuatro altos miembros de la concesionaria: Eder Ferracuti, Eleuberto Martorelli, Alberto Mariño y Yesid Arocha, por supuestas irregularidades en la Ruta del Sol II.
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Tan pronto se reactive la Rama Judicial en 2020 lo hará el caso Odebrecht. En noviembre quedó casi listo el preacuerdo del exsenador y lobista de Odebrecht, Otto Bula. El próximo 13 de enero, el juez del caso definirá si da luz verde a esta colaboración y reparación a las víctimas del escándalo más importante de corrupción desde el Proceso 8.000. Asimismo, ese día se conocerá en cuáles de las 14 líneas de investigación que tiene la Fiscalía el excongresista cordobés declarará y cuánto tiempo más permanecerá en La Picota, cárcel en la que se encuentra preso desde que fue detenido el 14 de enero de 2017.
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