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A las 8:30 de la mañana de este miércoles 23 de marzo, la Corte Suprema de Justicia tiene todo listo para seguir con el juicio en contra de quien fuera uno de los precandidatos presidenciales del Paco Histórico, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero. Mientras avanza este proceso en el alto tribunal, la Procuraduría confirmó la semana pasada que lo llamará a juicio disciplinario por presuntamente omitir sus funciones de vigilancia y control, pues en 2016, su secretario de Hacienda, quien estaba encargado, firmó un contrato presuntamente irregular para la venta del aguardiente del departamento. Al parecer, como lo sostiene la Procuraduría, el secretario Mario Benavides habría entregado un contrato a dedo y las denuncias contra Romero explican que debía seguirse una licitación pública.
Romero habló con El Espectador sobre estos dos frentes de batalla que enfrenta, mientras acompaña al líder de su partido, Gustavo Petro, que ya se juega las últimas cartas en la contienda electoral para elegir al próximo presidente de Colombia. Para el exgobernador, todo se trata de una cuestión mediática y política en su contra. Dice que detrás de sus procesos hay personas como el exfical Néstor Humberto Martínez y la hoy procuradora, Margarita Cabello, quienes han desarrollado las investigaciones por intereses diferentes al de la justicia. Aunque advierte no haber denunciado ninguna irregularidad en contra de ellos dos, asegura que pronto el país conocerá las pruebas de cómo al aparato judicial ha funcionado para afectar su carrera política.
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Tras leer el pliego de cargos en su contra, ¿qué puede decir de la argumentación de la Procuraduría, por el contrato en el cual se vendió a crédito 80.000 cajas de aguardiente en 2016? El Ministerio Público sostiene que usted debería responder por una supuesta venta irregular a la Organización de Licores de Nariño…
Resulta por lo menos curioso ese pliego de cargos. Me refiero a que, después de cuatro años de investigación, la Procuraduría lo que determina es que no puede comprobarme acciones mías que vayan encaminadas hacia una falta disciplinaria. Esto es un impulso mediático y político desde la Procuraduría. A mi modo de ver, es un episodio grotesco. El pliego lo que determina es que Camilo Romero no tiene acción alguna frente a alguna falta disciplinaria en el tema de los licores en el departamento de Nariño. Eso es un hecho. Queda claro que no tuve acción.
¿Entonces? Lo que dice el pliego es lo contrario…
Por Constitución, los departamentos tienen el monopolio de los licores. Son los privados los que meten dinero a la gobernación porque son los compran. La Gobernación vende el licor, le entran dineros y los particulares distribuyen. No se perdió un centavo, no se perdió un peso. Lo que resulta de ese pliego de cargos es el tema de la omisión. Le cuento que 14 años ha tenido la Gobernación de Nariño la manera de vender los licores. Eso no lo modificamos. No puede haber omisión de nada, cuando hay un procedimiento mediante el cual se vende el aguardiente. Vamos a enfrentar lo que dice la Procuraduría. Ellos me endilgan un rango de sanción medio, que no es de inhabilidad.
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La Procuraduría dice que usted por un par de días, entre el 24 y 26 de agosto, dejó la Gobernación bajo encargo ¿Qué estaba haciendo en ese tiempo?
Este es un país centralista y la cantidad de viajes son muchos. De hecho, la cantidad de encargaturas que yo hice en la Gobernación fueron múltiples porque generalmente se sale a distintas tareas y, sobre todo, a gestiones en Bogotá. Estaba en Bucaramanga en un encuentro de una cumbre de gobernadores. Uno no cuadra la agenda, si no que uno es convocado.
La Procuraduría dejó claro en su pliego de cargos que la empresa denunciante solicitaba una licitación, pero al final el contrato fue entregado directamente a la Organización de Licores de Nariño ¿Cómo considera la actuación de su entonces secretario de Hacienda?
Tengo la confianza en un hombre como Mario Fernando Benavides. El departamento de Nariño conoce su acción y su trabajo. Él quedó allí encargado y firmó la venta de aguardiente. Bajo ningún punto de vista considero que hay responsabilidad de un funcionario como él. Aquí tanto Benavides como nosotros estamos en un problema de estos sin responsabilidad alguna. Es una venta. Una venta. No hay detrimento y no se perdió un peso, como lo determinó la Contraloría. No se puede comparar, como pretenden, con un proceso que debía seguir una normatividad de contratación normal del Estado. Me parece clave decir que en ese momento no estaba regulado en Colombia, y se hizo como se venía haciendo. No hay nada irregular.
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Después de cuatro años de un intento de joderme ante la Procuraduría, terminan con esta cosa, que es un titular de prensa para enredar un escenario político y que daría como sanción máxima la suspensión de un cargo en el que no estoy. Para mí, el titular de que soy llamado a juicio, suena terrible, pero debería ser: “Después de cuatro de investigación, la Procuraduría no encuentra ninguna participación del exgobernador Camilo Romero en el caso de los licores”. Es la verdad. Ya me están endilgando el tema de una supuesta omisión, cuando hay un procedimiento desde hace 14 años de cómo se hace en la Gobernación del Departamento de Nariño.
Usted sostiene que la investiación de la Prouraduría se trataría de un lío político y mediático, pero lo cierto es que en la Corte Suprema de Justicia también hay un expediente en su contra, precisamente, por el lío del aguardiante….
