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Una hora y media antes de que dos sicarios a bordo de un jet ski asesinaran al fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, su esposa anunciaba a través de su cuenta de Instagram que estaba embarazada, mientras posaba junto a él en una playa de la isla de Barú. Esta y otras fotos que se tomó la pareja en Cartagena habrían sido claves en los seguimientos que sus asesinos desplegaron para dar con su ubicación exacta el pasado martes 10 de mayo. Ese día se reportó su asesinato en la playa privada del hotel Decameron de la isla de Barú. Las fotografías de su proyecto de vida, además de haber llevado al sicario a su objetivo, son hoy usadas por las autoridades colombianas, el FBI y la DEA, para dar con los responsables del crimen que es noticia en todo el continente.
No es para menos: Pecci coordinaba investigaciones contra grupos criminales de alcance transnacional. Una fuente cercana al caso Pecci le contó a El Espectador parte de la información que han podido recolectar. Lo que hasta ahora se ha podido saber son detalles de cómo se movieron los sicarios en Barú, antes y después del asesinato, y un retrato hablado y una foto de uno de los posibles criminales. Según la esposa del fiscal, Claudia Aguilera, el hombre habría sido el que apretó el gatillo en tres ocasiones en contra de Pecci. De acuerdo con la información recolectada, los sicarios alquilaron la moto acuática por media hora y cancelaron $150.000 en un sitio que se encuentra a menos de 500 metros del hotel donde Pecci y su esposa disfrutaban de su luna de miel.
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“La gente dice que llegaron con esos pasamontañas para no quemarse del sol y que no se demoraron más de 10 minutos, pues volvieron y entregaron el jet ski”, apuntó la fuente. El funcionario señaló que los sicarios salieron caminando por un sendero que conduce a una zona conocida como vía a La Puntilla y “que los lleva a la vía principal de Barú. Un nativo dijo que esas dos personas fueron recogidas en un carro que se parqueó al frente de un conocido condominio. Esta ruta recorre toda la isla y también conduce hasta Playa Blanca”. Además, dos fuentes oficiales indicaron que los seguimientos a Pecci iniciaron desde el pasado 30 de abril, cuando a través de los medios de comunicación se supo que viajaría con su esposa a Cartagena para pasar su luna de miel.
¿Quién pudo estar detrás del asesinato?
El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, dijo esta semana que hay dos hipótesis sobre quién habría dado la orden de matar a Pecci, que apuntan a espinosos expedientes en los que avanzaba el fiscal antimafia. “Dos de las principales investigaciones adelantadas por el fiscal en América Latina fueron contra el llamado Primer Comando Capital (PCC) y la estructura conocida como Punto 50, en el sur del continente”. Como ha contado este diario, el PCC es una poderosa organización criminal brasileña que actualmente tiene negocios con las disidencias de las Farc de Iván Márquez para sacar droga por Venezuela y la Amazonia en las fronteras con Ecuador y Perú.
Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad ha reportado públicamente la presencia del grupo criminal en Colombia. Pecci estuvo involucrado en la desarticulación de una célula del PCC en Paraguay, que era liderada por Rafael Dos Santos, alias Punto 50. Uno de los últimos expedientes en manos del fiscal paraguayo fue una masacre perpetrada en medio de una pugna interna de ese grupo criminal por el tráfico de cocaína en una zona de la frontera entre Paraguay y Brasil. La otra hipótesis está relacionada con la operación A Ultranza PY, una investigación sobre una red criminal que sacaba cocaína entre Paraguay y Europa, y que involucraba a políticos, miembros del Ejército y élites empresariales de ese país.
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Aunque su esposa señaló que Pecci no tenía amenazas, el fiscal antimafia se enfrentaba a un delicado escenario preelectoral en el que el narcotráfico ha permeado el estado paraguayo en varios niveles. La historiadora y analista política paraguaya Milda Rivarola resumió la situación de su país en una reciente entrevista para la revista El Surti: “Los criminales brasileños prefieren estar en cárceles paraguayas, saben que, con sobornos, aquí pueden conseguir todo. Acá pueden ser protegidos por un intendente, un gobernador, el jefe policial, un fiscal o un juez. Se está corrompiendo prácticamente toda la estructura -centralizada y descentralizada- del Estado”.
Una tercera hipótesis que ha surgido, pero con menor fuerza, es que detrás del asesinato de Pecci estuvo una célula de Hezbolá en Latinoamérica, pues el fiscal fue clave para que Paraguay extraditara a Estados Unidos a tres hombres claves de ese grupo terrorista de origen libanés: Kassed Hijazi, Nader Farhat y Mahmoud Barakat. Sobre la presencia de esa organización criminal en Colombia se sabe poco. En 2015, el asesinado fiscal argentino Alberto Nisman pidió la captura de Samuel El Reda, un colombiano que fue el cerebro en el atentado de la AMIA en 1994 y quien sería el principal representante del grupo ilegal en el sur del continente. Un año más tarde, en 2016, la DEA señaló que Hezbolá tenía negocios con la Oficina de Envigado para sacar cocaína. Sin embargo, no hay ningún indicio de que El Reda tenga que ver con el asesinato de Pecci.
