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El gobierno de Gustavo Petro termina en seis meses y algunas de las iniciativas claves para este cierre están en ascuas en los altos tribunales del país. La reforma pensional; el cambio en el modelo de salud; el decreto con el que declaró la emergencia económica hace un mes y el aumento del salario mínimo para 2026 son algunos de los procesos que se juegan la vida en el Palacio de Justicia en Bogotá. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado tienen en sus manos las decisiones que destrabarían o echarían para abajo estas propuestas gubernamentales, no solo en año electoral, sino en medio de una tensión entre el presidente y las cortes que parece no aguantar ni un estirón más.
Los casos en la Corte Constitucional
La emergencia económica
El pasado 22 de diciembre la Casa de Nariño expidió el decreto 1390, con el que declaró el estado de emergencia económica en el país. Según el Ejecutivo, la medida era necesaria por un motivo principal: hay que hacerle frente a “la situación grave e inminente que enfrenta la Nación consistente en la incapacidad material y jurídica de garantizar el goce de algunos derechos fundamentales”. Además, según el gobierno, llegar a ese extremo fue necesario por la “no aprobación por parte del Congreso de dos proyectos sucesivos de Ley de Financiamiento para las vigencias fiscales 2025 (COP 12 billones) y 2026 (COP 16,3 billones)”.
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La medida no cayó bien en distintos sectores políticos y económicos, no solo porque la consideran inadecuada, sino porque que señalaron al gobierno de hacer una “jugadita”, justamente en diciembre, para que el decreto entrara en vigencia y avanzara sin la revisión automática de la Corte Constitucional, por lo menos durante los 20 días que dura la vacancia judicial. La Sala Plena del alto tribunal sesionó virtualmente el 23 de diciembre pasado para definir si se ponían manos a la obra, pero la decisión fue esperar hasta 2026. Lo que sí quedó claro en esa reunión es que esa revisión sería de la mayor prioridad para la Corte y así fue. El pasado 13 de enero, cuando regresaron a actividades, se le puso acelerador al caso.
En la primera Sala Plena de este año, el caso le cayó por reparto al más nuevo de los magistrados: Carlos Camargo Assis, exdefensor del Pueblo. Casi de inmediato, ordenó las primeras pruebas en el expediente, como informes y argumentos al gobierno para validar la justificación del decreto. Asimismo, pidió a expertos en economía, incluidos algunos exministros de Hacienda, que dieran sus conceptos para evaluar si realmente son válidas las razones por las que el Ejecutivo tomó su decisión, así como la situación fiscal de Colombia en los últimos años y si hay mecanismos ordinarios para atender problemas señalados en el decreto.
En estas dos semanas que lleva el caso moviéndose en la Corte, ya llegaron seis peticiones para que el alto tribunal suspenda el decreto, mientras toma una decisión de fondo. Por ejemplo, las congresistas de la Alianza Verde, Angélica Lozano y Katherine Juvinao, así como la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, sostienen que el decreto “configura una desviación de poder”, pues busca “reabrir un debate que fue cerrado democráticamente en el Congreso”, como lo señaló Valencia. Además, que la medida “apunta a sustituir vías ordinarias, en especial, las democráticas, para enfrentar problemas estructurales”, según las congresistas de la Alianza Verde.
Esos mismos argumentos son los señalados por 12 congresistas, dentro de los cuales están Efraín Cepeda (Partido Conservador), Katherine Miranda (Alianza Verde) y Ciro Ramírez (Centro Democrático), entre otros. En conjunto, expusieron que, además, el decreto fue firmado por ministros y encargados que no habrían estado habilitados para hacerlo. Según el documento, Juan Carlos Florián, exministro de la Igualdad, habría estado suspendido de su cargo cuando firmó. Por otra parte, señalan que Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente, firmó el decreto a pesar de que su encargo había terminado el 5 de noviembre pasado.
