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El corazón de la reforma pensional sigue latiendo. En tres días de discusión, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó los 95 artículos de la iniciativa. Si bien el Gobierno se anotó una victoria en el Congreso, tuvo que ceder para mantener el proyecto con vida. El presidente Gustavo Petro le propuso a la Cámara un umbral de cotización en Colpensiones de cuatro salarios mínimos, como fue su idea desde la campaña, pero finalmente se mantuvo el de 2,3, que en su momento se negoció con los partidos Liberal y de La U para que el proyecto se aprobara en Senado.
Durante el debate, Martha Alfonso, coordinadora ponente, reconoció que ante la falta de conciliación, fue necesario mantener el umbral, también considerando el factor tiempo. Aunque al proyecto, que busca crear un sistema de pilares, le queda un solo debate (plenaria de la Cámara) y la conciliación, para que se convierta en ley, ambas cosas deben ocurrir antes de que termine la segunda legislatura. Es decir, quedan 28 días, sin contar las extras del Congreso.
El umbral aprobado se traduce en que todos los afiliados cotizarán en Colpensiones, pero quienes ganen más de $2.990.000 (2,3 salarios mínimos) cotizarán el excedente de ese monto en alguna de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, de los $52 billones que mueve al año el sistema pensional, 34 % entraría a los fondos privados y 66 % a Colpensiones.
La Comisión Séptima también dejó intacto otro de los puntos más álgidos del debate: la vigencia. Pese a las dudas que persisten sobre la capacidad de Colpensiones para asumir la llegada masiva de afiliados, los representantes decidieron que la reforma debe ponerse en marcha el 1 de julio de 2025. El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, se mantiene en que la entidad estará lista porque lleva tiempo preparándose. “No somos incapaces”, dijo en el Congreso este jueves.
En esos dos puntos clave no hubo alteración, pero el articulado sí sufrió modificaciones en su tercer debate.
Uno de los cambios más significativos es la nueva fórmula para calcular las pensiones de invalidez: básicamente (y para no hacerlo muy técnico), aunque por limitaciones fiscales no fue posible aumentar el porcentaje del ingreso base de cotización que se tiene en cuenta para las mesadas, sí se aumentó el porcentaje que se usa para reconocer las semanas que están por encima de determinado límite.
Otra de las novedades está en las comisiones que se les pagarían a los fondos privados con la reforma. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, dijo que el Senado aprobó doble comisión a los privados, una por los saldos administrados y otra por los rendimientos. En el tercer debate se decidió dejar solamente la comisión sobre los saldos administrados y bajarla (pasó de 0,7 % a 0,6 %), además, quedó establecido que más adelante habrá una reglamentación. “El Gobierno no aceptará poner un número y olvidarse del resto”, dijo el jefe de la cartera.
También se aclararon las funciones que tendrá el Banco de la República en la administración del fondo de ahorro; se incluyó en el comité directivo que tendrá dicho fondo la participación de un representante de los pensionados, que tendrá voz, pero no voto, y se cambió un “podrá” por un “reglamentará” para despejar la duda sobre el futuro de los fondos generacionales y que quede claro que sí se deben implementar.
Dentro de los cambios que destacó Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, está la aclaración de que la reforma pensional no afecta a los regímenes especiales y exceptuados y el beneficio para mujeres con hijos en condición de discapacidad, que con la iniciativa se podrán pensionar a cualquier edad si cumplen el requisito de 1.000 semanas.
El Gobierno promete que el pilar solidario permitirá sacar de la pobreza extrema a tres millones de personas mayores, que se acabarán los subsidios a las altas pensiones (o por lo menos se limitarán) y que habrá un enfoque de género, como lo pidió la Corte Constitucional.
Por ahora, la sostenibilidad del sistema a futuro sigue siendo la mayor preocupación. Los representantes de la Comisión Séptima exigieron, todavía sin respuesta, el aval fiscal. Al respecto, la coordinadora ponente defendió que este llegará, pero que la cartera de Hacienda “ha dicho que se necesita que el articulado sea mucho más maduro”.
Aunque se espera que el transitar de la pensional por la plenaria de la Cámara sea más tranquilo que en Senado, el tic tac del reloj suena particularmente duro en esta recta final.
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