El “mito” de la seguridad en Cartagena
Al cierre de esta edición, en la noche del viernes 13 de mayo, las autoridades no reportaron ningún avance en la investigación. De lo que el general Jorge Luis Vargas ha compartido sobre la investigación, se sabe que uno de los implicados “sería un extranjero con acento caribeño”, pero poco ha dicho sobre el contexto de seguridad en la ciudad donde fue asesinado el fiscal Pecci. Las cifras de seguridad en los últimos años dan cuenta de que existe un auge en la presencia del crimen organizado que opera en la ciudad. Según cifras de la Policía, entre enero y abril de 2022 (120 días) se perpetraron 114 homicidios en Cartagena, la mayoría, según la propia Alcaldía, ejecutados por sicarios en medio de una disputa entre el Clan del Golfo y bandas locales por el narcotráfico. Casi un asesinato al día.
El pasado sábado 7 de mayo, tan solo tres días antes del asesinato de Pecci, sicarios mataron a un turista que tenía antecedentes con el narcotráfico y una circular roja de Interpol. El hecho fue perpetrado mientras iba a bordo de una chiva rumbera por el norte de Cartagena. Las autoridades locales informaron que se trataba de Belisario Fidel Molina Brito, un hombre de 45 años de edad que había sido capturado por tráfico de drogas en 2004 y luego, en 2014, por homicidio. La inseguridad es tal en Cartagena, que en noviembre pasado la Embajada de Estados Unidos en Colombia recomendó a sus ciudadanos no visitar la ciudad y que, de hacerlo, mantener un bajo perfil y extremar medidas de seguridad.
Freddy Goyeneche, director del Centro de Observación y Seguimiento del Delito (Cosed) en Cartagena, dice que la isla de Barú no existe ningún tipo de control y que es una bomba de tiempo a nivel social. “Lo que vive la ciudad actualmente es consecuencia del desgobierno de varias administraciones, no solo la actual. Desde hace varios años, advertimos el problema del sicariato y que actores externos, provenientes de Antioquia, se aprovechan de la pobreza en la que viven jóvenes para reclutarlos y convertirlos en peligrosos criminales a bordo de motocicletas. Es un mito que la ciudad sea segura, ni siquiera lo es en la zonas turísticas”, señaló Goyeneche a este diario.
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Un líder social de las comunidades que habita en la isla de Barú, que fue informado del crimen del fiscal minutos después de haberse perpetrado, cuenta que las autoridades prácticamente no hacen presencia allí. “Por el desorden social que se formó en Barú a raíz del desarrollo turístico, se formó una suerte de parahotelería donde hay toda clase de gente metida, tanto para lo bueno como lo malo. La gente entra a la isla y allá nadie controla nada y eso se presta para que en Barú se refugie lo que usted quiera. Ahí pueden salir y entrar gente de todas partes”, señaló el líder comunitario, quien pidió reserva de su nombre por motivos de seguridad.
Una muestra de que son pocos los controles que existen en la isla es que, desde 2017, la Procuraduría prohibió el uso de los jet ski en Barú por el impacto ambiental en los ecosistemas marinos, pues la isla hace parte del Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo. Por eso, hoy existen negocios informarles, como el que usaron los sicarios de Pecci, en los que se alquilan estos vehículos solo pagando el tiempo de uso y sin ningún registro de la persona. Incluso, esta semana, tras el asesinato del fiscal paraguayo, el Ministerio Público pidió explicaciones a la Dirección Marítima y a Parques Nacionales sobre las acciones de control que hacen sobre este asunto.
Por ahora no hay mayores pistas sobre el crimen de Pecci. Vargas dice que las autoridades entrevistan a cuatro ciudadanas paraguayas y que se revisaron cámaras en Barú y en algunas zonas de Cartagena. Fuentes de Migración Colombia señalan que la Policía y la Fiscalía han pedido “mucha información orientada en nacionalidad”, quiénes venían en el mismo vuelo de Pecci o qué paraguayos han ingresado al país. “Lo que me ha llamado la atención es que no se está averiguando sobre una información o dato concreto, sino sobre situaciones deductivas, como quiénes estaban en el hotel donde se hospedó el fiscal. Por mi experiencia, veo pocos avances concretos”, concluyó el alto funcionario de la institución.
El asunto es de tal gravedad, que el presidente Iván Duque designó al propio director de la Policía como la cabeza de la investigación. Similar decisión tomó el fiscal Francisco Barbosa, quien envió a Cartagena a la vicefiscal Martha Mancera. Más de 120 horas después del asesinato, lo único que hay sobre la mesa es un retrato hablado. Las cabezas de las pesquisas aseguran que se trata de trabajos que no solo se concentran en Colombia, porque todo indica que fue un trabajo entre mafias de varios países. Mientras tanto, las preguntas se siguen acumulando y las respuestas siguen esquivas sobre los alcances del aparato criminal que rodeó el trágico asesinato de Marcelo Pecci, días después de casarse y a horas de anunciar que esperaba su primer hijo.
Por David Escobar Moreno
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