Otra de las solicitudes fue la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló que su petición “no busca sabotear al Ejecutivo, sino impedir que suplante los roles de una de las ramas del poder público”. También, que la suspensión del decreto evitaría “la consolidación de hechos consumados que, junto a unos impactos financieros y sociales, afectan el desarrollo económico de las ciudades”. Por su parte, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella le pidió al alto tribunal frenar la aplicación del decreto, pues el gobierno argumentó la medida en una crisis económica, pero que el mismo Ejecutivo “viene informándole a la sociedad que los índices económicos son óptimos para el país”.
El expediente además camina en medio de las tensiones entre el gobierno nacional y los 32 departamentos, cuyas administraciones aseguraron que no implementarán el decreto, entre otras cosas, porque tendría puntos desproporcionados en el recaudo de dinero de cada departamento. A lo que apelan los gobernadores, dentro de los que se encuentran los de Antioquia, Chocó, Nariño y Guaviare, entre otros, es a aplicar la llamada “excepción de inconstitucionalidad”. En palabras simples, ese recurso les permitiría incumplir el decreto sin ser sancionados, siempre y cuando logren demostrar que la medida es contraria a la Constitución, mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo. Una pelea política cuyo resultado también está por verse.
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Reforma pensional
Uno de los expedientes más importantes que tiene todavía sin resolver la Corte Constitucional es la demanda que pide tumbar la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional. Aunque se esperaba que el caso se cerrara el año pasado y luego de que el magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, presentara tres ponencias apuntando a tumbar la iniciativa, la votación en la Sala Plena quedó empatada. Entre tanta discusión, la Corte finalmente designó a un conjuez para que dé la última palabra.
El experimentado abogado Carlos Pablo Márquez fue el llamado para destrabar el proceso. Aunque su designación fue en noviembre pasado, el abogado solo aceptó hasta diciembre la compleja tarea y desde entonces revisa minuciosamente el proceso que tiene en vilo al gobierno Petro y al país hace más de un año. De hecho, pareciera que la decisión no tardará mucho en llegar, pues el conjuez ya identificó los documentos que le faltan para definir el caso.
El meollo del asunto que debe revisar Márquez es si la Cámara de Representantes debatió, votó y aprobó la reforma pensional correctamente, después de que en junio del año pasado el alto tribunal la devolviera al Congreso, por haber encontrado errores en su trámite, pero que podían ser corregidos. Para los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses, Lina Marcela Escobar y Carlos Camargo, no se repararon los errores, por lo que la iniciativa debía caerse. Para la otra mitad, Miguel Polo, Vladimir Fernández, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel, la cámara baja sí corrigió y la reforma podría seguir adelante y entrar completamente en vigencia.
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Para dar la palabra final, Márquez envió una carta a la Corte Constitucional el lunes de esta semana, pidiendo que le envíen las “copias de las aclaraciones de voto de Jorge Enrique Ibáñez Najar y José Fernando Reyes Cuartas (exmagistrado) para el Auto A-841/25″. Ese documento fue con el que la Sala Plena devolvió la reforma al Congreso en junio pasado para que la Cámara de Representantes corrigiera los errores en el trámite de la iniciativa. También señaló que le hace falta conocer “el estado actual de las solicitudes ciudadanas de aclaración del Auto 841/25, y si hay decisiones al respecto”. Todo esto es clave para que el abogado conozca cada detalle del expediente.
Además de los documentos, Carlos Pablo Márquez le pidió al alto tribunal que, cuando los archivos que le faltan por revisar estén radicados y disponibles para consultarlos, le “concedan cinco días adicionales desde su remisión para estudiarlos con detenimiento previo a la citación a la Sala Plena en la que se discutirá el expediente”. Aunque todavía no se ha programado fecha para que Márquez presente ante los magistrados y magistradas su decisión, todos los ojos están puestos en cualquier movida adicional en el caso que tiene entre la espada y la pared una de las banderas del gobierno Petro, que se la juega por sacar adelante sus últimas propuestas antes de las próximas elecciones presidenciales.