La Corte Suprema está como juez en mi caso. A mí, como gobernador, me investiga, imputa y acusa la Fiscalía. En ese momento, 2016, lo hizo la administración del nefasto Néstor Humberto Martínez. Los hechos son los mismos en Fiscalía y Procuraduría. Ahora, el Ministerio Público, después de cuatro años, determina que no tengo acción alguna. De hecho, el fiscal que lleva mi caso, Jorge Hernán Díaz, es el que dijo que no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia. Quien fue capaz de cerrar la investigación contra su jefe Gabriel Jaimes, quien lleva el caso Uribe. Son los mismos y se tapan con la misma cobija.
¿Usted ha presentado denuncias contra Néstor Humberto Martínez? ¿Cómo podría sustentar esas afirmaciones?
Nosotros lo hemos hecho públicamente desde siempre. No es una cosa nueva. Hemos hecho esto de manera permanentemente, constante. Lo que hizo Néstor Humberto Martínez con la paz, lo hace con la democracia y lo hace con la justicia.
Usted ha mencionado que la procuradora Margarita Cabello sería “una mandadera de los Char y del uribismo” ¿Ha interpuesto denuncias que sustenten tales afirmaciones?
En Colombia la justicia queda en entredicho por los intereses políticos. En esa medida, la confianza de quienes estamos en un ejercicio político queda muy rezagada. ¿Cómo puedo confiar en una Fiscalía, por ejemplo, como la de Néstor Humberto Martínez? ¿Cómo puedo confiar para que inicien una investigación? Pongo un ejemplo: en 2011, como senador, difundí en la plenaria unas pruebas y pongo la denuncia en la Fiscalía sobre cómo se presiona a unos funcionarios públicos desde un equipo politiquero en Ipiales (Nariño). Once años han pasado sin que ocurra nada. ¿Cuál es el camino que me queda? ¿Seguir denunciando ante las autoridades competentes? Si ellas son las que justamente enfrentamos porque se convierten en instrumentos de un viejo poder para impedir que haya un cambio en Colombia. Lo que sí hago es levantar mi voz.
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¿Qué pruebas tiene de que Margarita Cabello respondería al uribismo?
Margarita Cabello fue ternada por el presidente Uribe para que sea fiscal. Finalmente, es nombrada procuradora general impulsada desde el gobierno con su maquinaria y su bancada en el Senado, lugar en el cual se escoge tal cargo.
Usted ha hecho pública su postura en contra de funcionarios como Margarita Cabello, e insiste en que su expediente en la entidad que ella dirige es uno motivado por la política. En ese orden de ideas, ¿para usted la Corte Suprema también está politizada?
Yo estaba con toda la confianza porque mi caso iba a ser asumido por la Corte Suprema de Justicia. Lo que nos hemos encontrado es que hay una vulneración al derecho a la defensa y en varias oportunidades. Le pongo un ejemplo: un día me citan a una audiencia para las 2:30 p.m. y me llega un correo a las 10:30 a.m. Yo me doy cuenta al medio día y encuentro que hay un archivo adjunto en el que me indican que se iban a definir temas relacionados a las pruebas. Tenía 216 páginas. Empieza la audiencia y el magistrado arranca como si nada. Como si esperara que yo me leyera un documento así, lo analice, lo controvierta y prepare mi intervención en dos horas. Eso no pasa ni en una universidad de garaje.
Usted es protagonista en una de las carreras legislativas más importantes del año, la Presidencia de la República. ¿Se apartará del Pacto Histórico mientras cursa su investigación disciplinaria y penal?
En un país con garantías democráticas debería ser lo elemental. Pero en un país como Colombia, donde tenemos dos candidatos presidenciales como Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, con procesos penales, nos ponemos más fuertes y vigorosos para enfrentar al establecimiento. Y para seguir en una casa política. Yo soy el único de los 32 gobernadores que salió endeudado de su administración. ¿Por qué hay gobernadores que salen con mansiones y con millones de pesos? Se roban la plata de la gente. Yo vivo en casa arrendada, yo tengo un carro modelo 2013 de Volkswagen. Si hay mérito alguno es para seguir poniendo la cara al país y diciendo: aquí seguimos en la tarea que emprendimos hace unos años.
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¿Cree que hay un poder que está moviendo estos procesos judiciales justo en este momento?
Yo siento que hay un entramado del viejo poder que siente pasos de gigante, que es el pueblo colombiano dispuesto al cambio. Estos son rezagos de quienes tienen el poder. Se viene denunciando que hay una lista de personas en Colombia a las que se decidió, por parte de un poder, sacarlos del camino con el sicariato judicial. Se dice que hay una lista donde aparece mi nombre. Cada vez hay más evidencias. Pronto sacaremos a la luz pública una prueba que nosotros tenemos de cómo ha actuado la Fiscalía en contra nuestra.
¿Esta prueba que usted dice que va a lanzar será a través de una denuncia formal?
Es una denuncia pública ¿Ante quién hago la denuncia? ¿Ante la propia Fiscalía? ¿Qué garantías tengo si los voy a denunciar es a ellos? Seguiremos en el camino de construir un cambio para Colombia. La gente no solo tiene la voluntad de cambio, sino que es un mandato de cambio a los líderes que podamos representar. No se trata de que Camilo no dé la cara ante la justicia. Al contrario, que la ponga, pero que la pongan todos. No puede ser aquí que un tipo como Álex Char tenga decenas de investigaciones y no pase un carajo. Yo tengo una investigación y lo que me pasa a mí es que me tienen ya ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué lógica tiene eso? Son los dueños de la institucionalidad. Protegen a los suyos y detienen procesos de cambio en Colombia.
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