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Antes de que acabara el año 2022, la excongresista Aida Merlano recibió su segunda condena. Esta vez fue porque se extralimitó en los gastos que tuvo durante su campaña política para llegar al Senado. La Corte Suprema de Justicia le impuso más de cinco años de prisión a la exrepresentante del Partido Conservador, que permanece bajo custodia en Venezuela desde 2019. Esta sentencia se suma a otra que delitos electorales por un poco más de 10 años. En el primer semestre del año pasado, Merlano entregó una declaración en la que dejó mal parados a congresistas, empresarios, fiscales e, incluso, expresidentes, un año más tarde, las investigaciones por sus señalamientos poco y nada se han movido.
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En febrero de 2022, la Corte Suprema, con base en una declaración de Aida Merlano, compulsó copias a la Fiscalía, a la Comisión de Disciplina Judicial y la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que investigue supuestas irregularidades de un puñado de poderosos políticos. Entre ellos, los expresidentes Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe e Iván Duque, así como del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el exfiscal Néstor Humberto Martínez y el senador Arturo Char. De los expresidentes Santos y Uribe dijo que ambos habrían recibido dinero por debajo de la mesa de la familia Gerlein y Char, fuertes casas políticas del Caribe, como una financiación ilegal en sus campañas políticas.
Del expresidente Duque, el exfiscal Martínez y el exvicepresidente Vargas Lleras dijo que fueron los responsables de un “montaje judicial” en su contra durante los allanamientos que se registraron en la denominada “Casa Blanca”, el centro de operaciones de compra de votos para que Merlano llegara al Senado como cuota del Partido Conservador en 2018. En medio de ese entramado, según su dicho, también estuvo el empresario Julio Gerlein, quien fue su compañero sentimental, y el senador y excandidato presidencial Arturo Char. Ambos, supuestamente, apoyaron su campaña con dineros que ingresaron a las arcas de la política.
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La Fiscalía, por su parte, tiene en el radar pruebas que vinculan al empresario Gerlein respecto de la entrega de millonarios cheques que ingresaron a la campaña de Merlano. Desde el ente acusador se ha dicho que Gerlein usó su cuenta en Bancolombia para girar dinero a personas ajenas a la excongresista y, tras un endoso, las sumas llegaban a los vinculados en la organización de compra votos. Esa hipótesis no se desdibujó en la segunda sentencia en contra de la política. El fallo dice que la culpabilidad de Merlano radica en que “prestó” a sus trabajadores para que se realizaran “endosos mentirosos” a los múltiples cheques que eran girados por el empresario Gerlein.
Del senador Arturo Char se sabe que la Corte Suprema hasta noviembre de 2022 se empezó a mover con su expediente. La Sala de Instrucción, con ponencia del magistrado Francisco Farfán, llamó a indagatoria al congresista y le abrió una investigación formal. Los delitos por los que es investigado el expresidente del Senado son corrupción al sufragante y concierto para delinquir. En junio de 2020, la Corte lo había llamado a versión libre, tras abrirle una indagación en septiembre de 2019, luego de verificar que había indicios de posibles actividades ilegales en la alianza que hizo la casa Char con los Gerlein, quienes terminaron siendo los auspiciadores de Merlano.
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Los señalamientos de la excongresista Aida Merlano parecen tener credibilidad para la justicia, hasta ahora. En su primera sentencia, la Corte Suprema de Justicia ratificó la coalición que en su momento tuvieron las familias Char y Gerlein, en su propósito por poner a la excongresista en el legislativo. Esa alianza se forjó cuando el exsenador Roberto Gerlein declinó su intención de llegar nuevamente al Congreso y decidió apoyar a Merlano. “Hicieron coalición con la familia Char con miras a obtener votos en otros departamentos como Bolívar y Magdalena”, explicó el fallo que sentenció a Merlano.
La alianza, al parecer, buscaba también poner a Lilibeth Llinás en la vida política, como fórmula de Merlano en la Cámara de Representantes, aunque por el partido Cambio Radical. Para la Corte estuvo claro que “se concertó el apoyo que ofrecerían los dos clanes políticos (Char y Gerlein) para que la aforada (Merlano) llegara al Senado y a la Cámara de Representantes, Lilibeth Llinás”. Si bien el andamiaje financiero estaba calculado milimétricamente por ambas partes, incluso, en conocimiento de la excongresista, como lo ratificó su segunda condena, para el alto tribunal también está claro que todos los judicializados por la compra de votos tuvieron un rol importante en la organización.
De las personas que capturaron en la operación “Casa Blanca”, algunas se convirtieron en testigos de la Fiscalía, otras más dejaron que el rumbo de las investigaciones continuara. Y de los salpicados por Merlano solo está en firme el llamado a indagatoria del senador Char, pese a que aún se desconoce la fecha en la que deba asistir ante el despacho del magistrado Farfán a rendir su versión. La compulsa que hizo desde su escritorio, además de vincular a empresarios, exfiscales y expresidentes, se hizo en contra de 19 personas de quienes hasta el momento no se ha conocido que en su contra existan siquiera procesos de indagación. En el 2023, una vez Char haya dado sus descargos, la justicia podría mover el caso nuevamente.
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