Consejo de Estado
Salario mínimo
El 29 de diciembre del año pasado, el gobierno expidió el decreto 1469 con el que aumentó el salario mínimo para 2026. El incremento, como lo señaló el mismo presidente Gustavo Petro, fue pensado para cubrir las necesidades básicas de la canasta familiar a pesar del aumento de los precios y que los trabajadores vivieran con dignidad. El nuevo salario fue bautizado por el jefe de Estado como el salario mínimo vital, el cual incluyó un aumento del 23,7%, que dejó el sueldo en COP 2.000.000, incluyendo un salario base de COP 1.750.905 y un auxilio de transporte de COP 249.095. La decisión fue cuestionada por el empresariado, que ya presentó varias demandas en el Consejo de Estado para tumbarlo.
Al alto tribunal han llegado más de seis demandas que piden tumbar el decreto del salario mínimo para este año, pero, hasta ahora, solamente una ha sido aceptada. La primera en ser admitida el pasado 13 de enero por el alto tribunal fue la presentada por Germán Eduardo Castro Marín en contra del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En ese proceso, el demandante pide que, mientras se toma una decisión de fondo, el Consejo de Estado suspenda el decreto. Es decir, que por ahora no se aplique el aumento salarial. Ese expediente tiene como ponente al magistrado Luis Eduardo Mesa, de la Sección Segunda.
Un día después de la admisión de la demanda, el abogado Castro Marín expuso públicamente que por su acción recibió amenazas y mensajes de odio que ponen en riesgo su seguridad y la de su familia, por lo cual aseguró que retiraría la demanda. Sin embargo, al cierre de esta edición, el documento seguía andando y disponible en el sistema de consulta de procesos del Consejo de Estado (Samai). Por ahora, mientras la demanda de Castro avanza o es finalmente retirada, el alto tribunal revisa los demás recursos para ver si las admite y unifica en un solo expediente o le cierra la puerta a otras acciones en contra del decreto del salario mínimo.
Decreto para modificar el modelo del Sistema de Salud
El Consejo de Estado ha sido un palo en la rueda para algunas de las iniciativas de la presidencia de Gustavo Petro. Por ejemplo, el alto tribunal le puso freno de mano al decreto 0858 de 2025, con el que el Ejecutivo buscaba modificar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo. En palabras simples, lo que pretendía la Casa de Nariño era que, vía decreto, se pudieran implementar puntos claves de la reforma al Sistema de Salud que buscó sacar adelante, pero que se cayó dos veces en el Congreso. Desde el 24 de octubre del año pasado, el Consejo de Estado suspendió la medida, porque consideró que el Ejecutivo había excedido sus capacidades.
El expediente que tiene frenada la aplicación de las medidas está caminando en el despacho de la magistrada Nubia Margoth Peña, de la Sección Primera del Consejo de Estado. En ese proceso, el alto tribunal resuelve la demanda de nulidad que presentó el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien sostiene que al expedir ese decreto, la Casa de Nariño pasó por encima de la rama legislativa, la cual le cerró, dos veces, la puerta a la iniciativa del gobierno. Al presentar la demanda, el político también solicitó como medida cautelar que se suspendiera temporalmente el decreto, petición a la que accedió la magistrada.
De acuerdo con el alto tribunal, en ese momento, “el gobierno nacional no podía expedir un decreto reglamentario que regulara de manera integral el modelo de Seguridad Social en Salud (…), porque le corresponde al Congreso de la República ‘expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos’”. En noviembre pasado, la magistrada negó la aclaración que pidió el gobierno sobre la suspensión del decreto, porque, supuestamente, no era claro si estaba congelado en su totalidad o había puntos que podían avanzar. La togada negó la aclaración y enfatizó que era claro que toda la medida del gobierno estaba suspendida hasta nuevo aviso.
Mientras se conoce el desenlace jurídico de estas iniciativas que tocan intereses, no solo del gobierno, sino de prácticamente todos los sectores del país, solo hay un escenario claro: estos fallos coincidirán con un tenso momento político de cara a las elecciones de este año y el discurso del presidente Petro sobre el “golpe blando” a su administración. En este contexto, el debate en los altos tribunales estará cargado de la sombra política que rodea a las iniciativas gubernamentales y las demandas (muchas veces de sus opositores), que saben que también está en juego la continuidad del proyecto progresista o un cambio drástico de dirección en la Casa de Nariño.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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