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Con el recuerdo de su hermana, Julieth Jaime Ovalle habla en un tono que mezcla resignación, nostalgia, duelo e indignación. Hoy se cumplen cinco años de haberla perdido de la manera más atroz -e inaudita-: por la detonación de un artefacto explosivo en el baño de mujeres del segundo piso, del centro comercial Andino, en vísperas del Día del Padre. Su hermana Lady Paola, de 31 años, recién se había graduado como administradora de empresas de la Universidad Agustiniana y llevaba varios años de relación con John Parra Castellanos, a quien estaba esperando ese día, en el lugar del atentado, mientras este sustentaba su tesis de grado.
“Nunca hubo acompañamiento del Estado, así nos hubieran incluido en el registro de víctimas del conflicto. Sentimos que como ella no era alguien importante no nos tienen en cuenta”, dice Julieth con desazón. Lady Paola fue una de las tres mujeres que murieron tras el atentado, en la tarde de aquel horrible sábado 17 de junio de 2017. El destino trágico la puso en el mismo baño junto a la administradora Ana María Gutiérrez, de 41 años, y la francesa Julie Huynh, de 23, quien hacía un voluntariado en labores educativas con niños en situación vulnerable, en un colegio del sur de Bogotá.
El anhelo de reparación
Pilar Hormiga fue una de las 10 personas heridas tras la explosión. Aunque sus heridas físicas no le dejaron secuelas, las psicológicas siguen intactas. Tanto así que, desde entonces, no entra a un baño de un centro comercial. Cuenta que, con el paso de los años, han construido una red de apoyo entre las víctimas y las familias de las fallecidas, que nació luego de una cita con la Fiscalía y de una reunión en honor a Julie Huynh, que se dio un año después por invitación de la Embajada de Francia. “Eso fue superbonito. Recuerdo que todos decíamos: ¿Por qué no lo hizo el Gobierno colombiano?”.
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Y es que para las personas que resultaron heridas en el atentado, así como para las familias de las víctimas mortales, esa ha sido una de las pocas veces en las que han sentido un atisbo de reparación, como lo sintieron con el fallo de tutela del Juzgado 27 Penal del Circuito de Bogotá, que en diciembre de 2019 ordenó a la Unidad de Víctimas reconocer a los heridos y a las familiares de quienes perecieron como víctimas del conflicto armado.
Sin embargo, ese fallo, señalan, fue más una victoria moral, que lo que recibieron de la entidad. “Ha sido una absoluta negligencia. No han recibido ayuda o reparación integral”, asevera el abogado Francisco Bernate, quien representa a las víctimas, (las familias de Lady Paola Jaime, Ana María Gutiérrez y Julie Huynh, así como de 8 de las personas heridas) en el proceso penal que se adelanta en el Juzgado Segundo Especializado de Bogotá contra 10 personas (capturadas siete días después del ataque), procesadas como los presuntos autores del atentado.
Bernate, en su apreciación sobre el avance del caso, en los tribunales no escatima en elogios hacia la Fiscalía y el fiscal del caso, Miguel Olaya, por la recolección de pruebas en estos cinco años. “Creo que la Fiscalía ha destinado uno de los mejores, que ha trabajado extensamente en la investigación, la cual requiere mucha preparación y ha sido magnífica”, explica.
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No obstante, los hechos muestran otra cosa. A la fecha, Violeta Arango es la única sospechosa que está en prisión, tras su captura en el sur de Bolívar, el pasado 4 de junio. De resto, los capturados en 2017 han quedado libres por vencimiento de términos. Primero, en agosto de 2018, por falta de avances en el caso Andino. Aunque fueron recapturados a raíz de otro proceso por rebelión, en el que se les señala de pertenecer a la guerrilla del Eln, también se vencieron los términos y, en julio de 2020, recuperaron de nuevo su libertad. A la fecha no ha iniciado el juicio en su contra, por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio agravado y tentativa de homicidio.
Anhelo de justicia…
Todo esto dejó en el ambiente judicial un tufillo de inoperancia, yerros y demoras del ente acusador en su cruzada por buscar justicia para las víctimas del centro comercial Andino. Porque si bien, como explica Bernate, es un proceso con una altísima complejidad, debido al número de pruebas y personas vinculadas -lo que dificultaba que comparecieran a las audiencias antes de la virtualidad-, en el que era factible el vencimiento de términos, a la fecha van cinco años y, salvo la captura de Violeta, no se han conocido más avances en el caso.
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De ahí que en el aire quede una pregunta alrededor de los anuncios que hicieron las autoridades en 2017, sobre la contundencia de las pruebas en contra de los capturados: ¿tendrán la suficiente fuerza como para vencerlos en un juicio que, según el propio Bernate, no empezará antes de 18 meses? “No ha sido desidia ni descuido. Hemos visto el trabajo de la Fiscalía. Creemos y confiamos en ella y en la justicia”, resalta el abogado, luego de recordar que hay un testigo clave. Se refiere al principio de oportunidad que presentó el ente acusador en noviembre de 2019, para que una de las sospechosas, Natalia Trujillo, declarara y entregara detalles de hechos terroristas perpetrados en Bogotá, entre septiembre de 2015 y junio de 2017.
Demanda contra la nación
El Espectador conoció una demanda que radicó la familia Jaime Ovalle contra la nación, el Ministerio de Defensa, la Policía, el Distrito y el centro comercial Andino, en búsqueda de que se les declare responsables y de una reparación directa “por los perjuicios causados (…) con ocasión de la muerte de Lady Paola Jaime Ovalle el 17 de junio de 2017”, según reza en el proceso a cargo del Juzgado 34 Administrativo de Bogotá. Aunque fue inadmitida en 2019, porque faltaban documentos, el despacho finalmente aceptó el proceso en febrero de 2020. Según la página de la Rama Judicial, desde el 10 de mayo el caso se encuentra en estudio, para proferir sentencia.
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Por ahora, mientras sigue la espera de todas las familias frente a los procesos judiciales, en especial el que existe en contra de los vinculados (quienes insisten en su inocencia y en que todo se trata de un falso positivo judicial), lo concreto es que, tras cinco años del atentado, las heridas de las víctimas y familiares siguen abiertas y esperando a ser curadas con verdad, justicia y reparación. Como también lo están las heridas en una ciudad que vio cómo el terrorismo, atribuido a una célula urbana de la guerrilla del Eln, se metió en el corazón de Bogotá, llenándolo de miedo, dolor y muerte, que se revive cada vez que en la ciudad se vuelve a escuchar el estruendo de una explosión.
Como están las cosas con el proceso judicial, a las víctimas solo les queda esperar. Eso sí, como lo dice Pilar Molano, quien perdió una pierna en la explosión, sin “guardar rencor en el corazón, porque es lo único que ayuda a soportar la situación”. Pero en este caso que marcó a la ciudad, ¿la justicia, cuándo llegará?
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